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Caso Junaeb: Gutiérrez y Gahona logran que Corte de Santiago revise recursos para limitar revisión de celulares incautados

El exdiputado PC y el senador UDI son imputados en la indagación que lleva la fiscal Constanza Encina. Ambos requieren que el acceso al contenido de los aparatos que les fueron incautados se haga bajo parámetros establecidos y no libres.

Aunque uno podría decir que el senador Sergio Gahona (UDI) y el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) se sitúan políticamente en lugares opuestos, ambos libran una misma batalla en tribunales: lograr limitar el acceso, revisión y extracción de los equipos electrónicos que les fueron incautados en medio de la indagación por irregularidades en licitaciones de Junaeb.

Para ello, las defensas de ambos imputados -al igual que la de Darío Calderón y Miguel Ángel Calisto- presentaron hace semanas una cautela de garantías, y luego recursos de amparo que fueron declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Sin embargo, siguiendo el mismo proceder, recientemente lograron que la Corte Suprema revocara lo dispuesto por el tribunal de alzada capitalino y obligara a dicha sede a la revisión de los respectivos recursos.

“Que conforme a los antecedentes señalados aparece que la situación allí descrita sí puede constituir uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución, por lo que de su mérito deberá decidirse al conocer el fondo de la acción deducida, se revoca la resolución apelada (...) por la cual se declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, y en su lugar se dispone que aquella es admisible, debiendo una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones antes señalada darle la tramitación que en derecho corresponda, a fin de pronunciarse derechamente sobre el amparo deducido”, se lee en las resoluciones de la Segunda Sala respecto de las apelaciones ingresadas tanto por Gahona como por Gutiérrez.

Las determinaciones se acordaron con los votos a favor de los ministros Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, y con el voto en contra del ministro suplente Hernán Crisosto y del abogado integrante Juan Carlos Ferrada, que fueron de la idea de confirmar la inadmisibilidad de los amparos deducidos.

Queda pendiente, eso sí, la revisión de la apelación presentada por la defensa del imputado Darío Calderón, que también recurrió a la Suprema para que se diera curso al recurso inicialmente declarado inadmisible.

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