La tarde de este miércoles, la Comisión de Constitución de la Cámara votó el proyecto de ley del gobierno que busca aumentar el plazo para retener migrantes en proceso de expulsión administrativa.

Fue a comienzos de junio que el Presidente José Antonio Kast anunció la reforma constitucional que busca extender, desde los actuales cinco días en los que se puede retener un migrante antes de concretar su expulsión administrativa, hasta -según la propuesta inicial- 180 días, es decir seis meses.

Este miércoles, la instancia legislativa disminuyó ese plazo y acogió la nueva propuesta del Ministerio de Justicia de fijar un plazo de retención de los migrantes con un plazo máximo de 120 días. Además de eso, la misma comisión determinó que los primeros 30 días de retención de una persona migrante con una orden de expulsión administrativa, no requerirá de ser controlado por la justicia.

Dicho control, según quedó establecido en el proyecto, deberá revisarse cada 30 días, pudiendo determinar la justicia si la persona puede continuar o no retenida.

Pese a la aprobación, el proyecto de Justicia debe continuar su discusión en la Cámara. En dicho proceso, se deberán resolver algunas incógnitas cómo el lugar en el que las personas serán retenidas y cómo operará todo el proceso.

Esta no es la única buena noticia que cosechó el gobierno esta jornada. El Ejecutivo además celebró que se aprobó en comisión mixta la norma del proyecto que aumenta el plazo de flagrancia, pasando de 12 a 24 horas. Ahora solo queda la ratificación en ambas salas del Congreso.