La Fiscalía Metropolitana Centro Norte será la encargada de iniciar una investigación tras una denuncia por parte de los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC) contra todos los eventuales responsables de delitos contra la Ley de Inteligencia, esto tras las afirmaciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre el estallido social.

El origen de la denuncia deriva de una entrevista dada por Judd a CNN Chile publicada el 8 de septiembre pasado. En ella, aseguró respecto al estallido social que antecedentes de inteligencia apuntarían a grupos afines a la izquierda.

“Inteligencia estadounidense, inteligencia chilena, la comunidad de inteligencia nos dice de dónde provienen estas protestas. Hay que hacer una investigación de cualquier hecho que ocurra”, señaló.

“En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”, señaló posteriormente.

Tras estas declaraciones, el diplomático sostuvo una reunión con el canciller Francisco Pérez Mackenna para asegurar la entrega de toda la información que posea sobre este período. “El embajador ha manifestado su disposición a hacer llegar información de la que disponga”, señaló el 9 de septiembre el ministro de Relaciones Exteriores.

Así las cosas, la denuncia de los parlamentarios de oposición acusa infracciones a los artículos 38 y 44 de la Ley de Inteligencia (19.974), que sanciona la entrega de información del Sistema de Inteligencia chileno a terceros.

Según los denunciantes “de lo afirmado por el embajador norteamericano se desprende la entrega ilegal de información por parte de funcionarios chilenos de inteligencia hacia la embajada”.

El pasado 22 de septiembre, la fiscal nacional (s) Carmen Gloria Wittwer derivó la causa hacia la Fiscalía Centro Norte, encabezada por el persecutor Francisco Jacir.

Desde aquella Fiscalía, remarcaron que “como toda denuncia y cumpliendo con el mandato constitucional del Ministerio Público, se iniciará una investigación para determinar si los hechos denunciados son o no constitutivos de delito”.