En Chile se instaló, por generaciones, una promesa simple pero poderosa: la universidad cambiaba la vida y abría la puerta a un nuevo estatus social. Esa promesa, más moral que económica, sostuvo la expansión de la matrícula, el endeudamiento de miles de familias y buena parte de la legitimidad del sistema educativo. Hoy se ha quebrado frente a nuestros ojos, y el gobierno aún no parece dimensionar el problema que tiene entre manos.

Los datos son elocuentes. El desempleo nacional llegó a 9,5% en el trimestre mayo-julio, su nivel más alto en cinco años, según el INE. Pero lo verdaderamente inédito —expresión usada por el propio exministro de Educación, Harald Beyer— es lo que ocurre entre los graduados de educación superior de 25 a 29 años: 15% de desocupación entre universitarios y 14% entre técnico-profesionales, cifras que se acercan peligrosamente a las de quienes sólo completaron la educación media. La OCDE agrega otro dato duro: el desempleo juvenil chileno bordea el 22% en hombres y el 25% en mujeres, mientras el promedio del bloque cae hacia el 11%.

Esto no es solo estadística, es una promesa incumplida que, si no se administra, explota. Quienes hemos pasado por el Mineduc sabemos que este tipo de crisis puede detonar sin aviso previo. Lo que se gesta hoy es la frustración acumulada de miles de profesionales y técnicos que cumplieron su parte —estudiar, titularse, endeudarse— pero no recibieron el estatus ni los ingresos prometidos. Frente a esto, una autoridad que pide paciencia en lugar de ofrecer alternativas no hace más que alimentar un caldo de cultivo para la conflictividad social.

Eso sí, en la misma crisis hay una oportunidad de reconstruir el pacto educativo, y la evidencia apunta con fuerza hacia la formación técnico-profesional. Un estudio de Inacap de febrero de 2025 muestra que los titulados de institutos profesionales recuperan su inversión educativa en 7 años, mientras los titulados universitarios demoran 10 años o más en lograrlo. El ranking 2026 de MiFuturo.cl refuerza el punto: técnicos en metalurgia, instrumentación y automatización o minería superan hoy los dos millones de pesos mensuales apenas titulados, en carreras de menos de cinco semestres. El desafío para las instituciones de educación superior y el Ejecutivo es convencer a las familias que, tras años de publicidad intensiva, no perciban este llamado como algo contradictorio ¿acaso mi hijo no es lo suficientemente bueno para una carrera universitaria?

El desafío para el gobierno ya no es solo económico. Puede establecer los cimientos para dar valor real —simbólico y salarial— a la formación técnica, y comunicar con claridad que el ascenso social ya no depende de un solo camino, puede transformar una amenaza en política de Estado. Pero si La Moneda sigue tratando esto como un problema de cifras y no de confianza rota, la promesa incumplida de la universidad seguirá acumulando combustible (curiosamente, otro flanco vigente) para la próxima crisis social. Y esa, a diferencia del desempleo, no avisa con trimestres de anticipación.

Por Tatiana Klima, socia directora Criteria Comunicaciones.