Esta jornada se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión especial investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La instancia tiene por objetivo recabar antecedentes sobre los mecanismos de supervisión, control, licitación, adjudicación, ejecución y pago del PAE durante el período de 2019 a 2024.

En la sesión de hoy estuvo presente por segunda vez el actual director de la Junaeb, Fernando Peña, quien respondió las preguntas de los parlamentarios que quedaron pendientes en la sesión anterior, abordando así las auditorías vigentes y pendientes, así como también el cobro de las multas a empresas y el nuevo modelo que buscan instalar a futuro para subsanar las falencias que han encontrado.

En primera instancia, Peña señaló que por el momento no se han detectado situaciones similares a la denunciada en O’Higgins en otras regiones, aunque sí indicó que el Ministerio Público continúa investigando.

Asimismo, el director también destacó que el programa de alimentación escolar recibió una evaluación ex ante favorable de la Subsecretaría de Evaluación Social (del Ministerio de Desarrollo Social y Familia), resaltando que actualmente beneficia a cerca de 1 millón 899 mil estudiantes.

“Es una buena noticia esta recomendación favorable, toda vez que permite entender que pese a la denuncia, pese a la situación que hoy día nosotros obviamente estamos responsablemente dando a conocer, eso en ningún caso le resta mérito o le resta valor al aporte que ha hecho el Programa de Alimentación Escolar al sistema escolar y también obviamente a la movilidad social y sobre todo a tantas generaciones de alumnos que gracias a este apoyo y gracias a esta ayuda han logrado sortear con éxito la educación básica y media”, señaló.

Por otra parte, el director Peña también se refirió a las multas pendientes de cobro y que hoy están judicializadas o en proceso de notificación ante la justicia.

“Son más de $100 mil millones los que tenemos hoy día en alguna de estas acciones, en procesos ante tribunales, de multas que las empresas no han pagado”, sostuvo. “Es un monto alto, son más de 3 mil resoluciones de hecho, de incumplimientos que nosotros le hemos notificado a las empresas y que hoy día efectivamente nosotros estamos demandando o requiriendo ante la justicia porque no hemos encontrado una respuesta satisfactoria de parte de las empresas para pagar estos incumplimientos”.

A esto, añadió, se suma otro monto, que son multas que están en proceso de cobro, algunas que incluso no han sido aún notificadas a las empresas.

“Hay casi una década de multas e incumplimientos que la institución no le ha notificado correctamente, y sobre todo en tiempo, a las empresas, y que hoy día genera más de $300 mil millones de pesos en multas e incumplimientos que hoy día la institución no ha cobrado, siendo esto, obviamente, un atraso manifiesto y, por qué no decirlo, una negligencia inexcusable por parte del servicio”, sentenció.

En esta línea, Peña indicó que “la buena noticia” es que están trabajando “a toda velocidad” para poder notificar gran parte de estos incumplimientos, “sobre todo de contratos muy antiguos”.

En cuanto a la naturaleza de las multas, el director indicó que en el caso de los mayores incumplimientos, las incidencias tienen que ver con mobiliarios, equipamientos, artefactos, utensilios y elementos presentes en el servicio de alimentación. También, un alto porcentaje de incidencia se encuentra en que las manipuladoras cuenten con elementos de higiene y protección, así como exigencias en las materias primas, en los productos y o ingredientes el día de la supervisión en bodega.

Sobre cómo responden a este punto, el director señaló que junto con crear un comité para abordar la situación y avanzar durante este año en la notificación de los incumplimientos más antiguos, indicó que también trabajan en implementar un nuevo modelo de sanciones que no se centre sólo en cobrar multas, sino en lograr que las empresas corrijan sus deficiencias.

“No les puedo dar tantos detalles sobre ese nuevo módulo de multas porque la licitación hoy día está en Contraloría, tiene hoy día carácter de reservado (...) Es un modelo que está centrado no solamente en el castigo pecuniario, sino que está centrado sobre todo en la instancia de mejora o para que la empresa pueda resarcir o pueda finalmente mejorar el servicio sin necesidad de llegar a la instancia de la cobranza”, detalló.

Esto, explicó el director, ya que el interés desde Junaeb apunta más a reparar una deficiencia más que por cobrar una multa y se vea interrumpida la atención.