La que fuera una alianza estratégica entre la familia Puchi y los gestores del fondo Equitas llegó a su fin, enfrentándolos en una guerra judicial cruzada por el control de decisiones societarias y flujos millonarios.

El pasado 21 de septiembre, Inversiones Patagonia Dos Limitada -propiedad de la familia Puchi- interpuso una querella criminal por el presunto delito de “distracción indebida” ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en contra de los controladores y directores de Recycling Innovation and Technologies SpA (Reinvent), Michael Shea Carey y Vicente Pérez Fuentes, socios de Equitas Capital.

Se trata de un capítulo más de la reciente ruptura total entre los herederos del fallecido empresario salmonero Víctor Hugo Puchi (la familia Puchi, ligada a sociedades como Inversiones VHP y Río Baker) y los gestores de Equitas. Ambas facciones durante años compartieron negocios e intereses en diversos sectores industriales y mineros.

Patagonia es asesorada por los abogados Jorge Bofill Genzsch, César Ramos y Sebastián Bofill García.

El conflicto se originó en noviembre de 2025, cuando se negoció la venta del 51% de Hidronor que poseía Reinvent, sociedad en la que la familia Puchi poseía el 38,95% de las acciones, mientras que el “Bloque Equitas” reunía el 61,05% de la propiedad.

El mismo escrito consignó que Patagonia condicionó su aprobación a un acuerdo unánime que cubriera las provisiones, deudas y gastos propios de la operación, el remanente del precio debía distribuirse íntegramente entre los accionistas.

Sin embargo, una vez ejecutada la venta a la francesa Séché Chile, los querellados comunicaron que Reinvent pagaría a Celta SpA (sociedad de su propiedad) la suma de $1.710.445.015 más IVA bajo el concepto de un “Fee Transaccional” equivalente al 2,25% de la operación.

Según la querella, cuando los directores y representantes designados por Patagonia, como Rodrigo Puchi e Ignacio Errazquin, exigieron los respaldos contractuales, se reconoció inicialmente la inexistencia de un contrato que justificara el cobro.

“Desde que el Bloque Equitas anunció el supuesto Fee Transaccional, los representantes de Patagonia solicitaron reiteradamente los antecedentes que justificarían su procedencia y manifestaron su oposición al pago. Pese a ello, los representantes de Equitas hicieron valer de facto su posición mayoritaria en Reinvent, desatendieron esos requerimientos y siguieron adelante con el pago”, concluyó,

Contrataque

Equitas Capital III - Desarrollo y Crecimiento Fondo de Inversión Privado y Michael Shea Carey interpusieron una querella criminal por el presunto delito de falsificación de instrumento público.

La acción legal se dirige en contra de un grupo de querellados que incluye al notario público de Santiago Iván Torrealba, a los abogados Gonzalo Valdés y José Ignacio Errázuriz, y a las sociedades Inversiones VHP Ltda. y Río Baker SpA. (representadas por Rodrigo y Cecilia Puchi) en el marco de la reorganización judicial de la minera Sierra Atacama.

Según los querellantes, se habrían alterado y certificado falsamente actas e instrumentos públicos, con la participación de un notario y abogados, para aprobar acuerdos de aumento de capital y créditos con Minera Salar Blanco (MSB). El objetivo de esta maniobra habría sido acelerar la reestructuración corporativa, saltándose los controles legales y diluyendo de forma inconsulta la participación accionaria de los fondos de inversión querellantes.

Según la querella, el 7 de octubre de 2024 se realizó una junta extraordinaria de accionistas de Sierra Atacama SpA. para aprobar un aumento de capital por US$5,5 millones. En la instancia se acordó por unanimidad que los acuerdos solo podrían llevarse adelante una vez que el acta estuviera completamente firmada por los representantes de Inversiones VHP, Río Baker y Cerro Capurata, además del presidente y el secretario.

“El mismo día, y no obstante que el Sr. Shea no había estampado su firma, el acta de la junta fue reducida a escritura pública, a solicitud del abogado Sr. Gonzalo Valdés Correa en la notaría del querellado Iván Torrealba Acevedo, con repertorio 14.798-2024 del mismo 7 de octubre de 2024, certificando dicho notario que el acta que tuvo a la vista contenía la firma del Sr. Shea”, consignó la acción patrocinada por el penalista Alejandro Espinoza.

“Valdés es abogado asociado del estudio de abogados CMS Carey & Allende, que asesora legalmente a la familia Puchi, donde es socio el querellado Ignacio Errazquin, quien es apoderado de las sociedades de la familia Puchi, Inversiones VHP Limitada y Río Baker SpA”, añadió.

Según la querella, los hechos descritos podrían constituir un delito económico porque la falsificación de la escritura pública, que contiene el acta de la junta de Sierra Atacama SpA, fue ejecutada en beneficio directo de la propia sociedad minera.

El abogado Alejandro Espinoza dijo a Pulso que “la querella presentada por el abogado Jorge Bofill, quien ha sido abogado de Equitas y respecto del cual existen mandatos de Equitas vigentes, es una querella instrumental y sin fundamento, respecto de materias que las partes acordaron y están sometidas a arbitraje. Dicha acción legal se materializa cuando toman conocimiento de que nuestra parte ejercerá acciones penales por falsificación de escritura pública contra el abogado de Puchi, Ignacio Errazquin, el notario Torrealba e inversiones Bhp y Río Baker, representadas por Rodrigo Puchi y Cecilia Puchi”.