El exdirector de Sartor Administradora General de Fondos (AGF), Carlos Larraín Mery interpuso un recurso de amparo ante para revocar su medida cautelar de prisión preventiva. El proceso llega a la Corte Suprema debido al rechazo de la declaración de inadmisibilidad dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El pasado 17 de septiembre el máximo tribunal acogió la apelación de la defensa y revocó la resolución del tribunal de alzada de San Miguel, declarando admisible el amparo a favor de Larraín Mery al estimar que los antecedentes pueden configurar una infracción constitucional. En su resolución, ordenó devolver los antecedentes a una sala no inhabilitada de la Corte de San Miguel para que esta tramite el recurso y se pronuncie formalmente sobre el fondo del asunto.

La arremetida judicial de Larraín es mirada con atención por querellantes del denominado caso Sartor. Ejemplo de ello es que Credicorp Capital, Ameris Capital AGF y un grupo de 43 víctimas solicitaron hacerse parte del proceso y que el tribunal conceda alegatos para la vista de la causa.

Larraín permanece recluido en el recinto penitenciario Capitán Yáber, tras haber sido trasladado desde el Anexo Penitenciario Santiago 1 el pasado jueves 3 de septiembre. Su ingreso a prisión se produjo luego de ser formalizado, junto a otros diez imputados, por los presuntos delitos de administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.

Se trata del segundo de los imputados del caso que acude al máximo tribunal del país para intentar disminuir la medida cautelar dictada por la magistrada Paulina Moya del 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Esto luego que el exdirector de Sartor AGF y expresidente de Azul Azul, Michael Clark, apelara al revés sufrido en la Corte de Apelaciones.

En su presentación, la abogada de Larraín, Catherine Lathrop denunció una serie de ilegalidades en las resoluciones previas que mantuvieron su prisión preventiva.

La defensa sostuvo que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no formuló cargos en contra de su cliente. En su escrito detalló que el regulador investigó la gestión de Sartor AGF S.A. y el 13 de noviembre de 2025, sancionó a ocho personas por diversas infracciones vinculadas a conflictos de interés, operaciones perjudiciales para los aportantes, inversiones en entidades relacionadas y entrega de información falsa.

“Carlos Emilio Larraín Mery no fue objeto de cargos ni sanción por parte de la CMF, pese a que el sustrato fáctico examinado por dicho órgano coincide sustancialmente con aquel que sustenta la imputación penal”, consignó la presentación.

El escrito también denunció que tras catorce días de audiencia, la magistrada dio lectura durante más de seis horas a la resolución que impuso la prisión preventiva, pero dicho texto no fue transcrito por completo.

El acta notificada el 19 de agosto de 2026 solo se limitó a consignar: “Se da lectura a la resolución de las medidas cautelares, 120 días plazo de investigación”.

La defensa señaló que esta omisión es grave porque impedía conocer, examinar y reproducir fielmente los fundamentos de hecho y de derecho que justificaron la privación de libertad, obstaculizando el ejercicio efectivo de la defensa y el derecho al recurso.

Además, acusó que esta ausencia de transcripción propició errores al resolver la apelación en instancias superiores (como tener por acreditada la participación en un delito de entrega de información falsa al mercado que no correspondía).