Hace dos años, Iván Pérez Varas fue detenido por el delito de incendio en la comuna de Cerrillos. Producto de ello, fue formalizado ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago y se decretó su prisión preventiva, una medida cautelar que cumplía en la cárcel de Valparaíso.

En función de ello, el defensor penal público que lo representaba, Roberto Pasten, activó una serie de gestiones, advirtiendo antecedentes que daban cuenta de que se encontraba en situación de enajenación mental y que, por tanto, podría ser inimputable.

Se pidieron informes y durante el proceso el tribunal ordenó que Pérez fuera trasladado desde el penal en que había sido ingresado hasta el Instituto Psiquiátrico José Horwitz.

Sin embargo, y aunque dicha disposición se adoptó hace casi un año, el interno nunca fue trasladado y a fines de la semana pasada se quitó la vida, lo que desde la Defensoría Penal Pública (DPP) califican como un hecho grave que debe al menos ser considerado como señal para buscar una solución ante la falta de cupos en instituciones que puedan albergar a imputados con diagnósticos psiquiátricos.

El jefe de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, Eduardo Camus, asegura que durante el proceso que se siguió en torno a Pérez, “se solicitó una pericia psiquiátrica cuyo resultado determinó que era inimputable debido a su condición de salud mental”.

Por lo anterior, conforme a la regulación del artículo 458 del Código Procesal Penal, la defensa solicitó la suspensión del procedimiento ante el Juzgado de Garantía, lo que fue acogido el 7 de noviembre de 2025. En ese momento, el tribunal ordenó el ingreso del imputado al Instituto Psiquiátrico Doctor José Horwitz Barak a fin de que fuese examinado.

“El 4 de diciembre de 2025 dicho establecimiento informó que el señor Pérez se encontraba en el lugar 126 de la lista de espera para su ingreso al recinto. Posteriormente, el 10 de junio de 2026, el Instituto emitió su informe, cuyas conclusiones concordaron con el diagnóstico de enajenación mental presentado por la defensa”, complementó el profesional.

De acuerdo con los detalles que entregaron desde la DPP, la defensa de Pérez solicitó en siete oportunidades la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva e internación provisional -denominación legal de la privación de libertad para personas con enajenación mental-, solicitudes que fueron rechazadas.

Considerando la situación, Camus indicó que para la DPP “es una preocupación permanente la situación de las personas con diagnóstico de enajenación mental que permanecen en centros penitenciarios ordinarios sin el tratamiento ni las condiciones adecuadas para su situación médica”.

Lo anterior, como detalló, porque “aunque el Código Procesal Penal mandata que la internación provisional debe cumplirse en un establecimiento asistencial especializado, en la práctica la medida no se ejecuta con la celeridad requerida debido a la falta de cupos en la red de salud pública, lo que genera las listas de espera previamente mencionadas”.

Según enfatizó, actualmente, el ingreso a un establecimiento de salud para una persona en esta condición procesal puede demorar cerca de un año, por lo que insistió en que como entidad esperan que esta situación pueda ser subsanada prontamente “para que evitemos lamentar nuevamente otras situaciones como estas”.

La alta ocupación no es la única de las falencias que enfrenta la unidad de personas imputadas del Psiquiátrico Horwitz. Recientemente, de hecho, la jueza titular del 6° Juzgado de Garantía de Santiago Vania Boutaud, evidenció una serie de otras irregularidades.

La magistradas, como publicó Radio Biobío, emitió un informe donde abordó especialmente las situación de mujeres en el recinto, haciendo presente que enfrentan “tratos crueles e inhumanos”.

Como evidenció la magistrada, las imputadas eran monitoreadas por funcionarios hombres, tenían acceso restringido a agua potable durante la noche y, entre otras cuestiones, falta de privacidad en baños.