Hasta ahora hay al menos dos querellas que han planteado duros reproches a las indagaciones de la Fiscalía Regional de Aysén y el OS7 de Carabineros en el denominado caso Operación Imperio Ámsterdam, donde, entre otros, se pesquisa a representantes del Dispensario Nacional y Má Botanics por asociación criminal y tráfico de droga.

Según acciones judiciales ingresadas tras la formalización de más de 40 imputados, el origen de la causa tendría como base una prueba falsa y se ha acusado a efectivos de carabineros como eventuales responsables.

Como informó La Tercera, la defensa de Matías Landerer, uno de los socios principales de Má Botanics, fue quien accionó una de esas arremetidas, dando cuenta que diligencias intrusivas que se han dispuesto por parte del Ministerio Público podrían ser ilícitas, ya que se habrían autorizado exponiendo elementos que catalogaron como irregulares.

Pese a ello, el persecutor a cargo de la investigación, el fiscal regional de Aysén Hernán Libedinsky, es tajante al sostener que cada una de las pericias que se han realizado se han ajustado a la normativa. Según comenta en conversación con La Tercera, los cuestionamientos no son más que fruto de las estrategias de algunas defensas.

“Entendemos que son parte de la estrategia de la defensa para desacreditar la investigación. Como Fiscalía estamos absolutamente tranquilos y confiados en que nos encontramos frente a una investigación que se ha desarrollado en forma seria, acuciosa y objetiva y que toda la prueba recabada durante el curso de las indagatorias se ajusta plenamente a la legalidad y nos permitirá acreditar en un futuro juicio oral los delitos por los que fueron formalizados los imputados”, manifestó el persecutor.

Libedinsky explica cómo obtuvieron los primeros antecedentes que, en 2024, llevaron a iniciar la investigación: “Lo que dio origen a esta investigación fue un oficio reservado remitido por el OS7 de Carabineros de Aysén a la Fiscalía Local de Coyhaique, el 26 de agosto de 2024, luego de que don William Vásquez se acercara voluntariamente a Carabineros y aportara información respecto de hechos que podrían ser constitutivos de delito. En este caso, de un posible tráfico de drogas”.

“El artículo 175 del Código Procesal Penal es muy claro en cuanto a la obligación legal de denunciar que corresponde a los funcionarios públicos y, en particular, a Carabineros respecto de cualquier delito que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Es decir, aun cuando el señor Vásquez no hubiere tenido la intención de hacer una denuncia formal ante Carabineros sino sólo una consulta, por el hecho de poner en conocimiento de la autoridad un antecedente que puede revestir caracteres de delito, esos carabineros estaban obligado por ley a informar al Ministerio Público de la noticia criminis. Y así lo hizo, solicitando además una orden de investigar para realizar diligencias tendientes a establecer fehacientemente la veracidad de los hechos, los que resultaron ser efectivos”, complementa el persecutor.

El punto no es menor, pues Vásquez estampó una querella asegurando que él nunca denunció nada y que sólo pretendía obtener antecedentes para adquirir productos desde Má Botanics.

Pese a ello, el fiscal regional insiste en que los reproches que se están haciendo no tienen asidero. “Esto es parte de la estrategia de defensa. Aquí los abogados defensores nos han acusado de mentir, de ocultar pruebas, de ser poco transparentes, lo que es una maniobra o práctica usual en este tipo de causas. Por mandato legal el Ministerio Público actúa en base al principio de objetividad conforme al cual debemos investigar con igual celo tanto los hechos que perjudican al imputado y aquellos que los favorecen”, dice.

De la misma forma, Libedinsky reconoció que estiman que ciertas amenazas que se han realizado a personas que han colaborado en la causa podrían estar influyendo. “El señor Vásquez hizo en su momento una denuncia en la Fiscalía por amenazas de muerte en su contra y actualmente hay una causa vigente por dicho delito, la que se encuentra asignada al Sistema de Análisis Criminal de la Región de Aysén y, además, fue derivada a la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos para ofrecerle medidas de protección en su calidad de víctima. De hecho, hay registros de audios y textos en redes sociales que dan cuenta de esas amenazas, las que están siendo investigadas”, comenta.

Pero aunque por el momento el persecutor descarta entregar mayores antecedentes al respecto, Vásquez no sería el único amenazado. “Lo que puedo señalar es que hay personas que han colaborado con la investigación y que, ante el temor que manifestaron de ser víctimas de represalias, se adoptaron por la Fiscalía medidas de resguardo o protección a su respecto”, afirma el fiscal regional.

El investigador remarca que los hechos denunciados en medio de las querellas ingresadas serán pesquisados, y que ofició a la Fiscalía Nacional para que la investigación se realice en otra región: “Solicitamos por oficio a la Fiscalía Nacional que se designe a otra Fiscalía Regional para que asuma la investigación de los hechos denunciados por los señores Vásquez y Landerer, por lo que estamos a la espera de lo que se resuelva”.

Nuevas diligencias

Pese a los cuestionamientos que han recibido de parte de las defensas, el fiscal Libedinsky asegura a este medio que, bajo la convicción de que todo se ha ajustado a la norma, han continuado con el despliegue investigativo.

De hecho, confirma que se están realizando pericias respecto de la participación de los médicos que emitieron recetas prescribiendo medicina a base de cannabis. Esto, porque en medio de las diligencias, agentes reveladores pudieron constatar que en cuestión de minutos se podía acceder a dicho documento y así concretar la compra.

Los médicos asoman como sujetos de interés, además, porque en el expediente del caso también hay antecedentes relativos a que el mismo Dispensario Nacional conectaba a pacientes con determinados centros medicinales.

Junto con ello, el persecutor adelantó que pronto habrá novedades importantes, pues el próximo 19 de octubre se realizará la formalización de nuevos imputados a quienes no se les habían comunicado cargos.

“En esta causa sí habrá nuevas formalizaciones, habiendo ya fijado audiencia para el 19 de octubre próximo. Aunque ello no obsta a que puedan solicitarse al tribunal de garantía otras audiencias de formalización en la oportunidad que corresponda”, precisó.

Según pudo conocer La Tercera, en la cita ya programada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se formalizará a sujetos que quedaron rezagados en el proceso anterior, porque no fueron encontrados pero luego se presentaron voluntariamente. De todas formas, serían imputados cuyos roles ya habían sido mencionados en el marco de la causa y enfrentarían los mismo cargos que el grueso de los implicados.

Las cautelares de los imputados

Un comentario obligado entre las defensas de los imputados fue que la causa perdió peso cuando la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de los ocho involucrados que habían quedado en prisión preventiva, ordenando medidas cautelares muchísimo menos intensas. Varios, incluso, deslizaron que el caso derechamente se desinfló.

Pese a ello, el fiscal Libedinsky recalca que no se debe confundir la necesidad de cautela con que los hechos hubieren sido desestimados.

“Lo primero que hay que aclarar es que la prisión preventiva no es una pena anticipada y que es esencialmente transitoria o provisional. Lo fundamental en este caso es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, coincidiendo con lo resuelto por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, tuvo por acreditada en su resolución tanto los antecedentes de la existencia del delito como las presunciones fundadas de la participación como autores respecto de los imputados en delitos de tráfico ilícito de drogas, que considera más de 500 kilos de cannabis y otros productos con altísimos niveles de THC, droga que incluso provenía de centros de cultivos clandestinos, todo lo cual permitió a la organización obtener ganancias millonarias", indica el persecutor.

Por lo mismo, el persecutor subraya que “lo importante aquí es que todos los magistrados que han conocido de estos hechos, han tenido por acreditado en esta etapa procesal tanto los delitos de tráfico de drogas como la participación de los imputados. Para ello, se cuenta hasta ahora con numerosa prueba que da cuenta de lo anterior, como cientos de horas de escuchas telefónicas, uso de agentes encubiertos y reveladores, levantamientos y análisis patrimoniales, entre otros antecedentes”.

“Nosotros sostenemos que estamos ante una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas, lo que evidentemente es de la máxima gravedad. En este caso, la supuesta finalidad medicinal o terapéutica no era el verdadero objetivo de esta organización, sino que el lucro, para lo cual cultivaban, distribuían y comercializaban en forma descontrolada e indiscriminada cannabis y una serie de productos con elevadísimos niveles de THC, que es el componente psicoactivo del cannabis y que provoca graves daños en la salud”, insistie el fiscal.

Al cierre, Libedinsky también hace presente que los imputados incluso se abastecían o proveían de centros de cultivo clandestinos, “lo que evidentemente desborda, excede y contraviene cualquier autorización o regulación legal”.

“Los imputados causaron un enorme daño al sistema regulado y a quienes sí requerían de un tratamiento medicinal, ya que evidentemente no todos los 16.000 usuarios inscritos adquirían cigarrillos o pitos de marihuana, o buscaban sustancias o productos con altísimos niveles de THC. Lo que menos interesaba a los imputados era la salud o el bienestar de sus usuarios, sino que burlar y aprovecharse maliciosamente del sistema, lo que les permitió lucrar y hacerse millonarios a costa o a expensas de ellos”, reafirma.