“No hay plazo que no se cumpla”, dice el refrán. Aunque el repetido pregón de esta reforma parece más bien evocar, a estas alturas, la historia Pedrito, que de tanto anunciar al depredador, dejó a los incrédulos indefensos y en descampado.

La obsolescencia de nuestra Ley de Protección de la Vida Privada (1999), es evidente: Chile requiere de una agencia autónoma, que garantice la protección de los datos personales y pueda homologarse con sus pares en el extranjero, dando garantías para la transferencia internacional de datos. Un estándar mínimo para atraer inversión en Data Centers y sistemas de Inteligencia Artificial.

Y el plazo llegó. Pero el gobierno no estuvo listo para cumplirlo: tras sucesivos reveses en el Senado para conformar la flamante nueva Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), a última hora ingresó un nuevo proyecto de ley -sí, la reforma de la reforma-, para posponer por un año más su entrada en vigor.

Recién esta semana se inició el primer trámite en el Senado. ¿Logrará el gobierno los consensos necesarios? ¿Contará con la muñeca para tramitar, en apenas un mes, una reforma que salve la situación? El panorama no se ve particularmente auspicioso.

Por un lado, porque aparte de ganar un año más la reforma implica otros temas de fondo, como la coordinación con otros reguladores, el aumento de consejeros de la APDP -de tres a cinco-, y hasta revisar sus remuneraciones (para así poder atraer especialistas más calificados, tras los fallidos intentos previos). Por el otro, porque esta tramitación exprés se dará en medio el frenesí de la Ley de Presupuestos, donde las mayorías oscilantes de nuestro congreso no auguran precisamente un camino fácil. Bueno ¿y si el gobierno no lo logra? ¿qué es lo que está realmente en juego?

La nueva ley regiría desde el 1ero de diciembre de este año. Ya es ley de la República, promulgada y publicada, por lo que poco importa que la Agencia no se haya constituido (al menos para estos efectos): los nuevos estándares serán el marco aplicable a los recursos de protección -desde 2018 que la constitución incluye los datos personales entre sus garantías-; lo mismo para las tutelas laborales, por vulneración de datos del trabajador. El SERNAC conservará sus facultades para ejercer acciones colectivas, por ejemplo, en casos de filtraciones masivas de datos (que, paradójicamente, no habría a quién reportar para poder cumplir con la ley).

El desafío que enfrenta el gobierno para la implementación de la ADPD se presenta gigantesco, qué duda cabe: con atribuciones de fiscalización e interpretación normativa, tendrá una influencia comparable a la del SII, la CMF u otros reguladores relevantes. Además de garantizar la independencia y solvencia técnica de sus integrantes, lo que hasta ahora ha resultado una pesadilla.

Para las empresas, el desafío es un radical cambio cultural. Algunas estarán más y otras menos preparadas para enfrentar la llegada del temido lobo de dientes afilados. Pero más allá de políticas y planes de cumplimiento, lo esencial es que logren entender que el paradigma cambió: ya no se trata de soportar una multa por hacer llamados invasivos o llenarnos de spam. Claro, que las nuevas multas lleguen a mil millones, o hasta el 4% de los ingresos anuales incluso, por supuesto que resulta disuasivo. Lo fundamental, es que hoy los chilenos valoran más que nunca su privacidad, y están dispuestos a tomar decisiones de consumo dependiendo de cómo se tratan sus datos. Y es ese valor que tienen la oportunidad de captar: la privacidad ya no es solo un derecho de los consumidores, sino un nuevo activo empresarial, un factor diferenciador entre competidores. “Nos preocupa tu privacidad”. Hasta ahora, bastaba con decirlo. Más temprano que tarde, habrá que demostrarlo.