Lejos de lo que esperaban quienes han seguido atentos el requerimiento que ingresaron consejeros regionales (cores) del Partido Republicano y de la UDI para destituir al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, hace algunas semanas el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió dejar la causa en estudio.

Los cores requirentes acusan al gobernador de faltas a la probidad. Principalmente, el reproche está ligado a que Orrego habría encargado sesiones de coaching con recursos públicos, aunque en realidad -dicen- habrían tenido una finalidad electoral y ajena a los fines de la entidad que encabeza.

La vista de la causa tuvo lugar el viernes 7 de agosto. Tras una larga relación de los hechos por parte de la relatora Carmen Gloria Valladares, las partes tuvieron 25 minutos para exponer. Por los requirentes expuso el abogado Álvaro Ferrer y por Orrego lo hizo su abogado, Ciro Colombara.

Según quienes siguen habitualmente el trabajo del Tricel y quienes han estado al tanto de este proceso, se esperaba que ese día la causa quedara en acuerdo. Por lo mismo, no fueron pocos los que interpretaron como una mala señal para el gobernador que los ministros decidieran dejar el caso en estudio.

Pese a ello, otras fuentes cercanas al proceso remarcan que es muy difícil que los titulares se inclinen por la sanción más gravosa, que sería la remoción, aunque eventualmente -comentan- podría fijarse una sanción distinta como la de suspensión del ejercicio del cargo por algunos meses.

Luego de tomarse varios días para estudiar la causa, los ministros del Tricel acordaron que será el próximo martes 8 de septiembre el día en que se reunirán para resolver.

Las posturas

En medio de su exposición ante los ministros, Ferrer aseguró que Orrego incurrió en “incumplimientos de deberes explícitos” y citó el caso de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo.

Esa vez el Tricel responsabilizó a la entonces jefa comunal de las asesorías que recibió su círculo. Se trata de las mismas asesorías que en sede penal implicaron una condena por fraude al Fisco contra Rojo, ya que se acreditó que se pagaron con fondos comunales cuando en realidad eran asesorías personales para asegurar su reelección.

Pese a la mención que hizo Ferrer, el caso de Orrego es distinto. El gobernador fue perseguido penalmente por el tema de las asesorías que contrató, pero la Fiscalía Oriente cerró dicha indagación sin imputarle cargos. Lo mismo pasó con todas las imputaciones que tuvo en el caso ProCultura.

Pese a ello, el abogado de los requirentes insistió en que el gobernador, por acción u “omisión inexcusable (…) es responsable porque no cumplió sus obligaciones”. Según expresó, la autoridad regional “traicionó e instrumentalizó el cargo (…) para perpetuarse en el”.

Si bien Ferrer no ahondó en su alegación en lo referente a la vinculación de Orrego con el caso ProCultura, en los alegatos de Colombara el abogado destinó parte importante de su exposición a ese punto.

“No existe perjuicio fiscal alguno”, dijo Colombara al destacar que ese caso se cerró, se sobreseyó, se rechazó el desafuero y no hubo pérdida de recursos, dado que logró activar los seguros y garantías.

“Fue investigado detalladamente y no hay ilegalidades. Todas las acusaciones eran falsas”, agregó el abogado en la oportunidad. De acuerdo con la defensa, “se busca removerlo (a Orrego) para hacerse del cargo”.