Por Jacques Coste, columnista en Nexos y autor de Derechos humanos y política en México. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Tras casi dos años en el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mejorado significativamente la capacidad del Estado mexicano para combatir el crimen organizado. Este es, sin duda, su mayor logro, y la reciente captura o eliminación de líderes criminales son éxitos innegables. En su segundo informe presidencial anual a la nación, pronunciado a principios de este mes, Sheinbaum destacó que, desde que asumió la presidencia, el promedio diario de homicidios intencionales ha disminuido un 51%.

La cifra compara septiembre de 2024 con julio de 2026, según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ) del gobierno. Si bien la agencia y el INEGI, el instituto estadístico independiente de México, presentan diferencias metodológicas y reportan cifras distintas, ambas fuentes apuntan a una disminución nacional de los homicidios.

A pesar de estos avances, México aún enfrenta importantes desafíos para abordar su crisis de violencia generalizada. La extorsión , las desapariciones y la trata de personas —en especial el reclutamiento forzoso de mujeres , niños y jóvenes para actividades delictivas— siguen siendo problemas generalizados. Para que cualquier solución sea efectiva, debe abordar estos problemas de frente.

Un nuevo enfoque

Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han replanteado las prioridades del gobierno en la lucha contra el crimen. Transformaron discretamente la política de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador en una estrategia de confrontación directa con el crimen organizado. El gobierno ha fortalecido el aparato de inteligencia del Estado, mejorado la coordinación entre las agencias de seguridad militar, civil, local y federal, y se ha centrado en los “generadores de violencia” y los “operadores financieros y logísticos” de los grupos criminales.

Al mismo tiempo, la administración optó por intensificar la colaboración y la alineación con Estados Unidos, así como por aumentar las detenciones y las incautaciones de armas, drogas y dinero vinculados a actividades delictivas. En su discurso de septiembre, Sheinbaum también señaló que este año, el promedio diario de delitos de “alto impacto” ha disminuido un 54% en comparación con 2018. Cabe destacar que los investigadores independientes y los centros de estudios coinciden en general en la importante reducción de la delincuencia violenta, pero también señalan posibles errores estadísticos, mala gestión e incluso manipulación .

La reducción de homicidios y otros delitos violentos es una buena noticia para México. El fortalecimiento gradual de la capacidad del Estado para recuperar el terreno perdido —tanto territorial como económico y político— frente a los grupos criminales también es un avance positivo. Además, el relativo éxito de la estrategia de lucha contra el crimen ha sido clave para la política exterior y la seguridad nacional: ha contribuido a contener la presión del presidente Donald Trump y a frenar a los miembros más radicales de la coalición MAGA , quienes abogaban por una intervención militar unilateral en México.

Puntos débiles

Pero la estrategia de Sheinbaum tiene claras deficiencias. Entre octubre de 2024 y julio de 2026 —argumentó Sheinbaum en su discurso— las fuerzas de seguridad arrestaron a 63 000 personas vinculadas a actividades delictivas, incautaron 32 824 armas de fuego y 519 toneladas de drogas, y destruyeron 2725 laboratorios clandestinos. Esto podría ser útil para combatir el crimen organizado, pero no necesariamente para abordar el problema más amplio de la violencia.

Para empezar, las detenciones no son condenas. Desde 2018, el partido gobernante Morena ha ampliado agresivamente la detención preventiva obligatoria , enviando a los acusados ​​a prisión mientras se desarrollan sus investigaciones y juicios. Investigaciones independientes estiman que alrededor de 102,000 mexicanos están encarcelados a la espera de que se resuelvan sus casos. Esto sugiere que el Estado tiene dificultades para garantizar el debido proceso y un juicio justo, ambos cruciales para asegurar que se detenga a las personas correctas. Mientras tanto, grupos de la sociedad civil han demostrado que este encarcelamiento automático afecta con mayor dureza a las comunidades marginadas , y existe el riesgo de que la mayoría de los declarados culpables sean delincuentes de bajo nivel fácilmente reemplazables, y no altos mandos del crimen organizado.

Por otro lado, centrarse en las incautaciones de drogas y la destrucción de laboratorios clandestinos no protege a las comunidades locales de uno de los tipos de violencia más comunes y destructivos que sufren: la extorsión. Al igual que en muchas otras partes de Latinoamérica, la extorsión es ahora uno de los delitos más persistentes y de mayor crecimiento en México, que afecta a todos, desde vendedores ambulantes hasta grandes empresas.

Las desapariciones tampoco disminuyen. México cuenta ahora con más de 135.000 personas desaparecidas. Investigaciones recientes indican que un porcentaje creciente corresponde a personas reclutadas a la fuerza por organizaciones criminales, que desempeñan funciones como sicarios, trabajadoras sexuales, operadores logísticos y mensajeros, entre otras . Sheinbaum sigue minimizando la magnitud de las desapariciones y el trabajo forzoso en México, y no mencionó estos temas en su discurso presidencial.

Estos problemas evidencian una debilidad clave de la estrategia de seguridad de Sheinbaum: la excesiva centralización. El centro de estudios México Evalúa reconoce los méritos de la estrategia, pero advierte que sin fuerzas policiales y fiscalías regionales más fuertes —y sin considerar las particularidades regionales de la delincuencia violenta— será difícil mantener la disminución de la violencia a nivel nacional. Esto cobra especial relevancia ahora: algunos estados (Coahuila, Querétaro, Tlaxcala) experimentan descensos drásticos en la delincuencia violenta, mientras que otros (Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa) enfrentan una violencia cada vez más intensa o persistente. Para los residentes de esos estados, la “reducción nacional” de la violencia puede parecer poco más que una mera ficción estadística.

Una objeción común a la regionalización de la política de seguridad es que las fuerzas policiales locales son institucionalmente más débiles y más propensas a la corrupción. Sin embargo, el gobierno federal puede tomar medidas para fortalecerlas y profesionalizarlas, y no tiene por qué ceder el liderazgo ni la supervisión para adaptar su estrategia a cada región.

Éxito frágil

Coahuila ofrece un ejemplo de éxito a menudo ignorado. A principios de la década de 2010, Los Zetas —probablemente la organización criminal más violenta en la historia de México— controlaban gran parte del estado. La estrategia de pacificación del gobierno, que en gran medida funcionó, combinó el poderío militar federal con una fuerza policial estatal considerablemente reforzada que se centró en la cúpula de Los Zetas hasta que la base económica y la estructura de mando del grupo colapsaron. Las autoridades locales también sellaron un pacto con el sector privado contra el lavado de dinero, canalizando el contacto político con grupos criminales a través de un pequeño círculo de interlocutores designados. El resultado fue uno de los cambios de seguridad más drásticos en la historia reciente de México.

Este tipo de cooperación entre el gobierno federal y los estados será vital. Sin embargo, exige una política local más transparente. Hasta ahora, Sheinbaum y Morena han sido indulgentes con los funcionarios sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, priorizando la cohesión dentro de la coalición gobernante por encima de la confrontación con la influencia política de los grupos criminales.

Al parecer, Sheinbaum opta por una solución intermedia: endurecer el proceso de selección de candidatos para cargos electivos importantes en junio de 2027, con el fin de excluir a personas con vínculos con el crimen organizado, sin purgar el partido por completo. Probablemente, esto no sea suficiente. Mientras las redes de protección política de los grupos criminales —y la impunidad que generan— permanezcan intactas, las fuerzas del orden seguirán sufriendo las consecuencias.

Sheinbaum ha logrado avances importantes, pero no está claro si tomará las medidas necesarias para consolidar esos logros y seguir progresando. Mucho dependerá de los esfuerzos por fortalecer y colaborar con las fuerzas del orden regionales y sanear la política que las moldea.