El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó ampliar el plazo de investigación pedido por Joyvio y su filial Australis Seafoods, decisión que comienza a cerrar la arista penal de su disputa con el empresario Isidoro Quiroga.

En los próximos 10 días, la Fiscalía debe decidir si presenta acusación y lleva a juicio oral; si pide el sobreseimiento definitivo o su decide no perseverar. Esta última sería la alternativa elegida por el Ministerio Público.

Pese al cierre de la investigación, los querellantes pidieron su reapertura. Para ello, la magistrada Mariana Leyton fijó para el 20 de octubre una nueva audiencia.

En la audiencia, el fiscal Juan Pablo Araya comunicó su decisión de separar la investigación actual, por administración y estafa, de eventuales delitos ambientales. Al término de la audiencia, declinó responder las duras críticas de Jorge Bofill y Hugo Rivera a su labor.

“Teníamos una fiscal muy entusiasta con Constanza Encina. Lamentablemente, bueno, afortunadamente para ella, se fue con un prenatal, pero lamentablemente para nosotros nos quedamos sin esa fiscal que estaba a cargo de la causa, y designaron a Juan Pablo Araya”, dijo a Pulso el abogado Jorge Bofill, al concluir la audiencia.

“Él no investigó ni con el mismo ímpetu, ni con las mismas ganas, ni con la misma intensidad que lo había hecho la fiscal Encina. Y por lo tanto, eso es lo que explica la situación que le planteamos hoy día al tribunal, que vamos a tener que renovarla el 20 de octubre en la audiencia que se fijó para la reapertura de la investigación, respecto de muchas diligencias que hemos pedido y no se han hecho”, agregó Bofill.

En la misma línea, el también querellante, Hugo Rivera representante de Joyvio Foods, sostuvo que “vamos a discutir las reperturas con diligencias precisas, claras, útiles para la investigación. Entonces, ellos quieren cerrar rápido, quizás para decir que aquí no hay delito. Hay delitos graves”.

Por su parte, el abogado Juan Domingo Acosta, defensor de Isidoro Quiroga y su familia, señaló que “hay una solicitud de reapertura que se va a revisar el 20 de octubre, donde se evaluará la pertinencia de nuevas diligencias. Pero la situación hoy es que la investigación está cerrada, tal como lo pedimos las defensas. Nosotros apercibimos al Ministerio Público para que se cerrara la causa y así se hizo (...) La investigación está absolutamente agotada. Respecto a los delitos ambientales, se trata de una arista distinta que también se ha investigado, pero no ha habido ninguna decisión en esta materia, por lo que no hay formalización por ello”.

El origen del conflicto

La confrontación legal y comercial entre el holding chino Joyvio y el empresario chileno Isidoro Quiroga tiene su origen en la compraventa de la salmonera Australis Seafoods.

En 2019, Joyvio adquirió la compañía en US$ 921 millones. Cuatro años después, los nuevos controladores acusaron a la administración anterior de haber ocultado un esquema de sobreproducción sistemática de salmones que vulneraba la normativa medioambiental.

Según Joyvio, aquello abultó artificialmente el valor de la empresa en el proceso de compraventa. Aquello fue acogido parcialmente por un tribunal arbitral que condenó a Isidoro Quiroga a pagar US$ 300 millones al grupo chino: sin embargo, la Corte de Apelaciones anuló ese dictamen.

Los argumentos de la jueza

La magistrada Leyton señaló que “la controversia sometida a decisión no dice relación con la importancia o la pertinencia de las diligencias cuya realización pretende obtener la parte querellante, ni con el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de la víctima en el proceso penal, materias sobre las cuales, sin duda, no existe discusión. Lo que corresponde resolver es si el ordenamiento jurídico autoriza al tribunal a ampliar un plazo judicial de investigación una vez que este ha vencido íntegramente. Cabe tener presente, en este sentido, que dicho plazo judicial se estableció precisamente en una audiencia previa de ampliación”.

“Al respecto, el artículo 234 del Código Procesal Penal confiere al juez de garantía la facultad para fijar un plazo judicial de investigación y para conocer la solicitud formulada por los intervinientes en relación con dicho término. Sin embargo, la regulación legal supone, necesariamente, la existencia de un plazo vigente sobre el cual pueda recaer una decisión judicial. No existe disposición expresa que autorice al tribunal a restablecer, revivir o prorrogar retroactivamente un plazo judicial extinguido por su completo vencimiento”, acotó.

“El reconocimiento constitucional de los derechos de la víctima y del querellante, comprendidos en el artículo 83 de la Constitución Política y en las garantías del Código Procesal Penal, no tiene por efecto conferir facultades procesales distintas a las establecidas por el legislador, ni autoriza al tribunal para prescindir de las reglas que disciplinan las oportunidades y formas en que deben ejercerse los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal”, añadió.

“Si bien se tienen a la vista las resoluciones de tribunales superiores invocadas por los querellantes, estas fueron dictadas en contextos procesales específicos y no alteran la conclusión de esta magistrada, en cuanto el ordenamiento jurídico no contempla una habilitación expresa para ampliar un plazo judicial previamente vencido, cuestión que resulta decisiva para resolver la incidencia planteada. En consecuencia, habiéndose presentado esta solicitud una vez expirado íntegramente el plazo judicial de investigación previamente fijado, la petición resulta extemporánea y, por consiguiente, debe ser rechazada”, concluyó.