Una aparente frase confusa expresó el Presidente José Antonio Kast en medio de su participación en la Asamblea de la ONU, al comentar el rechazo a la reforma constitucional que amplía el plazo de detención de inmigrantes para su respectiva expulsión administrativa del país.

“Nosotros vamos a ocupar todas las herramientas que tenemos, sea con una insistencia, buscando otros proyectos de ley para sacar adelante el proyecto e invito a todos a sumarnos”, dijo.

Aunque el Mandatario adelantaba la idea de insistir ante el Senado, apelando al artículo 68 de la Constitución, que permite revivir iniciativas rechazadas en su idea de legislar, también aludía a “otros proyectos”. Incluso, en la misma intervención, reiteraba la idea de “una insistencia eventualmente en el Senado o con este proyecto de ley”.

Si bien La Moneda ya está embarcada en la decisión de insistir ante el Senado —donde la tesis inicial sostenida en el Congreso y el gobierno es que se requerirían dos tercios de los senadores presentes para reponer la reforma rechazada—, lo cierto es que los equipos del oficialismo están trabajando diversos caminos jurídicos para salir del embrollo. En sus dichos expresados desde EE.UU., Kast deslizaba esas alternativas. No se trataba solo de una confusión de palabras.

Una de esas vías jurídicas, cuya viabilidad aún es incierta, pues podría ser objetada constitucionalmente por la oposición, comenzó a ser trabajada por los diputados del Partido Republicano, quienes ya cuentan con la autorización del presidente de la colectividad, el senador Arturo Squella, y la propuesta ya llegó a oídos del Ejecutivo.

Se trata de reflotar una reforma constitucional ingresada en 2023 por el exdiputado Gaspar Rivas, que no reproduce exactamente lo que proponía el fallido proyecto del gobierno, pero sí entrega una solución a las autoridades migratorias para ampliar el plazo de detención cuando hay que ejecutar una expulsión del país.

Actualmente, el plazo para detenciones de este tipo es de cinco días, según la Carta Fundamental. La propuesta de Rivas sostiene que ese lapso “no se considerará para efectos de expulsiones administrativas, correspondiéndole a la ley fijar el plazo de privación de libertad”.

Aunque la reforma del Presidente Kast, defendida por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, proponía un plazo máximo de 30 días, renovable con autorización judicial, esta otra iniciativa —que igualmente puede ser corregida en el trámite legislativo— también permite abordar el problema planteado por el gobierno: que hay un porcentaje de expulsiones que no se alcanza a concretar dentro de los cinco días, por lo que el inmigrante queda en libertad, con el riesgo de que se pierda su rastro. Ello sucedía especialmente con ciudadanos venezolanos, dado que con ese país no existe una adecuada comunicación desde el punto de vista policial, judicial y migratorio.

“Es importante que este debate no se acabe y que el gobierno y el Congreso seamos capaces de darle una solución a la gran mayoría de los chilenos que espera que le pongamos atajo a la inmigración ilegal. Por eso hemos levantado en la Cámara este proyecto antiguo, del 2023, que seguía una línea similar, y que no había tenido movimiento hasta ahora. Esto nos permite continuar con una discusión que es indispensable para el país”, dijo el diputado Luis Sánchez, que está trabajando en la estrategia republicana.

Antes de iniciar su regreso desde EE.UU., el Presidente volvió a lamentar el rechazo y en su llamado a la oposición. “Me sorprendió que no se pudiera aprobar el cambio en materias de migración, los 5 días que hoy tiene el Estado para detener y expulsar a un migrante irregular es muy poco. Llamar a la reflexión a los parlamentarios que se abstuvieron, que votaron en contra, para que podamos revertir la votación. Les hago una invitación pensando en Chile para que esa votación se pueda revertir”, dijo.

Herramienta excepcional

Actualmente, la reforma de Rivas está en la Comisión de Gobierno de la Cámara, donde el oficialismo tiene mayoría y la instancia es presidida por la diputada Joanna Pérez (independiente, ex Demócratas).

Otro elemento que ayuda al oficialismo es que en esta comisión participa por el PDG, el diputado Javier Olivares, quien suele votar junto al gobierno; a diferencia de la Comisión de Constitución, donde la diputada Pamela Jiles participa y ejerce influencia. De hecho, ella fue una de las articuladoras del rechazo a la reforma de Kast.

Dado que la insistencia es una herramienta excepcional que la Constitución concede al Presidente de la República, muy pocas veces ha sido utilizada.

Sin embargo, más excepcional aún es que un Presidente insista con una reforma constitucional. Incluso, hay dos precedentes, en 2006 y 2008, en que los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet insistieron ante el Senado por reformas constitucionales distintas que apuntaban al mismo tema: eliminar de la Carta Fundamental el amarre del antiguo sistema electoral binominal.

Lo curioso es que en ambos casos hubo criterios distintos del Senado para abordar estas insistencias. Incluso, en 2006 se generó una disputa política que terminó en el Tribunal Constitucional, que resolvió que las insistencias de reformas constitucionales deben tener un tratamiento con un quórum distinto, respetando las exigencias para modificar la Carta Fundamental.

El problema es que en 2019 el quórum para cambiar la Constitución bajó a cuatro séptimos, lo que también genera un escenario distinto.