Golpe a Fiscalía en caso Imperio Ámsterdam: Corte de Santiago revoca prisión preventiva de ocho imputados
El tribunal de alzada dejó sin efecto las medidas cautelares decretadas y estableció para 10 imputados arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre sí.

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución dictada el pasado 2 de septiembre por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que había decretado prisión preventiva para ocho imputados y arresto domiciliario total para otros dos.
La resolución afecta a Matías Landerer, Andrés Astorga, Gino Athens, Mario Astorga, Sergio Olmedo, Luis Quintanilla, Rodrigo Buzeta y Raimundo Silva, quienes se encontraban en prisión preventiva.
También beneficia a Tomás Heusser y Jorge Musa, quienes cumplían arresto domiciliario total.
En su resolución, la Corte dejó sin efecto esas medidas y estableció que los 10 imputados quedarán sujetos a las mismas cautelares: arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre ellos y con los demás imputados de la causa.
De esta manera, los imputados podrán permanecer en libertad mientras continúa la investigación, aunque tendrán prohibición de salir del país y deberán cumplir periódicamente con su firma ante la autoridad correspondiente.
La Corte fundamentó su decisión en las normas del Código Procesal Penal citadas en la resolución, entre ellas los artículos 122, 140, 155 y 370.
En términos prácticos, la decisión no implica el término de la investigación ni una absolución de los imputados. Lo que cambia es la medida cautelar que deberán cumplir mientras se desarrolla la causa: pasan de estar privados de libertad —o con arresto domiciliario total— a enfrentar el proceso bajo medidas cautelares de menor intensidad.
Fiscalía seguirá investigando
Posterior a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, la Fiscalía Regional de Aysén, informó que la investigación por tráfico ilícito de drogas, cultivo de plantas del género cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, continúa.
“Sobre esta decisión, el Ministerio Público expresa respetar las determinaciones judiciales pese a no compartir la resolución”, afirmaron en una declaración pública.
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