“Confío en que esta subcomisión sabrá corregir un presupuesto que, de aprobarse en los términos propuestos, comprometería por muchos años la capacidad de Chile para construir su propio desarrollo”. Así termina su carta el rector de la Pontificia Universidad Católica (PCU) y presidente de la Red G9 de Universidades Públicas No Estatales, Juan Carlos de la Llera, donde expresa su preocupación por el presupuesto propuesto por el gobierno de Chile para la partida del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

De la Llera dice escribir el documento “también como alguien que ha dedicado 40 años de su vida a la investigación y que ha experimentado el valor de lo que ha construido Chile en este tema, los muchos años que toma construir una capacidad científica en un país y lo poco que cuesta deteriorarla o simplemente perderla”.

En una nueva sesión de la la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, presidida por Yasna Provoste (DC), De la Llera se refirió en duros términos al proyecto que “reduce el gasto neto de la Partida 30 en 6,4% real respecto de la Ley base comparable 2026 y un 10,2% real respecto de la Ley Inicial 2026. Esta última situación representa un detrimento de 60,357 millones (usando un IPC promedio conservador de 2,88%). En pesos nominales, el monto propuesto para la Partida queda incluso por debajo de lo aprobado para el año 2025”, dice la máxima autoridad de la PUC.

El rector enumera y desmenuza los que a su juicio debiesen ser “los principios que este presupuesto debiera respetar”: el financiamiento público de la ciencia en Chile, que ya es bajo, no debe retroceder en términos reales; Chile parte desde una inversión en esta área que ya es insuficiente; el conocimiento es la base de una economía pujante y diversa; el talento es la inversión de más largo plazo y la más fácil de perder; Chile es un polo de atracción para América Latina y debe seguir siéndolo; una política pública necesita un foco reconocible.

Aquí el texto íntegro:

Declaración ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos

Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, Partida 30, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Señora Presidenta, honorables miembros de la Cuarta Subcomisión Mixta:

Hace algunos días me dirigí a ustedes para expresar la preocupación del grupo de universidades G9 por el presupuesto propuesto por el gobierno de Chile para la partida de Educación Superior. Vuelvo a hacerlo hoy, con una inquietud de la misma naturaleza e igualmente profunda, respecto del presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Escribo en mi calidad de rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y como presidente de la Red G9 de universidades públicas no estatales. Escribo también como alguien que ha dedicado 40 años de su vida a la investigación y que ha experimentado el valor de lo que ha construido Chile en este tema, los muchos años que toma construir una capacidad científica en un país y lo poco que cuesta deteriorarla o simplemente perderla.

Como ya se ha mencionado, el proyecto reduce el gasto neto de la Partida 30 en 6,4% real respecto de la Ley base comparable 2026 y un 10,2% real respecto de la Ley Inicial 2026. Esta última situación representa un detrimento de 60,357 millones (usando un IPC promedio conservador de 2,88%). En pesos nominales, el monto propuesto para la Partida queda incluso por debajo de lo aprobado para el año 2025. Estas cifras merecen leerse con mucho cuidado, porque un presupuesto es la expresión más concreta de las prioridades de un país, y lo que este proyecto transmite es que la generación de conocimiento puede esperar. Más que en los números que han sido y serán expuestos, quisiera detenerme en algunos principios que debieran orientar un presupuesto de esta naturaleza, porque es precisamente en ese plano donde el proyecto a nuestro modo de ver muestra su mayor debilidad.

Los principios que este presupuesto debiera respetar

Primero, el financiamiento público de la ciencia en Chile, que ya es bajo, no debe retroceder en términos reales. La investigación se organiza en horizontes de tres, cinco o diez años. Un proyecto de investigación, un centro de excelencia o un programa de doctorado comprometen a personas y equipos mucho antes de producir resultados. El daño de un retroceso real como el propuesto se reflejará en los investigadores jóvenes que emigran, en los equipos que se desarman y en la confianza de quienes evalúan si vale la pena hacer una carrera científica/académica en Chile. Lamentablemente, no existe buena investigación sin ese talento. Mantener el valor real es el piso mínimo de cualquier política seria en esta materia. Para el conjunto de la Partida, preservar al menos el poder adquisitivo de la base comparable 2026 exigiría reponer cerca de 37.600 millones de pesos.

Segundo, Chile parte desde una inversión en esta área que ya es insuficiente. Nuestro país destina entre 0,36%-0,41% de su PIB a investigación y desarrollo. El promedio de la OCDE bordea el 2,7%, y países como Corea e Israel superan el 5%. Hace años que ocupamos el último lugar entre los miembros de esa organización, y el propio Estado se fijó en el pasado la meta de alcanzar un 1%. Hoy existe suficiente capacidad de investigación en Chile para absorber un aumento de esta naturaleza. Un recorte como el propuesto difícilmente puede presentarse como parte de un esfuerzo compartido de austeridad, porque recae sobre un sector que nunca llegó al nivel mínimo desde el cual tendría sentido producir este ajuste. Recortar estando tan abajo equivale, en los hechos, a renunciar expresamente a lograr esta meta.

Tercero, el conocimiento es la base de una economía pujante y diversa. (Chile es Nature índex 33 - líderes de investigación). La productividad de la economía chilena lleva más de una década prácticamente estancada, y nuestra canasta exportadora sigue dependiendo de la producción de un número bastante reducido de materias primas. Las oportunidades que hoy se abren al país en litio y cobre, en hidrógeno verde, energías renovables, en astronomía, en alimentos, en mayor resiliencia ante desastres o en inteligencia artificial se transforman en riqueza solo si existe capacidad propia para investigar y para llevar ese conocimiento en valor al Estado y la empresa. Programas como FONDEF, la investigación asociativa, los centros tecnológicos y los instrumentos de transferencia y licenciamiento son justamente los puentes entre la universidad y el sector productivo. El proyecto los reduce en 17,5%, 17,3%, 15,5% y 64,8% reales, respectivamente. Resulta difícil imaginar una señal más contradictoria con el objetivo de diversificar la economía que el propio Estado ha declarado hace mucho tiempo.

Cuarto, el talento es la inversión de más largo plazo y la más fácil de perder. Becas Nacionales de postgrado disminuye 5,0% real, Becas Chile 5,4% y el Programa de Inserción de Investigadores 37,9%. Desaparecen además los recursos para cursos de idiomas. Formar a un doctor toma más de una década desde que ingresa a la universidad, y perderlo puede bastar una convocatoria que no se abre o una posibilidad de inserción que no llega. Chile ha invertido durante años en formar a miles de investigadores en el país y en el extranjero. Reducir drásticamente los recursos para que se incorporen a nuestras universidades y empresas es dejar esa inversión a medio camino y, en muchos casos, regalarla a otros países.

Quinto, Chile es un polo de atracción para América Latina y debe seguir siéndolo. Durante las últimas dos décadas, nuestras universidades se han convertido en destino de estudiantes de posgrado, postdoctorandos e investigadores de toda la región. Muchos de ellos se quedan, forman familia, crean empresas y fortalecen nuestros equipos de trabajo. Ese atractivo es uno de los activos menos visibles y más valiosos del país, y descansa sobre laboratorios bien equipados, becas estables y horizontes de carrera previsibles. FONDEQUIP, el fondo que financia el equipamiento científico mayor, cae 78,7% real, de 13.723 a 2.922 millones de pesos. Un laboratorio que no renueva su equipamiento deja de atraer talento con una rapidez abismante.

Sexto, una política pública necesita un foco reconocible. Después de revisar el proyecto con detalle, cuesta identificar cuál es la estrategia que lo ordena. Se crea una línea de 514 millones de pesos para el posicionamiento internacional de la ciencia chilena, mientras se recortan en cerca de 10.800 millones los recursos para equipar los laboratorios donde esa ciencia se produce. Se incorpora una asignación nueva de 412 millones para capacidad de cómputo en inteligencia artificial, mientras el Fondo de Investigación para Universidades cae 32% real y el apoyo a la innovación en educación superior (INES), 50%. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la instancia llamada a pensar la estrategia de largo plazo, pierde un tercio de su presupuesto. Las nuevas iniciativas pueden ser valiosas, pero su escala es mínima frente a lo que se pierde, y el resultado se parece más a la suma de ajustes parciales que a una política con un direccionamiento claro. Si existe un foco, el proyecto no lo comunica, y pienso que el Congreso tiene derecho a conocerlo antes de aprobarlo.

La señal que Chile envía al mundo desarrollado

Chile ingresó a la OCDE en 2010 con la aspiración de converger hacia las economías desarrolladas. Lo que finalmente distingue a esas economías es su capacidad para generar conocimiento y convertirlo en valor, más que la abundancia de sus recursos naturales. Por eso el presupuesto de ciencia se observa desde fuera como un indicador de seriedad institucional. Lo leen las universidades extranjeras con las que colaboramos, los consorcios internacionales que operan en nuestro territorio, incluidos los grandes observatorios astronómicos, y las empresas que evalúan instalar en Chile sus centros de investigación. Cuando un país que ya invierte poco decide invertir todavía menos, el mensaje que reciben es que Chile se conforma con su rol de proveedor de insumos a economías desarrolladas y que sus compromisos de largo plazo en ciencia son reversibles ante el primer ciclo fiscal adverso. Esa imagen se instala con facilidad y toma años corregirla.

Lo que hicieron otros países en tiempos de estrechez

La experiencia internacional muestra que los países que hoy admiramos tomaron la decisión contraria en sus momentos más difíciles.

Finlandia enfrentó a comienzos de los años noventa una de las crisis más severas vividas por un país desarrollado en la posguerra. Entre 1991 y 1993 su producto cayó más de 10% y el desempleo pasó de 3,5% a cerca de 20%. En ese contexto, el país decidió apostar por el conocimiento. Su inversión en investigación y desarrollo subió de 2,0% del PIB en 1991 a 3,4% en 2000, y el gasto público en este ámbito creció 25% solo entre 1996 y 1999. Esa decisión está en la base de su transformación en una de las economías más innovadoras y competitivas del mundo.

Corea del Sur, durante la crisis asiática de 1997, vio cómo sus empresas recortaban la inversión en investigación y reducían sus equipos de investigadores. El Estado respondió aumentando su propio gasto para compensar esa caída, elevando su participación en el gasto nacional en I+D desde menos de 20% a 27%. En cerca de dos años, la investigación industrial había recuperado su nivel previo a la crisis, y el país emergió con una base tecnológica más sólida que la que tenía antes.

Alemania, en plena crisis financiera de 2009, acordó entre el gobierno federal y los dieciséis estados un paquete de 18.000 millones de euros adicionales para investigación y educación superior durante la década siguiente. Garantizó a Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz y Max Planck aumentos de 5% anual en sus presupuestos y extendió su Iniciativa de Excelencia universitaria.

La lección es consistente. Los períodos de estrechez fiscal son justamente aquellos en que un país debe proteger sus capacidades científicas, porque reconstruirlas después cuesta mucho más que haberlas preservado, y porque es en la salida de las crisis donde el conocimiento acumulado marca la diferencia.

Lo que solicitamos

Solicitamos respetuosamente a esta Subcomisión que el presupuesto de la Partida 30 recupere, como principio, el valor real de la base comparable 2026. Dentro de ese marco, consideramos urgente restituir FONDEQUIP a un nivel de 13.723 millones de pesos, lo que exige reponer 10.801 millones; asegurar al Fondo de Investigación para Universidades un monto de al menos 12.145 millones, para dar continuidad a las iniciativas FIU Frontera y FIU Territorial ya adjudicadas; y llevar FONDECYT a 203.350 millones, de modo que conserve el valor inicial aprobado para 2026 en términos reales. Estas tres reposiciones suman alrededor de 16.759 millones de pesos, una cifra modesta en el presupuesto de la Nación y decisiva para el sistema científico. Pedimos también revertir la reducción de Becas Nacionales, Becas Chile y del Programa de Inserción de Investigadores, de modo que la cadena entre formación, postdoctorado e inserción no se interrumpa. Finalmente, solicitamos que las glosas distingan con claridad los recursos destinados a compromisos plurianuales de aquellos disponibles para nuevas convocatorias.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación nació en 2018 con un amplio respaldo transversal, porque el país entendió que el conocimiento es una tarea de Estado que trasciende a los gobiernos. Ese mismo espíritu es el que hoy les pedimos preservar. Confío en que esta Subcomisión sabrá corregir un presupuesto que, de aprobarse en los términos propuestos, comprometería por muchos años la capacidad de Chile para construir su propio desarrollo.

Les saluda en nombre de las y los rectores de la red G9 con especial consideración,

Juan Carlos de la Llera

Rector

Pontificia Universidad Católica de Chile

Presidente de la Red G9 de Universidades Públicas No Estatales