“Es redundante, no resuelve nada sustantivo, no contribuye en nada a la seguridad (...). Lo hicieron a la rápida y terminó siendo una chambonada”. Así, tajante, es la crítica del exministro del Interior y de la Segpres, Álvaro Elizalde, a la reforma constitucional de seguridad del gobierno.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Eugenia Fernández en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el también ex presidente del Senado y extimonel del PS acusó que se trata de una “reforma iliberal” que pone a prueba el sistema: “Si se aprueba vamos a estar sentando el primer precedente explícito de la tendencia que, lamentablemente, se ha impuesto en muchos países del mundo, de democracias que terminan destruyéndose por dentro”.

¿Hay votos para aprobar, al menos, la idea de legislar la reforma?

Si me preguntaran y todavía fuera senador -hoy día no soy senador-, y tuviera que votar esta reforma, votaría en contra de la idea de legislar.

¿Por qué?

Porque es una mala idea, una mala propuesta, es una reforma iliberal. Primero, no es eficaz para el objetivo de mejorar los estándares de seguridad. En segundo lugar, establece un estado de excepción que no tiene control parlamentario periódico pero, además, algo más complejo, que no sólo permite restringir derechos y libertades, sino que eventualmente suspender, y eso implica que por un tiempo esos derechos y libertades simplemente no existen. Autoriza la interceptación telefónica, en fin. Y las otras materias son redundantes, porque el texto constitucional es claro respecto de la obligación que tiene el Estado de proteger a las personas y velar por la seguridad pública.

¿Todo eso es aplicable principalmente al nuevo estado de excepción que se propone?

El estado de excepción, sin lugar a dudas, es una expresión clara al respecto. También tendrían que discutirse las penas accesorias que se establecen, porque eso podría afectar los esfuerzos de reinserción que son fundamentales para enfrentar el delito, no sólo desde el punto de vista punitivo -hay que sancionar a quienes cometen delitos-, también para generar condiciones sociales que desincentiven la comisión de delitos. Creo que en general es una reforma mal concebida, improvisada. No queda duda de que la redactaron a la rápida. Tiene inconsistencias evidentes. Por un lado plantea que se puede limitar el derecho a prestaciones de seguridad social pero no hace ninguna referencia al texto expreso vigente en la Constitución, en la letra h, artículo 19, número 7, que habla de la libertad personal y la seguridad individual y dice que no podrá aplicarse como sanción la pérdida de derechos previsionales.

¿Con qué fin lo harían a la rápida?

Creo que el gobierno no tenía una propuesta de seguridad concreta. Llama la atención, es una paradoja. El presidente Kast hizo tres campañas con la seguridad como uno de sus ejes centrales, pero la ministra Steinert lo reconoció, no tenía una propuesta específica. Nombraron al ministro Arrau y creo que formó un comité creativo, tomaron una serie de ideas, las analizaron desde el punto de vista quizás comunicacional, lo que era más efectista, pero no más efectivo, y la verdad es que la lucha contra la delincuencia requiere seriedad, diseño, políticas que se elaboren sobre la base de diagnósticos certeros, que es lo que se hizo con la ministra Tohá bajo el gobierno del presidente Boric.

¿No cree que se ingresó con el tejo pasado?

Creo que en esa reforma se expresa aquello en lo que creen, que da cuenta de que no hay convicciones profundas respecto de la importancia de los derechos en la democracia y los límites y contrapesos que deben existir en el ejercicio del poder. Además, lo hicieron a la rápida y terminó siendo una chambonada. Valoro que en Chile todavía hay cierta densidad democrática y han habido voces críticas a la reforma que van más allá de la oposición.

¿Fue derrotado el gobierno en esta pasada?

No quiero decir algo que transforme esto en un debate político tradicional, porque lo que está en juego es demasiado importante (...). Nuestra democracia está a prueba, este es un test. Si se aprueba una reforma de esta naturaleza vamos a estar sentando el primer precedente explícito de la tendencia que, lamentablemente, se ha impuesto en muchos países del mundo, de democracias que terminan destruyéndose por dentro.

¿Pero augura un fracaso así como está?

Espero que los que desde el oficialismo han sido críticos perseveren en la defensa de estos principios que me parece que son fundamentales.

¿Ayudaría que se saque lo del estado de excepción?

Insisto, la reforma como tal está mal concebida.

Pero lo que mete más ruido es el estado de excepción

Sí, pero, ¿por qué se va a avanzar en una conversación respecto a una mala idea? Finalmente se va a aprobar algo malo, aunque se trate de corregir. Si la idea es tan mala que a mí me parece que no se debiera perseverar siquiera en el esfuerzo de su aprobación. No solo el tema del tiempo, los 120 días prorrogables por otros 120 (...), es también que se suspenden libertades, partiendo por la libertad individual. Esta reforma me recuerda el artículo 24 transitorio.

Estamos hablando de la dictadura, no es lo mismo

Está bien, pero las democracias se terminan socavando cuando no se tiene una voz enérgica para defender principios que son fundamentales.

¿Hay clima para generar una coalición en su sector como anhela la nueva presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans?

Me parece que tenemos que promover la unidad amplia de todos los sectores progresistas.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, decía hoy que no hay ánimo para eso

En las resoluciones formales del Partido Socialista cuando el Comité Central, que es el órgano máximo de dirección, se ha tenido que pronunciar, ha sido aprobado unánimemente el voto de trabajar por la unidad amplia de todos los sectores progresistas. (...) Y la unidad se tiene que expresar, cuando hay elecciones, obviamente en coaliciones electorales, y el Partido Socialista siempre se la ha jugado porque así sea.

¿Está disponible para presidir nuevamente el PS?

He señalado que no está en mis planes.