La historia del exjuez Luis Barría acaba de llegar a su fin en el Poder Judicial. El controvertido magistrado, luego de una pugna de varios años con una jueza de su misma jurisdicción de Rancagua por acoso sexual, finalmente fue cesado de su cargo.

Sin embargo el fin de su carrera en la magistratura no fue producto de una sanción disciplinaria en su contra por parte de sus superiores, sino como resultado derivado de una condena -en sede penal- por abuso sexual en la que la víctima fue otra mujer, en este caso, una funcionaria administrativa también de la jurisdicción de Rancagua.

La historia se remonta hace ya varios años cuando la jueza se atrevió a exponer el acoso sexual que sufría por parte de Barría.

Cuando la jueza tomó la decisión de confrontar directamente a Barría, fuentes que supieron del caso cuentan que el acoso cesó, pero la situación derivó en un ambiente laboral hostil. Esto se prolongó por años, según se consignó en su momento en la denuncia contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) que ingresó la jueza ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Fue en 2022 que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) calificó su afección de salud como enfermedad de origen laboral. Fue a partir de ese momento que la ACHS mandató el cumplimiento de una serie de medidas de mitigación a la CAPJ en su calidad de empleador de la jueza denunciante.

Aquella vez se pidió la “separación física de los agresores identificados en el ámbito de hostigamiento laboral”, el “desarrollo y difusión de un protocolo de reintegro efectivo” y la “actualización y difusión del protocolo de denuncia de acoso laboral”. La única que sí se cumplió fue la orden de la “separación física y funcional del agresor sexual”.

Pese a lo determinado por la ACHS, la CAPJ nunca cumplió los plazos fijados para ejecutar las medidas de mitigación y fue por esa razón que la jueza ingresó una demanda por tutela laboral que se ventiló en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En ese proceso la CAPJ intentó lavarse las manos. Para eso desplegó en su defensa el argumento de que la corporación no es el empleador de la jueza denunciante. La batalla en sede laboral fue larga y en marzo de 2025, el tribunal acogió la demanda.

En la sentencia se rechazó ese argumento y se reconoció a la CAPJ como empleadora, marcando así un precedente. El fallo también dio por acreditado el acoso sexual y se condenó a la CAPJ por vulnerar los derechos fundamentales de la jueza denunciante. Por esa razón ordenaron medidas adicionales a las ya incumplidas. Tras una serie de recursos posteriores, el fallo quedó firme, en todas sus etapas procesales, en mayo de 2026.

Las medidas adicionales que se mandataron fueron “la intervención de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema en el tribunal donde ocurrieron los hechos” y “la aceleración de los procesos administrativos internos que llevaban años sin resolución”.

“El tribunal no solo acreditó el acoso sexual, constató que la respuesta de la institución fue insuficiente, y por eso ordenó medidas de mitigación adicionales. Y hoy, casi cuatro años después, ninguna de las medidas. Ni las de la ACHS, ni las que ordenó el propio fallo han sido cumplidas. Mi representada ganó en tribunales y sigue esperando que el Poder Judicial cumpla lo que el Poder Judicial mismo ordenó”, afirma a La Tercera Francisca Millán, abogada AML Defensa de Mujeres quien representó a la jueza denunciante.

El asunto también ha recibido el apoyo de otras juezas. “El fallo confirma que no basta con establecer mecanismos de protección, hay que cumplirlos. Apoyamos a la denunciante a través del amparo de género, y continuaremos haciéndolo hasta que las medidas decretadas estén total y efectivamente cumplidas. El alcance de esta sentencia va más allá de este caso y envía un mensaje claro, cualquier funcionaria que sea víctima, tiene derecho a estar protegida”, dice la jueza y presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas María Geraldine Aguirre.

Cese de funciones

Pese al caso levantado por la jueza, Barría siguió en el Poder Judicial. Lo único que ocurrió con él es que, producto de un sumario, fue trasladado como juez de garantía para ser relator de la Corte de Rancagua.

Sin embargo, su suerte cambió, luego de que una funcionaria administrativa llevara al magistrado a sede penal.

Ese proceso terminó con una condena por abuso sexual que quedó firme por parte de la Segunda Sala de la Corte Suprema en mayo de este año. La gran novedad es que el 10 de agosto Barría cesó en su cargo de relator de la Corte de Rancagua por disposición legal automática derivada de esa condena.

Pese a su salida de la magistratura, la jueza que lo denunció en primera instancia aún sigue a la espera de que la CAPJ cumpla con las medidas de mitigación exigidas.