El gobierno está en conversaciones con los parlamentarios para evaluar la viabilidad de presentar un proyecto que postergue en un año la entrada en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales que fue despachada por el Congreso en agosto de 2024.

El tema de fondo es que dicho cuerpo legal comienza a regir el próximo 1 de diciembre, estableciendo exigentes obligaciones a servicios públicos y empresas al momento de tratar información privada de las personas, reconociendo los derechos de los titulares de los datos.

Sin embargo, los gremios de grandes empresas han argumentado que existe falta de certeza jurídica al respecto, ya que aún no se ha implementado la agencia estatal especializada en supervisar este tema y que, según estableció la ley, debió haber estado operativa a más tardar el 1 de junio de 2026.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dio luces sobre lo que está analizando el gobierno, cuando este lunes sostuvo que “es una ley que es bien importante, por lo tanto, su implementación queremos que sea de la mejor forma posible. Si necesitamos más tiempo para implementarlo, lo estamos conversando con los parlamentarios y en los próximos días vamos a tener noticias al respecto”.

La iniciativa establece un nuevo régimen de infracciones y significativas sanciones económicas a eventuales empresas infractoras, las que fluctuarían, inicialmente, entre $358 millones (5 mil UTM) y $1.400 millones (20 mil UTM), pero incluso esos valores podrían triplicarse o llegar al 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios de una firma, si la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) que crea la ley, detecta conductas reincidentes y agravantes.

La agencia en cuestión no ha empezado a funcionar, dado que el gobierno propuso una terna para encabezar su consejo, pero la nómina fue rechazada por el Senado en mayo pasado, entre otras cosas, porque los candidatos no representaban sensibilidades del mundo político. En paralelo, el Ejecutivo ha alegado que existe dificultad para encontrar profesionales que cumplan con los requisitos exigidos en la ley, que establece dedicación exclusiva al cargo y una serie de inhabilidades e incompatibilidades, con remuneraciones que han sido calificadas como “bajas”.

Los cambios que evalúa el gobierno

La idea que tiene en mente el gobierno, de acuerdo a distintas fuentes al tanto de las tratativas, es que la agencia empiece a operar, ojalá, el próximo 1 de diciembre, y que un año después de eso entre en vigencia la ley, el 1 de diciembre de 2027. En todo caso, precisan, es un tema que está siendo socializado con los parlamentarios, específicamente con algunos senadores, por lo que tampoco se descarta que el plazo de postergación pueda ser algo menor a ese, en el evento de que aplazar la ley en 12 meses no encuentren el respaldo requerido en el Congreso.

De hecho, hay fuertes detractores de dicha alternativa, como el senador Matías Walker (Demócratas), quien manifiesta que “sería muy negativo” postergar la entrada en vigencia de la ley “por la falta de capacidad del poder político de ponerse de acuerdo en el consejo que tiene que velar por su implementación. Me parece una razón completamente inaceptable, y yo no voy a ser parte de una negligencia en la aplicación de una ley que nosotros mismos aprobamos y que estuvo mucho tiempo en tramitación”.

Preliminarmente, el diseño del Ejecutivo es presentar el proyecto de ley para estos efectos la próxima semana, pero aún faltan ciertas conversaciones antes de zanjar el asunto. Por de pronto, precisan desde el gobierno, hay una reunión pendiente esta semana entre los dos ministros que están impulsando esta iniciativa, que son el de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y el biministro Mas. La cita debería concretarse a más tardar este viernes y allí debería quedar resuelto el tema. Así, el anuncio oficial debería producirse de aquí a la próxima semana.

Además de aplazar su entrada en vigencia, el gobierno intentará hacer algunos ajustes para habilitar la puesta en marcha de la agencia. Allí, la fórmula que analiza el Ejecutivo considera, entre otras cosas, aumentar el número actual de consejeros de tres a cinco, para lo cual ya habría nombres en evaluación.

Pero además, tiene en mente aumentar el salario de los consejeros, lo que podría hacerse por la vía de la interpretación de la norma actual, y sin necesidad de hacer cambios a la ley, comenta una fuente con conocimiento de la materia.

La ley establece que el presidente del consejo directivo de la agencia tendrá una remuneración bruta mensualizada equivalente a la de un subsecretario de Estado, mientras que los restantes consejeros tendrán un salario equivalente al 85% de lo anterior.

Eso significa, según afirma el informe que hizo en 2025 la comisión asesora ministerial para la Ley de Protección de Datos, que “la ley previó remuneraciones brutas proyectadas, para el presidente del consejo, de $7,1 millones, y de $6 millones para los consejeros, las que se encuentran por lejos muy por debajo del promedio de jefaturas de servicio de organismos fiscalizadores comparables”. En cambio esta propuso salarios de $12 millones para los consejeros y de $13,5 millones para el presidente.

El presidente de la Asociación Chilena de Profesionales en Protección de Datos Personales (AGPD), Marcelo Drago, se reunió este lunes con el ministro García Ruminot para hablar sobre los cambios que evalúa hacer el gobierno. Tras la cita en La Moneda, Drago comentó en un punto de prensa que “se nota un ánimo de implementar la ley de protección de datos” y “buscar los mecanismos para la mejor implementación de la ley. Creemos que las medidas que están barajando son, en general, muy positivas”.