Agosto no solamente es considerado el mes de los gatos, sino también el mes en que la Ley de Transparencia -o Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública- está de aniversario. Este 2025 cumplió 18 años luego de haber sido promulgada en 2008. Esta es la legislación que permite a los ciudadanos revisar o solicitar información a los organismos públicos.

Para esto, cualquier persona, a través de un formulario, debería tener una respuesta en 20 días hábiles de parte de la entidad.

Para conmemorar la fecha, el Consejo para la Transparencia (CPLT) -entidad a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la ley- realizó un nuevo catastro respecto de la cantidad de solicitudes de información que están haciendo los ciudadanos, así como también los reclamos que hacen ante el CPLT contra los organismos públicos que no responden los requerimientos. La entidad, presidida por Natalia González, dio cuenta de un alza histórica en ese aspecto.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso La Tercera, el primer semestre del 2026 arrojó que los ciudadanos hicieron un total de 167.185 solicitudes a los distintos organismos de la administración pública, la cifra más alta desde la creación del Portal de Transparencia, que es un sitio web elaborado por el CPLT que permite hacer las solicitudes de forma sintetizada.

Según el detalle de las solicitudes, las materias más consultadas fueron migraciones y residencias (15.652), sumarios administrativos y oficios de Contraloría (13.627), grabaciones de cámaras de seguridad por accidentes y robos (13.535), antecedentes sobre propiedades y terrenos (11.683) y pagos y multas (11.338).

Si se compara con otros semestres, el primero de 2026 es el más alto: el primer semestre del 2025 hubo 156.478 consultas, lo que representa un incremento porcentual del 6,8%. El mismo de 2024 fue de 154.650, y en 2023, fueron 148.045. La tendencia ha sido al alza si se considera el año completo. El 2025 fueron 311.634 solicitudes, seguidas por 303.916 del 2024 y 302.950 del 2023.

Las entidades más requeridas de información fueron el Servicio Nacional de Migraciones (5,5%), la Subsecretaría de Bienes Nacionales (2,8%), la Dirección General de Aguas (2,4%), la Dirección del Trabajo (1,9%) y la Subsecretaría del Interior (1,8%).

Otro dato revelador es la cantidad de casos dirigidos a la entidad para protestar contra los organismos que no han entregado información. Los casos se dividen en amparos y reclamos, el primero es cuando un organismo no responde y el segundo cuando una entidad pública no tiene disponible en su web cierta información.

Fueron 8.620 casos ingresados durante el primer semestre de 2026, lo que representa un alza del 20,7% respecto del mismo periodo del 2025, cuando hubo un total de 7.140.

Por lo mismo es que González valora que “estos datos muestran que la transparencia no es un asunto abstracto: las personas la usan para resolver problemas concretos, desde conocer el estado de un trámite hasta reunir antecedentes por un accidente. También vemos que más ciudadanos recurren al Consejo cuando un organismo no responde o mantiene información sin publicar. Nuestro deber es lograr que ese derecho funcione en la práctica y sea garantizado, y, al mismo tiempo, promover que se ejerza responsablemente, como una herramienta útil para evaluar la labor del Estado y ejercer otros derechos, pero evitando un ejercicio abusivo que distraiga indebidamente a los organismos públicos de las labores que tienen que desarrollar”.

La jurista además enfatiza sobre lo que ya venía hace tiempo destacando: la necesidad de continuar con el fortalecimiento de la ley. De hecho, existe una Ley de Transparencia 2.0 que está durmiendo en el Congreso Nacional en su segundo trámite constitucional en el Senado, a la que no se le ha puesto urgencia.

González recalca que “el aumento sostenido de las solicitudes y casos presentados al CPLT confirma que la ley sigue siendo necesaria, pero también que debe ponerse al día. Chile requiere información pública más fácil de encontrar, en formatos abiertos y reutilizables, y herramientas tecnológicas que permitan un mejor acceso a información y una mayor eficiencia en la fiscalización. La propuesta de nueva Ley de Transparencia del Consejo busca avanzar en esas tareas pendientes y ofrece una oportunidad para que el Congreso retome este debate”.