Ayer, quienes seguimos de cerca el debate educacional recibimos una muy buena noticia. La Comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), poniendo nuevamente en marcha una reforma que familias y establecimientos educacionales esperan hace años.

La Ley de Inclusión reemplazó los procesos de admisión de cada establecimiento por un sistema centralizado, que trasladó la decisión desde los colegios a un algoritmo administrado por el Ministerio de Educación. Hoy, cuando una institución tiene más postulantes que vacantes, ese sistema los ordena según cuatro criterios fijados en la ley, los cuales una vez agotados terminan definiendo el cupo por azar. En el último proceso, el 60,1% de los alumnos asignados en instituciones sobredemandadas obtuvo su lugar por un número aleatorio. Ese diseño deja fuera parte de lo que vincula a un estudiante con un colegio, como lo es su trayectoria, su desempeño y la adhesión de su familia al proyecto educativo. Y el costo del azar no es neutro: lo pagan, sobre todo, los niños y jóvenes con mejor rendimiento. Ejemplo de esto es que quienes no quedan en su primera preferencia obtienen, en promedio, cerca de diez puntos más en el Simce que quienes sí lo logran.

El caso chileno es, además, una excepción. Según PISA 2022, más de la mitad de los estudiantes de la OCDE asisten a establecimientos que consideran el rendimiento académico en la admisión; en Chile, apenas uno de cada diez. Y en 33 de los 37 países con información disponible, la mayoría de los alumnos concurre a colegios donde la admisión la decide la propia institución. En nuestro país, en cambio, siete de cada diez asisten a uno donde esa decisión recae en una autoridad centralizada, lejos de las comunidades escolares.

El proyecto se hace cargo de este diagnóstico. Incorpora un mecanismo de elección mutua, voluntario y previo a la asignación aleatoria, para los establecimientos que tuvieron más postulantes que vacantes en el proceso anterior. Estos podrán ordenar a sus postulantes según criterios propios -resguardando la no discriminación arbitraria- como la adhesión al proyecto educativo y, desde 7° básico, el desempeño académico. Es un cambio sustantivo, cuyo alcance se puede potenciar con cuatro aspectos aún abiertos.

El primero es la definición de sobredemanda que habilita la elección mutua. Si se mide en el agregado del establecimiento, alcanzaría a 2.500 colegios; si se mide por al menos un nivel, a 4.400. Bajo la primera alternativa, cerca de 1.900 instituciones con algún curso sobredemandado seguirían asignando por azar. Esa precisión no puede quedar entregada al reglamento, sino que debe fijarla la ley, considerando a todo proyecto educativo con al menos un nivel sobredemandado. El segundo es el mecanismo general de asignación. Quienes no apliquen la elección mutua, sea por los costos de gestión que implica o porque enfrentan sobredemanda por primera vez, la aleatoriedad seguirá operando como hoy. Si el objetivo es disminuir el peso del azar, el rendimiento académico debe incorporarse también como criterio de priorización en este mecanismo, y cada establecimiento debe poder ordenarlos en coherencia con su proyecto educativo.

El tercero es la continuidad de las trayectorias. Un estudiante que termina la básica en un colegio y quiere seguir la media en otro del mismo sostenedor debe postular como cualquier otro, aunque en la práctica se trate de un mismo proyecto educativo. La iniciativa reconoce este vínculo solo en la elección mutua, por lo que debe extenderse también al mecanismo general. El cuarto es la situación de los estudiantes expulsados. Hoy, un alumno al que se le canceló la matrícula por afectar gravemente la convivencia escolar puede volver a ser asignado a la misma institución de la que fue separado. La Superintendencia de Educación ya abordó esta situación mediante un dictamen, pero corresponde que la ley lo establezca como regla general.

Más que un ajuste técnico, este proyecto es un acto de confianza: por primera vez en una década, la admisión escolar vuelve a mirar a los colegios, a las familias y al esfuerzo de los estudiantes. Deja atrás un diseño que trata a todos por igual ante el azar, sin importar su trayectoria, y le devuelve al mérito el lugar que nunca debió perder. Es una reforma que Chile necesita, y que no puede esperar.

Por Francisca Espinoza, directora de Estudios, Acción Educar