Con varios ajustes respecto de lo que se había anunciado inicialmente, el gobierno ingresó este martes por la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional para la cesación del cargo de autoridades por consumo de drogas, incluyendo al propio Presidente de la República.

La iniciativa, que fue ingresada con urgencia simple (30 días), establece, además, un control obligatorio para ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

Si bien inicialmente la propuesta gubernamental solo contemplaba a ese grupo limitado de autoridades, en el texto que entró a tramitación, además del Primer Mandatario, se incluyó a secretarios regionales ministeriales; jefes superiores de servicios; magistrados de tribunales superiores de justicia; al fiscal nacional y fiscales regionales; al contralor general; a comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea; al general director de Carabineros; al director general de la PDI y al director nacional de Gendarmería.

La reforma hace propia varias mociones para regular este tema, en el ánimo de poner una valla entre el narcotráfico y la política. Sin embargo, va más allá e incorpora la causal de cesación de cargo para aquellos dignatarios públicos a quienes se les detecte un consumo no acreditado de sustancias ilícitas.

En todo caso, deja en manos de leyes orgánicas y normas específicas la aplicación de los respectivos exámenes de droga.

Como antecedentes de la iniciativa se señala que el artículo 8 de la Constitución consagra la transparencia y la probidad como principios rectores del ejercicio de la función pública y que dispone que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

El articulado señala que las autoridades “deberán someterse, al asumir sus funciones y periódicamente durante su ejercicio, a exámenes destinados a detectar la presencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”.

“Una ley de quórum calificado establecerá la forma y los procedimientos para practicar dichos exámenes, su periodicidad, y cualquier otra consideración para su realización, pudiendo incluir a cualquier otro funcionario o autoridad. Los resultados serán públicos”, añade.

“La detección de las referidas sustancias constituirá causal de cesación en el cargo, salvo que su consumo se encuentre justificado por un tratamiento médico debidamente acreditado. La cesación o incompatibilidad en el cargo se hará efectiva en la forma que esta Constitución y los estatutos que las leyes establezcan para cada una de dichas autoridades” complementa el proyecto.

Aunque este tema era parte de los compromisos de campaña, el proyecto fue anunciado tras la controversia que generó la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, a quien se le pidió su renuncia por dar positivo en un test de droga al que se sometió en junio.

El futuro de la exautoridad, hasta ahora, no está del todo clara. Esto, debido a que el abogado se ha sometido a otros exámenes de similares características en clínicas privadas y que han arrojado un resultado negativo. Todavía, eso sí, tiene pendiente la contramuestra del test original que derivó en su cesación, que de dar negativo le podría abrir nuevamente las puertas en el gobierno.

Desde La Moneda han transmitido que la reforma busca fortalecer los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública, estableciendo un estándar común para las autoridades comprendidas en la reforma constitucional.