La Cámara de Diputados rechazó este martes la reforma constitucional que busca extender el plazo en que una persona puede estar detenida durante el proceso de una expulsión administrativa.

La iniciativa por parte de los Ministerios de Interior, Justicia y Seguridad Pública buscaba extender el plazo para mantener la detención por un período de hasta 30 días, la que puede prorrogarse por hasta tres veces consecutivas.

Durante la votación, el ministro de Justicia Fernando Rabat llamó a aprobar la iniciativa aludiendo a “los aumentos sostenidos y cambios drásticos de fluctuación que ha experimentado el fenómeno migratorio durante los últimos años en Chile”.

“El plazo de cinco días resulta insuficiente para completar todas las actuaciones que se exige en un procedimiento de expulsión. Dentro de estas actuaciones está la identificación y localización de los individuos. La práctica de la debida notificación, la obtención o verificación de sus documentos de viaje, la coordinación consular con el país de destino, los traslados internos hacia el punto de salida, entre otros. Por ello es que surge la necesidad de flexibilizar los plazos durante los cuales los extranjeros con orden de expulsión puedan mantenerse detenidos a fin de asegurar la efectividad de la medida”, argumentó el secretario de Estado.

Finalmente la iniciativa fue rechazada por 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones. Al ser una norma que requiere quorum constitucional necesitaba 89 apoyos para su aprobación, equivalentes a 4/7 de la Cámara.

Con ello, el proyecto no continúa su tramitación.

Debate parlamentario

Desde la oposición diputados mostraron su rechazo a la extensión del período habilitado en el proyecto.

“Debemos preguntarnos dónde está realmente el problema, prolongar una detención no consigue un documento de viaje, no mejora la coordinación consular ni genera transporte”, criticó Marcos Barraza (PC).

Para Carolina Cucumides (PS) “esta medida plantea serios cuestionamientos jurídicos, prácticos y humanitarios que no podemos pasar por alto”.

“Mientras el resto del sistema jurídico de chilenos somete toda detención a control judicial dentro de los plazos breves, entre 24 y 48 horas, aquí este control se posterga hasta 30 días, configurando un régimen de excepción para la libertad personal de los extranjeros”, señaló.

En tanto, Carlos Carvajal (Ind. PPD) señaló: “No puedo respaldar que personas sean privadas de libertad hasta 90 días, únicamente por haber ingresado regularmente al país sin haber sido condenadas por la comisión de un delito. Por eso debemos distinguir entre quienes representan una real amenaza para la seguridad y quienes enfrentan una infracción de carácter migratorio”.

Mientras tanto, el oficialismo, el Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertario valoraron el proyecto en el sentido que entrega a las policías y al Estado el plazo necesario para los procesos de expulsión.

“Sin esta reforma la situación va a seguir siendo la misma, un Estado incapaz de cumplir con las resoluciones que él mismo dicta. Porque Chile se entra por la puerta y no por la ventana, votaremos a favor de este proyecto”, señaló el diputado Eduardo Cretton (UDI).

Por su parte, desde Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán enfatizó su voto a favor ya que “actualmente la autoridad dispone de sólo cinco días para concretar esta expulsión. Muchas veces ese tiempo no alcanza para comprobar la identidad, conseguir los documentos, coordinar el viaje y realizar el traslado .¿Qué ocurre entonces? La orden no se cumple y todo el trabajo realizado queda solamente en un papel y nada se concreta".

“Hoy no estamos discutiendo solamente un plazo, estamos decidiendo si las órdenes de expulsión dictadas por el Estado se cumplen o terminan convertidas en simples papeles”, remarcó la diputada Eileen Urqueta.

Mientras tanto, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, entregó su voto favorable, pero con la siguiente reserva: “Esta herramienta tiene que servir para expulsar, no para mantener personas detenidas porque el Estado no sabe qué hacer con ellas”.

¿Cual era la modificación?

La reforma constitucional buscaba modificar el literal c) del numeral 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En particular, sustituía el párrafo final del referido literal c) por la siguiente redacción:

“El plazo de cuarenta y ocho horas no será aplicable tratándose de la materialización de expulsiones administrativas. Corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el cual no podrá ser inferior a cinco ni superior a treinta días corridos. El plazo podrá renovarse hasta por tres veces consecutivas, por un período igual o inferior al anteriormente decretado, cuando sea estrictamente necesario para asegurar la ejecución de una medida de expulsión. La renovación deberá ser autorizada judicialmente, en los casos y en la forma que determine la ley, previa solicitud fundada de la autoridad administrativa”.

La ley además establecía un artículo transitorio que establece un plazo de seis meses al Presidente de la República para que se realice un proyecto de ley que adecúe la ley N° 21.325 de Migración y Extranjería y la ley N° 19.696, que establece el Código Procesal Penal.