De acuerdo con un reportaje publicado por este medio, los registros del Servicio Civil correspondientes al Gobierno Central indican que en 2025 el 97,4% de los funcionarios públicos fue calificado con distinción (lista 1), en tanto que apenas el 0,03% -esto es, de orden de 70 funcionarios- fue catalogado en lista 4 (eliminación), lo que ciertamente debe llamar la atención por lo inverosímil. Algo así equivaldría a suponer que estamos frente a un contingente con tal nivel de excelencia que haría innecesaria cualquier reforma al empleo público. Justamente un resultado de esta naturaleza confirma la necesidad de introducir reformas de fondo al estatuto administrativo, de modo de poder contar con un marco regulatorio que permita el desarrollo de una carrera funcionaria basada sobre todo en el mérito, para lo cual uno de los requisitos es contar con sistemas de evaluación creíbles, que permitan diferenciar a los buenos funcionarios de aquellos ineficientes.

Los resultados observados en 2025 son similares a los que se vienen observando desde hace algunos años, en que la mayoría de los empleados públicos ha logrado la máxima calificación. Si bien hay muchos funcionarios que desarrollan lealmente su función y permiten que el Estado funcione día a día, parece un hecho que la experiencia de la mayoría de los chilenos en su interacción cotidiana con los servicios que provee el Estado no va acorde con ese nivel de excelencia. A estas calificaciones sobredimensionadas se suma el hecho de que la mayoría de los servicios públicos ha recibido el 100% de la bonificación por cumplimiento de metas que contempla el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), convirtiéndose en los hechos en parte de sus remuneraciones, lo que profundiza el autoengaño en que nos encontramos.

Así, el país parece estar en el peor de los mundos, porque mientras el empleo público ha crecido en los últimos años a una mayor velocidad que el empleo privado y sus remuneraciones en promedio son mayores que labores equivalentes en el mundo privado, los mecanismos para medir y premiar desempeño son deficientes, alimentando que siga esta dinámica de mayores contrataciones y a su vez dificultades para remover a personal ineficiente o que ya no resulta necesario, con el consecuente impacto fiscal en materia de remuneraciones.

Si bien el listado al que obliga el Estatuto Administrativo no va ligado a incentivos en remuneraciones, aparecer en lista 1 o 2 resulta fundamental para poder ser promocionado, lo que al final fomenta una lógica de cumplimiento antes que de desempeño, tal como diagnosticó la OCDE en un reciente informe sobre el sector público de Chile. Si a ello se suman las dificultades que encuentran las jefaturas para clasificar a funcionarios en lista 3 o 4 -presiones de sindicatos, judicialización o largos sumarios-, es claro que este sistema debe ser completamente reformulado, lo mismo que los PMG. Parte de las labores a las que debería abocarse la mesa técnica que acaba de convocar el gobierno para reformar el Estatuto Administrativo es precisamente modificar los actuales sistemas de medición y premio; ello no solo sería justo para los funcionarios públicos de excelencia, sino que es un paso clave para una eficiente carrera funcionaria.