A través de una declaración pública difundida este miércoles, el Partido Nacional Libertario (PNL) endureció su postura frente a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast y emplazó al Ejecutivo a “reorientar su iniciativa”.

Aunque respaldó en términos generales una modificación a la Carta Fundamental, la colectividad calificó la propuesta como “redundante, ineficaz y parcialmente insuficiente” y puso entre sus principales exigencias el indulto a funcionarios de las Fuerzas de Orden y de las Fuerzas Armadas por su actuación durante el estallido social.

El pronunciamiento profundiza las diferencias que el PNL había explicitado la semana pasada. El 20 de agosto, Johannes Kaiser sostuvo que su partido estaba dispuesto a aprobar la idea de legislar, aunque advirtió que aquello no significaba respaldar todo su contenido y planteó que el Ejecutivo debía hacerse cargo de la situación de más de 700 uniformados que, según afirmó, aún se encuentran procesados por hechos ocurridos durante el estallido social.

“Hay cosas que faltan. Y entre las cosas que sabemos que faltan, están los indultos”, sostuvo entonces el dirigente, quien además cuestionó el nuevo estado de excepción contemplado en la iniciativa.

La exigencia por los indultos

En su declaración, el partido formalizó esa exigencia como uno de los puntos centrales de su posición frente a la reforma.

“Resulta ineludible y urgente indultar a los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas” que, según sostiene el documento, intentaron contener “la insurrección de octubre de 2019 que buscó poner término de manera ilegítima al gobierno democráticamente electo”.

Según el PNL, no adoptar una medida de esas características inhibe a las instituciones encargadas del orden público en el ejercicio de sus funciones, debido a un “legítimo temor a ser condenados por el propio Estado que se las encomienda”.

Rechazo al nuevo estado de excepción

Otro de los principales reparos del PNL apunta al nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública que propone el gobierno.

La colectividad sostiene que la figura “no aporta nuevas herramientas para el combate del crimen organizado y el narcotráfico” y que profundiza las facultades del Ejecutivo para restringir libertades fundamentales en situaciones que, a su juicio, ya están cubiertas por el Estado de Emergencia. Además, considera “inaceptable” que puedan suspenderse garantías esenciales durante 120 días prorrogables sin intervención del Congreso.

El partido también cuestiona las facultades para interceptar comunicaciones y requisar bienes, al considerar que no están suficientemente delimitadas y podrían afectar a personas ajenas a los delitos investigados. Asimismo, objeta la posibilidad de restringir el derecho de asociación.

Los cambios constitucionales que propone el PNL

Pero las exigencias de la colectividad no se limitan a los indultos y al diseño del nuevo estado de excepción. En su declaración, el PNL propone cuatro modificaciones a la Carta Fundamental que considera “irrenunciable y urgente” impulsar.

La primera consiste en consagrar expresamente la supremacía de la Constitución por sobre los tratados, sentencias o resoluciones de tribunales u organismos extranjeros.

En segundo lugar, plantea incorporar a los fiscales regionales y al fiscal nacional del Ministerio Público entre las autoridades susceptibles de ser acusadas constitucionalmente.

Como tercer punto, propone restablecer los quórums para reformar la Constitución y sus leyes interpretativas, además de aquellos requeridos para aprobar, modificar o derogar leyes orgánicas constitucionales, tal como estaban establecidos antes de las modificaciones legales de 2022 y 2023.

Finalmente, busca elevar a rango constitucional restricciones para los inmigrantes en situación irregular en materia de libertad de movimiento, empleo formal y acceso a beneficios financiados con fondos estatales. La propuesta establece que podrían acceder exclusivamente a prestaciones vinculadas al “núcleo de la dignidad humana”, como el derecho a la vida, la integridad física, las garantías del debido proceso y la atención médica o asistencial de urgencia.

El documento también considera redundante incorporar el concepto de “seguridad pública” al artículo 1° de la Constitución, argumentando que el actual deber del Estado de proteger a la población y la familia ya comprende esa materia.

Pese a sus reparos, la colectividad mantuvo su disposición a discutir cambios a la Carta Fundamental. “El Partido Nacional Libertario apoya, en general, la necesidad de una reforma constitucional para fortalecer el sistema de seguridad pública y permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas en dicha tarea”, señala la declaración