El Tribunal Constitucional (TC) rechazó por nueve votos contra uno el requerimiento presentado por el gobierno en contra del artículo 31 de la denominada megarreforma, confirmando la vigencia de la norma que obliga a las empresas de servicios básicos a reconectar gratuitamente a hogares y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ubicados en zonas afectadas por catástrofes.

El Ejecutivo había recurrido ante el TC argumentando que la disposición infringía el artículo 69 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, el organismo constitucional desestimó el requerimiento, lo que fue calificado como una derrota para el Gobierno por parlamentarios de oposición.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, cuestionó duramente la presentación del Ejecutivo y valoró el fallo del TC. “Una vergüenza que el gobierno haya impugnado en el Tribunal Constitucional una norma que beneficia a los damnificados para que no les corten los suministros básicos en los contextos de catástrofe”, señaló.

Soto sostuvo que la decisión del tribunal constituye una señal frente a lo que calificó como una “muestra de inhumanidad” por parte del gobierno y destacó que la norma permanecerá incorporada a la denominada mega reforma.

En la misma línea, el diputado socialista César Valenzuela afirmó que “el Tribunal Constitucional nos dio la razón” y sostuvo que las empresas estarán obligadas a reponer los servicios de agua, luz y gas durante estados de catástrofe.

Por su parte, la senadora Karol Cariola (PC) calificó la resolución como “un acto de justicia para las familias chilenas” y destacó que el fallo resultó en “nueve votos contra uno”.

“Es lo que se expresa para rechazar la apelación que el gobierno del Presidente Kast hizo a través del ministro (Jorge) Quiroz para eliminar esta norma que beneficiaba a la gran mayoría de los chilenos y chilenas”.

Cariola agregó que el agua, el gas y la electricidad son “elementos básicos frente a una emergencia” y cuestionó que el Ejecutivo haya decidido llevar la disposición ante el Tribunal Constitucional.

El diputado y subjefe de la bancada PC e independientes, Marcos Barraza, también valoró el fallo y sostuvo que “hoy ganaron las familias damnificadas”. “El Tribunal Constitucional falló de manera contundente y categórica, por nueve votos contra uno, rechazando el requerimiento constitucional presentado por el Gobierno y por el Presidente Kast”, mencionó.

Barraza defendió la constitucionalidad de la norma y planteó que una familia damnificada continúa viviendo las consecuencias de una emergencia cuando no cuenta con servicios esenciales como agua, luz y gas.

En tanto, el senador Iván Flores (DC) calificó la resolución como “una tremenda derrota” para el Ejecutivo y cuestionó la decisión de recurrir al TC. “¿Cómo el gobierno no se preocupa de tener asesores que le digan o le recomienden al presidente no cometer este tremendo error? Hoy día el Tribunal Constitucional ha hablado nueve contra uno”, expresó.

Su par, Fabiola Campillai (IND.), recordó que “este gobierno ya lleva tres derrotas en el Tribunal Constitucional”. “Mientras Kast nos acusa de no querer acuerdos, es el mismo el que se fue al TC para bloquear una ayuda que el propio Congreso aprobó para las víctimas de los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío”, sostuvo la parlamentaria.

Asimismo, la diputada Emilia Schneider (FA) también criticó al Gobierno y calificó el resultado como “un papelón tras otro” ante el Tribunal Constitucional.

Schneider sostuvo que la norma busca garantizar el acceso a servicios básicos para familias damnificadas y cuestionó que el Ejecutivo haya intentado eliminarla. Además, acusó que la denominada megarreforma de reconstrucción sería, a su juicio, una “reforma tributaria encubierta”.

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) afirmó que el nuevo rechazo sufrido por el gobierno ante el Tribunal Constitucional “evidencia que el equipo jurídico que tiene está haciendo mal el trabajo”.

Mulet comentó que “es bastante curioso que el Gobierno haya ido perdiendo en el TC decidida y seguidamente”, recordando que el rechazo a la norma de servicios básicos se suma a otros casos como a parte del proyecto de “Escuelas Protegidas” y las críticas a la reforma constitucional de seguridad.

Mientras que la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del PC, señaló que “las atribuciones que tiene el Congreso Nacional no se pueden suprimir por un capricho ideológico de este gobierno”.

Añadiendo que “es este gobierno quien ingresa un megaproyecto, y después dice que los parlamentarios y parlamentarias no podemos hacer indicaciones sobre un proyecto que, lamentablemente, le hace mal a la mayoría del país, pero la única norma que hoy día protege a las familias chilenas a propósito de situaciones de emergencia y reconexión a los servicios básicos, este gobierno dice que excede en las ideas matrices. Es decir, es totalmente incoherente”.