La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados avanzó en la tramitación del proyecto de ley sobre responsabilidad parental, en una jornada marcada por la discusión sobre hasta dónde debe llegar la responsabilidad de los padres frente a las conductas de sus hijos y cómo evitar que el nuevo mecanismo se transforme en una instancia de carácter sancionatorio.

Uno de los principales debates estuvo centrado en la relación entre el nuevo régimen de responsabilidad parental y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó durante la discusión que el proyecto busca establecer ámbitos diferenciados de actuación dependiendo de la edad del adolescente y del tipo de conducta involucrada.

En el caso de los mayores de 16 años, el Ejecutivo planteó que el procedimiento de responsabilidad parental apunta “también a la prevención, es decir, ojalá que no lleguemos a la ley 20.084″. Para los menores de 16 años, en tanto, la iniciativa contempla un procedimiento específico frente a conductas ilícitas.

La definición del carácter del nuevo sistema fue uno de los puntos centrales de la jornada. El gobierno insistió en que el objetivo es establecer un mecanismo preventivo y colaborativo, antes que uno basado en la sanción de los padres. En esa línea, se respaldó eliminar la expresión “responsabilidad infraccional de los padres” de la iniciativa.

La modificación fue aprobada por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, luego de que el Ejecutivo acogiera también una propuesta de los diputados Castro y Lorca. El cambio busca adecuar la terminología del proyecto a la naturaleza que el Gobierno pretende dar al procedimiento.

Otro de los momentos relevantes de la discusión se produjo en torno al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. La diputada Francesca Muñoz (PCC) planteó la necesidad de reforzar expresamente esta garantía, de modo que el ejercicio de ese derecho, conforme a las convicciones de los padres, no pueda ser considerado por sí mismo una falta de diligencia.

El Ejecutivo defendió que esta protección ya se encontraba contemplada en el proyecto y se trabajó sobre una redacción que establece que el ejercicio del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones —incluidas las de carácter religioso, moral o filosófico— no constituirá una falta de diligencia, siempre que se respete el interés superior del niño, niña o adolescente. La norma fue aprobada por unanimidad.

La comisión continuó además con la revisión de las normas relativas al procedimiento ante los tribunales de familia, incluyendo aspectos vinculados con antecedentes policiales y su carácter reservado. El artículo 102 quáter, junto con las modificaciones discutidas durante la sesión, fue aprobado.

En paralelo, se abordó la continuidad del procedimiento contravencional para adolescentes mayores de 16 años y su convivencia con el nuevo procedimiento de responsabilidad parental. El Ejecutivo planteó que ambos mecanismos pueden coexistir, procurando evitar que la intervención respecto del adolescente y la de sus padres terminen convirtiéndose simultáneamente en procesos de carácter punitivo.

La jornada cerró con varios acuerdos, pero sin completar la votación de todas las indicaciones.