Ayer, para distender el ambiente, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, recibió con una torta de merengue y frambuesa a la senadora Andrea Balladares.

La presidenta de Renovación Nacional (RN) -quien se encontraba de cumpleaños- llegó cerca de las 19 horas al domicilio del secretario de Estado, junto a sus pares del oficialismo Guillermo Ramírez (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Arturo Squella (Partido Republicano), para sostener una nueva reunión de coordinación por la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y en particular por la discusión de la reforma constitucional en seguridad. Del encuentro también participaron los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y Martín Arrau (Seguridad).

“La semana pasada tuvimos una reunión con los presidentes de partidos y el ministro García, el ministro Alvarado, el ministro Arrau. Ayer repetimos la reunión de coordinación, que es algo que nosotros habíamos planteado. Hoy día tenemos múltiples desafíos y la coordinación política se hace muy necesaria”, dijo Balladares consultada por la cita, que se dio en medio de las fuertes tensiones en el oficialismo.

Aunque en el Ejecutivo ya se han abierto a modificar algunos de los puntos más cuestionados como el nuevo estado de excepción, las críticas en el sector por el proyecto se han mantenido. Sin ir más lejos, durante la mañana de este lunes, la propia Balladares -en entrevista con radio Agricultura- reconoció que las diferencias se mantendrán “hasta que no terminemos de acordar un texto que permita dar tranquilidad a todos y que sea efectivo en lo que necesitan las policías hoy día”.

En ese contexto, el encuentro de ayer afirman en los partidos fue clave para empezar a encaminar la tramitación de la iniciativa. Allí, eso sí, los presidentes de partido llegaron con una solicitud: la discusión por la agenda de seguridad del gobierno no se podía reducir a la reforma constitucional, sino que había que empezar a avanzar con los otros proyectos de ley, de los cuales varios ya se encuentran en discusión en el Congreso.

Como respuesta, según quienes estuvieron presentes en la cita, los ministros no solo se comprometieron a dar urgencia a distintas iniciativas dentro de la ACOT, sino que también poner urgencia simple a la reforma constitucional, incrementando así el plazo de discusión en el Congreso a 30 días.

La decisión, que se venía estudiando hace algunos días dentro de La Moneda, se da después de que durante esta nueva reunión los presidentes de partido advirtieran que la diferencias en el sector se mantenían y que bajo este este escenario, no había ninguna garantía de conseguir los 29 votos para aprobar la idea de legislar en el Senado.

En ese contexto, se coincidió en radicar la discusión en la comisión de Constitución del Senado para perfeccionar la reforma y lograr un acuerdo lo más amplio posible, para lo que se le encargó a los parlamentarios generar los acercamientos con la oposición.

Al respecto, el ministro Alvarado aseguró que la cita tuvo como objetivo “encausar el tratamiento y el trabajo respecto al perfeccionamiento de la reforma en la Comisión de Constitución del Senado. Y desde ahí, en base a nuestra propuesta inicial, recibir propuestas y opciones alternativas de cómo modificar y cómo construir un acuerdo entre todos los sectores políticos. Por lo tanto, esta reunión tuvo como propósito reafirmar esa línea de acción”.

En particular, el principal escollo que sigue enredando al sector el estado de excepción. Aunque el propio ministro Arrau se allanó a la idea de reducir de 240 a 30 días la aplicación de este régimen, en el gobierno son conscientes de que la presión por eliminar la norma del texto se mantiene. El tema, fue abordado en la reunión de ayer, sin embargo, no se acordó ninguna formula.

Arrau, eso sí, reiteró la disposición del Ejecutivo para acotar los plazos.

El problema es que incluso en el oficialismo algunos han ido más allá y han solicitado que derechamente se elimine el nuevo estado de excepción de la reforma. Entre ellos, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, planteó fortalecer el actual estado de excepción de emergencia, que se aplica, por ejemplo, actualmente en La Araucanía y el Biobío.

Kast: “El estado de excepción no es renunciable”

Al respecto, en entrevista con radio Cooperativa, este lunes en la mañana el Presidente José Antonio Kast recalcó que el estado de excepción “no es renunciable”.

“El crimen organizado hoy día no es con los delincuentes habituales, es una especie de Estado paralelo, que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo, económicas absolutamente distintas, y que muchas veces está concentrado en algunos lugares, y por eso el estado de excepción no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”.

En las partidos siguen insisitiendo en las modificaciones. Antes de ingresar al comité político ampliado, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, recalcó que “hay que mejorarlo, hay que arreglarlo. Por eso yo valoro que se le haya quitado la urgencia a la reforma, que se haya de alguna forma asilado el debate en la comisión de Constitución y que vaya a haber tiempo para discutirlo mientras entran otros proyectos que son relevantes en la agenda de seguridad”.