La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó este miércoles una reforma constitucional para impedir que las personas condenadas por abuso sexual o violación puedan acceder a la rebaja de sus condenas por este delito, basados en legislaciones anteriores a la vigente.

El proyecto se fundamenta luego de conocerse que el Ministerio de Justicia, a cargo del ministro Fernando Rabat, firmó 56 rebajas de penas a sentenciados por este tipo de agravios cometidos contra menores de edad, entre marzo y septiembre de 2026.

De los 56, 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por violación, de acuerdo con lo publicado por Interferencia.

En ese contexto, la moción fue presentada por la diputada Ximena Ossandón, apoyada por sus pares Carlos Chandía, Juan Carlos Beltrán, Francisco Orrego, Daniel Valenzuela, Eduardo Durán, Diego Schalper y Claudia Mora, además del diputado Jorge Guzmán (Evópoli).

Esta busca modificar el artículo 19 de la Constitución para establecer reglas claras sobre la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios e impedir que interpretaciones retroactivas permitan reducir el tiempo efectivo de cumplimiento de estas condenas.

La controversia surge a raíz de los recursos de amparo presentados por condenados por delitos sexuales cometidos antes de 2022, cuando entró en vigencia la Ley 21.421, que restringió el acceso a beneficios de reducción de condena para estos delitos. Estos recursos han abierto un debate jurídico sobre la aplicación de las nuevas restricciones a hechos ocurridos con anterioridad a la promulgación de la normativa, materia que ha sido abordada por la Corte Suprema.

La diputada Ossandón, afirmó que “definitivamente hay una barrera constitucional que, al menos en este caso, no parece razonable”.

“Como Congreso hemos venido dando un tratamiento especial a los delitos sexuales, y esta propuesta se enmarca en ese esfuerzo. No podemos tolerar que violadores y abusadores reduzcan sus penas y se amparen en regímenes legales que ya tenemos superados como sociedad”, agregó Ossandón.

El jefe de bancada, Diego Schalper, sumó que “nos parece que una cosa así no es procedente y, por lo tanto, nos parece que hay que terminar con esa atribución, y por eso hemos presentado un proyecto de ley en esa dirección”, complementó.

Su par, Claudia Mora, señaló que “no podemos permitir que las contradicciones en la interpretación de la ley terminen abriendo espacios para reducir condenas que deben cumplirse efectivamente”.

“Esta reforma busca entregar certeza jurídica, proteger a las víctimas y asegurar que los beneficios penitenciarios se otorguen conforme a reglas claras, sin que exista un derecho automático a obtenerlos. La prioridad debe estar en la justicia y en la protección de quienes han sufrido estos delitos”, sostuvo.

La reforma de RN

La reforma busca incorporar un nuevo párrafo en el numeral tres del artículo 19 de la Constitución.

El texto establece que “la procedencia de los beneficios de reducción de condena o de cualquier otra forma de poner término anticipado a penas que se cumplieren mediante privación de libertad efectiva se determinará conforme a la ley vigente al momento en que corresponda resolver sobre su otorgamiento, tratándose de condenados por delitos sexuales”.

También se busca agregar una disposición transitoria, donde se establece que las nuevas reglas se aplicarán a las solicitudes de reducción de condena que aún no hayan sido resueltas al momento de entrar en vigencia la modificación propuesta.

Además, que “los beneficios que hubieren sido concedidos por resolución administrativa a condenados por delitos sexuales dentro de los seis meses anteriores a la publicación de esta reforma, quedarán sin efecto de pleno derecho”.