A dos semanas de que se iniciara la formalización de los imputados en el marco de la denominada operación Imperio Ámsterdam, este miércoles culminó el debate en torno a las medidas cautelares que debe cumplir el grueso de los implicados, decretándose las más intensas respecto de la cúpula de la organización apuntada por traficar marihuana bajo una falsa fachada de dispensarios de cannabis medicinal.

Luego del control de detención de los 44 detenidos y la formulación de los cargos por parte del equipo que lidera el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, la jornada del 19 de agosto pasado se resolvieron de forma expedita las medidas de seguridad respecto de quienes el Ministerio Público no solicitó la privación de libertad. Entre ellos, por ejemplo, se fijó arresto domiciliario para el ex chico reality Camilo Huerta.

Despejados esos casos, se inició el extenso debate respecto de quienes son considerados los cabecillas de la asociación ilícita, y de quiénes habrían tenido un rol más preponderante en la banda, lo que implicó largas jornadas de debate ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Así, tras acoger parte de lo señalado por la Fiscalía y dar por acreditadas varias de las imputaciones, el tribunal decretó que la cúpula de Dispensario Nacional -integrada por Andrés Astorga, Mario Astorga y Gino Athens Athens- quedará en prisión preventiva.

Lo mismo ocurrió en el caso de los principales controladores de MA Botanic -Raimundo Silva, Rodrigo Buzeta y Matías Landerer-, respecto de quienes el tribunal acreditó su participación en los delitos de desvío de cultivo para el tráfico de cannabis.

De igual forma, se acogió la petición de prisión preventiva respecto de Sergio Olmedo y Luis Quintanilla.

Por otra parte, Gino Athens Garcés, Juan Pablo Astorga, Christian Andrés Ossa, Jorge Musa, Tomás Tondreau, Andrés Gómez, Nicolás Ljubetic, Catalina Silva, Tomás Heusser, Hernán Robles y Eduardo Oviedo quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados.

En tanto con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los imputados quedaron José García, Cristóbal Risco y Simón Unda.

El caso

De acuerdo con la imputación que realizó el Ministerio Público, los líderes de la organización -Astorga y Athens Athens- “implementaron un esquema empresarial concentrado en la sociedad DN Medcorp SpA., valiéndose de la producción de sustancias ilícitas generadas por la sociedad MA Botanics y otros cultivadores clandestinos, cuyos productos ilícitos eran comercializados en distintas sucursales a lo largo del país”.

De hecho, como se destacó durante el curso de las audiencias, Dispensario Nacional llegó a mantener 21 sucursales en funcionamiento entre las regiones de Antofagasta y Aysén, con alrededor de 16 mil socios inscritos.

La sociedad MA Botanics, según detallaron los persecutores, “servía como empresa productora de las sustancias ilícitas que se comercializan bajo una careta terapéutica, en base a una supuesta autorización sanitaria para el cultivo emitida mediante Resolución Exenta del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región del Maule”.

Sin embargo, como se recalcó sucesivamente por parte de los investigadores, “dicha autorización era abiertamente incumplida, en forma consciente y deliberada por los integrantes de la organización criminal, produciendo plantas del género cannabis con alto contenido de THC, lo que no estaba autorizado por dicha resolución”.

Considerando que el tribunal desechó la prisión preventiva solicitada respecto de 14 de los imputados, desde la Fiscalía apelaron verbalmente para que la Corte de Apelaciones de Santiago acoja sus planteamientos, por lo que en el intertanto se mantendrán en dependencias de Santiago 1.

“Trabajo serio”

Tras la resolución del tribunal, el fiscal regional de Aysén destacó las labores realizadas. “En base al cúmulo de antecedentes presentados por la Fiscalía en audiencia, se tuvo por acreditadas las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, la existencia de los delitos de la Ley 20.000 por los cuales se formalizó, así como la participación de los imputados en calidad de autores de dichos ilícitos. Lo anterior da cuenta del trabajo serio, acucioso y objetivo realizado por el Ministerio Público, el conjunto con OS7 de Carabineros, durante dos años de investigación”, dijo.

Junto con ello, señaló: “Durante el plazo judicial de investigación de 120 días fijados por el tribunal, la Fiscalía llevará a cabo una serie de diligencias que dicen relación, entre otras, con el análisis de numerosa evidencia que fue levantada e incautada desde los sitios del suceso durante el operativo simultáneo realizado el pasado 13 de agosto en nueve regiones del país, así como la toma de declaraciones y la práctica de peritajes. Asimismo, se evaluará en su momento formalizar la investigación respecto de otras personas que puedan tener la calidad de imputados en la causa”.

Por su parte, la fiscal María Inés Nuñez precisó que seguirán con una serie de diligencias y que están a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago pueda conceder la prisión preventiva de los sujetos que quedaron con medidas menos intensas. Descartó, por el momento, entregar mayores antecedentes sobre posibles imputaciones a médicos.

Al término de la audiencia, Hernán Bocaz, abogado del clan Astorga y de funcionarios de Dispensario Nacional, afirmó que evidentemente no comparten la determinación, pero que estiman que es parte del funcionamiento del sistema.

“Vamos a ocupar la vía correspondiente, el recurso de apelación (...) con el objeto de revocar esta resolución, para que la investigación se desarrolle, pero con los imputados que quedaron en prisión preventiva en libertad”, sostuvo.

Agregó, en el mismo sentido, que estiman que la medida dispuesta “es desproporcionada y no indispensable para asegurar los resultados del procedimiento”.