Para este jueves está pactada una nueva sesión -virtual- del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), donde se espera que, con mayor fuerza que en otras instancias, el Presupuesto 2027 cobre especial relevancia.

Ocurre que en el Cruch, compuesto por los rectores de las 18 universidades estatales y de 12 privadas tradicionales, hay una preocupación latente. Y evidente.

Se trata del erario del próximo año, que en distintas instancias el gobierno se ha encargado de anunciar que será modesto. Particularmente en el Mineduc han señalado que la prioridad está lejos de la educación superior. “Estamos trabajando todavía en la elaboración (...) Lo que sí puedo decir es que tenemos un foco muy importante en lo que son los aprendizajes, en lo que es la educación parvularia, los primeros años de enseñanza básica”, reforzó este martes en Radio ADN, por ejemplo, la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Será el primer erario de la secretaria de Estado desde que está a cargo del Mineduc, recordando que justamente ella fue uno de los ministros que más apuntó a lo desequilibrado de su presupuesto durante las primeras semanas de gestión.

De hecho, cuando se presentó por primera vez ante el Cruch el 26 de marzo, la ingeniera les advirtió que asumió en un contexto de restricciones presupuestarias relevantes, derivadas de déficits en programas claves, lo que obligaba a priorizar y reasignar recursos. Allí también habló de un contexto de alta dependencia de financiamiento estatal por parte de las universidades y que el financiamiento para el sector no sería prioridad.

En la sesión del mes siguiente, el Cruch acordó informarle a la Subsecretaría de Educación Superior que estimaban “inviable” la aplicación de los ajustes presupuestarios que buscaba el gobierno para 2026. Ese fue el primer gallito entre las autoridades universitarias y la ministra.

Y ahora, de cara al 2027, la preocupación de los rectores de que haya recortes es tangible y comentario obligado entre ellos. De hecho, en esas conversaciones se ha hablado de que el presupuesto real para el subsector podría ser 10% inferior y los más pesimistas lo cifran en 15%, según informaciones a las que, dicen, van teniendo acceso.

Arzola, eso sí, aseguró este martes sobre el presupuesto de su cartera: “Quiero decir con mucha tranquilidad que recursos no nos van a faltar”.

Tensión latente

Por eso el Cruch de este jueves cobra relevancia. En esa instancia, tal como en otras, habrá un representante del gobierno, que habitualmente es la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés. En sesiones anteriores se ha tocado en más de una vez el tema del presupuesto.

En la del 25 de junio, por ejemplo, la rectora Marisol Durán (UTEM), presidenta de las universidades estatales, le preguntó a Valdés por la formulación del erario. La subsecretaria le respondió que había un compromiso de resguardar los recursos que sustentan el financiamiento del sector, indicando que la mayor eficiencia de asignacion de becas y beneficios había generado un ahorro para el Estado.

Pero lo que ha venido posterior a ello son señales que, en el mundo de los rectores, entienden van por el camino de los recortes. Y así lo hacen ver.

Por ejemplo, Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Cruch, expone que “evidentemente” hay preocupación en las universidades. “Los trascendidos en torno a eventuales recortes han generado una comprensible inquietud al interior de nuestras comunidades”. Desde el Consejo, añade, “hemos sido enfáticos en señalar que no existe margen para realizar ajustes en esta partida sin afectar el cumplimiento de las funciones misionales que desarrollamos”.

La preocupación va más allá de las casas de estudio estatales. De hecho, el G9, que agrupa a nueve universidades privadas tradicionales, entre ellas gigantes como las Católicas o la de Concepción, también lo hace ver a través de su presidente, el rector PUC Juan Carlos de la Llera. “Desde la Red de Universidades G9 compartimos esa inquietud”, dice, a pesar de aún no conocer la propuesta.

El rector expone que “como universidades dependemos directamente de esas definiciones para la proyección de nuestros ingresos, considerando que recibimos recursos fundamentales como fondos basales y el financiamiento por gratuidad”. La preocupación, dice, “nace de que entendemos que el escenario fiscal del país es estrecho y complejo, y nos preocupa que potenciales restricciones presupuestarias se traduzcan en un estancamiento del sistema”.

En tanto, Pedro Palominos, rector de la Usach, señala que entienden que Chile enfrenta un escenario fiscal exigente y que los recursos públicos deben administrarse con responsabilidad. Y que, en ese sentido, las universidades estatales no pueden abstraerse de la realidad. “En ese escenario, sí existe una legítima y justificada preocupación”, señala.

Sin embargo, advierte que responsabilidad fiscal “también significa distinguir entre un gasto prescindible y una inversión estratégica”, por lo que la discusión no es solo “sobre recursos, sino también sobre qué capacidades queremos proteger y proyectar como país”.

Para Arcadio Cerda, rector de la U. de Talca, instituciones como la suya son “parte del Estado y constituimos un puente entre éste y la sociedad, por lo que es vital cuidarlas y potenciarlas”.

Mientras, Solange Tenorio, a la cabeza de la UMCE, espera el Presupuesto 2027 “refleje adecuadamente la importancia estratégica de nuestras instituciones y entregue las condiciones necesarias para que podamos seguir desarrollando funciones a lo largo del país”.

Con menos plata, ¿qué?

Aunque el gobierno aún no presenta su propuesta de presupuesto, la propia subsecretaria Valdés ya le dijo a los rectores en una de las sesiones del Cruch que habría “especial atención” en la composición estructural del financiamiento y de los beneficios estudiantiles. La depuración de este último ítem debiese ser de las glosas que vean mayor reducción. En paralelo, los rectores le han verbalizado al Ejecutivo que los fondos basales se deben resguardar, planteando la idea de un “no detrimento”. Las casas de estudio están en alerta máxima por si ocurre lo contrario.

Y es que para De la Llera cualquier recorte “afecta todo el proyecto educativo, formación, investigación, gestión, contratación y beneficios estudiantiles. Todo el sistema es interdependiente y si mueves una variable afectas otras”. Y se extiende: “En la medida en que la situación financiera de una institución esté más restringida, cualquier disminución presupuestaria afectará decisiones importantes del quehacer universitario, impactando directamente a nuestros estudiantes y comunidad académica”.

Palominos, en tanto, dice que un escenario presupuestario restrictivo puede afectar la continuidad de proyectos de investigación, la renovación de infraestructura y equipamiento, la formación y retención de talento, la innovación y transferencia tecnológica, así como los mecanismos de apoyo a estudiantes.

“Cuando se pierde un laboratorio, se dispersa un equipo de investigación o un investigador altamente especializado abandona el sistema, esa capacidad no se recupera simplemente aumentando una partida presupuestaria al año siguiente. (...) La pregunta no es solamente cuánto cuesta financiar adecuadamente a las universidades, la ciencia y la investigación. También debemos preguntarnos cuánto le costaría a Chile debilitarlas”, plantea.

Por su parte, desde la U. de Valparaíso Corrales adelanta que eventuales recortes podrían llegar a comprometer actividades de investigación o vinculación con el medio. Y que en otros casos, podrían verse afectados los planes de desarrollo institucionales o beneficios estudiantiles.

Desde Talca, en tanto, el rector Cerda advierte que una reducción afectaría “directamente el desarrollo de los proyectos, especialmente en las regiones, donde actualmente más se necesita el aporte de las universidades públicas”. Los recortes, agrega, llevan a implementar ajustes estructurales que terminarán incidiendo en el empleo, así como en los servicios y beneficios que la institución entrega tanto a sus estudiantes como a la sociedad.

En esa línea, dice que en este contexto de ahorro fiscal es “fundamental abrir una discusión sobre las condiciones de operación de las universidades públicas, que hoy compiten bajo reglas más estrictas que las privadas”. Con esto, asevera, las instituciones estatales podrían generar ahorros “de miles de millones de pesos”.

La rectora Tenorio refuerza esta idea y asegura que las universidades entienden la realidad económica del país, por lo que como instituciones estatales le plantearon a la Dipres medidas que no requieren presupuesto adicional. “Entre ellas, la revisión de nuestro marco regulatorio y de las condiciones para el uso de determinados instrumentos de financiamiento”, cierra.