Con el desempleo acumulando 43 meses sobre 8%, alcanzando 9,5% en la última medición, y con una destrucción interanual de puestos de trabajo por primera vez en 15 años (exceptuando la pandemia); no podemos sino concluir que el empleo está en una severa crisis. Sin embargo, el Gobierno eligió el mercado de capitales como su próxima gran reforma. La MK4 es, en general, un buen proyecto con objetivos importantes, como facilitar el acceso a la vivienda, profundizar el financiamiento de largo plazo y ampliar sus fuentes. Pero que sea una buena reforma no la transforma necesariamente en prioritaria. Hoy la urgencia está en el mercado laboral.

El Banco Central señala que el empleo está por debajo de lo que sugiere su relación histórica con la actividad. En otras palabras, cada punto de crecimiento está creando menos puestos de trabajo que antes. Estamos ante una crisis con un componente persistente o estructural, pues la Nairu (tasa de desempleo compatible con una inflación estable) habría subido entre 1 y 2 puntos en una década, y uno cíclico, ya que el desempleo efectivo está entre 0,5 y 1 punto sobre ese rango. Entre los factores estructurales, el Banco identifica mayores costos laborales y una elevada exposición a la automatización, que golpea más a los jóvenes.

Un problema con dos componentes exige una respuesta a dos velocidades.

La primera velocidad es para el corto plazo. El plan de emergencia va en la dirección correcta con los subsidios y la aceleración de la inversión pública, especialmente en vivienda. Sin embargo, el subsidio a la contratación contempla solo 25 mil cupos, una escala claramente insuficiente frente a la magnitud del problema, ya que incluso si todos ellos se tradujeran en nuevos empleos, su efecto sobre la tasa de desocupación sería de apenas unas dos décimas. Respecto de la inversión pública, será clave la ley de presupuesto próxima a ingresar y, posteriormente a ser aprobada, su eficiente ejecución.

Con todo, el Estado no puede ser el motor de la recuperación del empleo. Es indispensable que se implementen reformas profundas que resuelvan las razones por las que el sector privado está contratando poco. Esa es la tarea de la segunda velocidad cuyo objetivo es reducir el costo y la incertidumbre de contratar formalmente. El gobierno ha dado pasos acertados con el proyecto que flexibiliza el cómputo de la jornada de 40 horas, la reactivación del proyecto de contrato por horas, sala cuna y el anuncio de cambios a la indemnización por años de servicio.

Sin embargo, falta una pieza de la que casi no se habla: la judicialización del despido. Las causas por despido injustificado aumentaron 262% entre 2021 y 2025. Cerca del 57% termina por conciliación o avenimiento y, cuando el juicio llega a sentencia, siete de cada diez demandas son acogidas. Cuando se invoca la causal de necesidades de la empresa, el 83,4% de los juicios termina con una decisión favorable al trabajador. Así, el costo de terminar un contrato se vuelve muy alto e impredecible, por lo que un empleador probablemente pensará dos veces antes de iniciar una nueva relación laboral. Es urgente revisar las causales de despido y los recargos.

Nada de esto implica abandonar la MK4. Un mercado de capitales más profundo ayudará a crecer. Pero si el crecimiento se traduce en menos empleos que antes, el sueño de la casa propia seguirá lejos para quien no tiene trabajo. El llamado es a ordenar la fila, ya que sabemos que el capital político y el tiempo legislativo son escasos. Se requiere una gran reforma, un paquete laboral de corto y largo plazo, que cuente con el esfuerzo y el foco de todas las autoridades. La reforma prioritaria era, y seguirá siendo, la del empleo.

*La autora de la columna es directora de evidencia en Pivotes