Los acercamientos del subsecretario Guerrero con los alcaldes tras tensiones por reglamento de Ley de Seguridad
El subsecretario de Prevención del Delito tiene diversas reuniones programadas con los jefes comunales, luego del cruce que provocó una causal de destitución a alcaldes vía decreto.

Hasta la oficina de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) llegará este jueves el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, para reunirse con el directorio de la entidad presidida por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios. Una cita que no es la única en su tipo, pues la autoridad de seguridad ya se juntó el lunes de esta semana con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) liderada por Gustavo Alessandri.
Para muchos no son casualidad los acercamientos, pues si bien se dan en un contexto en que se ha acordado mayor trabajo en conjunto entre los municipios y las autoridades de Seguridad, lo cierto es que ocurre luego del traspié que tuvo Guerrero al impulsar un reglamento de la Ley de Seguridad Municipal que daba pie a que se destituyera a los alcaldes si no se cumplían ciertos requisitos, como dio a conocer La Tercera.
Los alcaldes salieron en masa a criticar al gobierno acusando que la medida era inconstitucional pues se fijaba la causal vía administrativa, lo que llevó a La Moneda a retirar el reglamento, a la espera de que vuelva a ingresar.

Justamente ese es el tema que los alcaldes tocarán con la autoridad. Los jefes comunales quieren reforzar la idea de que no puede estar incluida la causal de destitución de alcaldes por la vía administrativa.
Palacios dice que “los alcaldes hemos exigido esta ley durante años. En el gobierno anterior, quienes integramos la AMUCH fuimos excluidos de la discusión y nunca se nos convocó a una mesa de trabajo. Hoy, la presencia del subsecretario en nuestra asociación marca un cambio: demuestra que no se puede legislar de espaldas a los municipios.”
Según pudo conocer este diario, otra de las principales preocupaciones de los alcaldes tiene relación con el financiamiento de los municipios ya que el reglamento -así como estaba establecido- fijaba obligaciones sobre ciertas materias, como el uso de cámaras corporales o determinados colores para uniformes de inspectores de seguridad, lo que en la práctica implica mayor gasto. Sobre eso además se quiere pedir más participación en el diseño y estructura de las capacitaciones obligatorias.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), dice valorar “que el gobierno haya escuchado a los alcaldes, retirado el reglamento y abierto este espacio de trabajo. Ahora tenemos que aprovechar esta oportunidad para corregir bien el texto, porque las observaciones que planteamos van bastante más allá de una frase o de un artículo específico”. Y suma: “Necesitamos un reglamento que entregue certeza jurídica, que defina con absoluta claridad hasta dónde llegan las atribuciones y responsabilidades de los municipios y que pueda aplicarse en comunas con realidades y capacidades muy distintas”.
A las autoridades también les preocupa establecer mejor los protocolos de coordinación e intercambio de información con policías y reforzar la protección de los inspectores municipales mediante capacitaciones, respaldo institucional y elementos defensivos persuasivos. Lo otro que enfatizarán es que el reglamento debe adaptarse a la realidad cada comuna y a sus condiciones en específico.

Según señalan desde el gobierno el trabajo con los alcaldes será el de revisar artículo por artículo el reglamento, por lo que están abiertos a tratar las diversas opciones y petitorios de los jefes comunales.
Cabe mencionar que el lunes ya había comenzado la mesa técnica comprometida por el gobierno con los alcaldes, para comenzar a abordar la implementación de la Ley de Seguridad Municipal. Todo ello en un contexto en que los alcaldes -de izquierda y derecha- se unieron para criticar el reglamento del Ejecutivo, una nueva arista de discordia con el mundo municipal.
Para La Moneda no ha sido fácil la relación con los jefes comunales, la que ha estado tensionada por otras materias como la exención de contribuciones a adultos mayores o el cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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