La contralora general Dorothy Pérez abordó frente la comisión especial investigadora por la gestión de la exministra Trinidad Steinert que la entidad mantiene sumarios administrativos y una investigación penal en curso por la filtración del preinforme respecto al caso de niños haitianos.

Y es que la primera parte de esta investigación que llevaba la Contraloría contra Migraciones y la PDI detallaba que habían al menos 64 menores de edad de nacionalidad haitiana que se encontraban inubicables tras haber llegado al país con una visa de reunificación familiar.

La situación abrió una “caja de pandora” y levantó una investigación que aunque permitió encontrar a los menores señalados en el preinforme, todavía mantiene una causa penal abierta por eventual tráfico de menores de edad.

El tema lo levantó la contralora precisamente haciendo una comparación con la respuesta de la institución frente a una posible filtración de documentos o información reservada en el caso de la exministra Steinert, que descartó de plano tras las consultas del diputado Benjamín Moreno (Rep).

“Pesa sobre cada uno de nuestros funcionarios y sobre quien les habla el deber de guardar esa reserva sujetos a las sanciones penales del delito de revelación de secreto y otros delitos en los que pudiéramos incurrir por dar a conocer el contenido de esos informes”, comenzó explicando.

Detallando que ante una filtración la entidad asume una responsabilidad administrativa y también penal.

“La Contraloría no ha tenido filtraciones de antecedentes y en el único caso que nosotros visualizamos que un informe de carácter reservado, porque todavía era un preinforme de observaciones, circuló en los medios de comunicación, la Contraloría solicitó al Consejo de Defensa del Estado presentar una querella en contra de los funcionarios públicos que resultaron responsables de esa revelación, porque nosotros tomamos múltiples resguardos para que esto no suceda y sin embargo, cuando notificamos al servicio para que de respuesta y se defienda o presente sus argumentaciones, el oficio con el preinforme en ese caso salió a la luz pública”, relató.

“Hay sumarios en curso para dar el ejemplo paralelo en esta materia, pero también hay investigaciones penales”, enfatizó.

Posteriormente, Pérez remarcó que precisamente había tomado la decisión de querellarse “de inmediato, pero requirió revisar”.

“Al momento de elaborar la querella nos dimos cuenta de que el artículo 139, en su interpretación, era demasiado estricta: solo querellarnos para cuestiones financieras. Y aquí estábamos hablando de un delito de revelación de secreto. Corríamos el serio riesgo de que el tribunal, al analizar, dijera que no teníamos legitimación activa para proceder con esa querella”, explicó.

Para concluir: “Por eso tuvimos que demorarnos más, requerírselo al Consejo de Defensa del Estado y el Consejo de Defensa del Estado querellarse en nombre nuestro y no habernos querellado directamente, como hubiéramos querido, por la gravedad de la situación. Entonces, tenemos esa interpretación restringida. Ahora, sin embargo, respecto de la obligación de hacer denuncia, efectivamente, todos los funcionarios públicos tenemos esa obligación, tanto en el estatuto administrativo como en el Código Procesal Penal”.