A inicios de agosto el gobierno ingresó un anunciado proyecto para modificar el proceso de desmunicipalización de la educación pública. La iniciativa posterga hasta 2040 la entrada plena en régimen de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y flexibiliza las condiciones para que los municipios puedan continuar administrando establecimientos.

En ese camino, una de las principales instancias creadas para evaluar esa reforma no fue consultada por su opinión. Se trata del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, organismo encargado de asesorar al Presidente sobre la instalación y funcionamiento de los SLEP y que, entre otras atribuciones, puede recomendar cambios al calendario de traspasos, excluir temporalmente comunas del proceso o incluso modificar el número de servicios locales.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, y el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, integraron anteriormente ese mismo consejo que hoy atraviesa una situación transitoria.

La ley 21.819 que busca mejorar la desmunicipalización, publicada el 25 de mayo tras casi dos años de tramitación, reforzó las atribuciones de esa instancia experta y estableció que los seis integrantes desde ahora deben ser propuestos por el Presidente a través del Mineduc y aprobados por dos tercios del Senado.

La norma otorgó 90 días corridos para realizar esas designaciones. Ese plazo se cumplió el 23 de agosto y ya se definieron a los consejeros que se propondrán.

Se trata de Lorena Medina, académica de la Facultad de Educación de la PUC y encargada programática del sector de la campaña presidencial de Yasna Provoste; Pablo González, profesor titular de Economía y Negocios de la UNAB; Trinidad Montes, fundadora de Red Directiva; Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD; Víctor Ruiz, decano de la Facultad de Educación de la USS; y Valentina Quiroga, gerenta del Centro de Desarrollo Humano de Fundación Chile.

La nominación es relevante además por otra dimensión: varias de las decisiones incluidas ahora en el proyecto del gobierno corresponden a materias sobre las cuales el consejo está facultado expresamente para pronunciarse.

Por eso la pregunta que ahora circula entre quienes han seguido de cerca la reforma es qué ocurrirá si el nuevo Consejo de Evaluación, una vez constituido, recomienda un camino distinto al que acaba de proponer el Ejecutivo, que es aplazar hasta 2040 la total implementación de la ley y al mismo tiempo flexibilizar los requisitos para que los municipios puedan optar a no traspasar sus colegios.