“Hoy no necesitas tener 10 o 15 millones de cajas para ser exitoso. Al contrario, con dos o tres millones de cajas puedes ser muy valorado y tener una buena rentabilidad”, afirmaba el empresario Carlos José Barros Barros en diciembre de 2015 en una de las pocas entrevistas suyas que existen. A través de su exportadora Río King acababa de separarse de sus socios de Río Blanco para iniciar un camino en solitario que lo llevaría a convertir la firma en una de las principales agroexportadoras del país: de los campos de Hacienda Chada salían, en sus mejores temporadas más de un millón de cajas de uva de mesa, 1,5 millones de kilos de cereza y 600 mil kilos de ciruela. Pero la conjunción de la pandemia de 2020, el temporal de lluvias de enero de 2021, la crisis logística de 2022 y la sobreoferta de cereza de 2024 hirieron para siempre a la firma.

Todo eso, y la decisión del Banco Consorcio de exigir el pago de $23.986 millones que Chada les debe por créditos agrícolas, desataron un efecto dominó en todo el grupo agroindustrial. Además de Hacienda Chada, otras cuatro empresas de la familia Barros enfrentan demandas de liquidación forzosa. El banco de los Hurtado Vicuña demandó la liquidación forzosa de Exportadora BB Trading SpA (Río King) el 16 de abril pasado por pagarés impagos (US$ 7,5 millones), de Inversiones Puerto Tranquilo Ltda. (US$ 1,14 millones) en el 25° Juzgado Civil de Santiago y de Frutícola Agroking SpA (US$ 594.000). El 10 de julio pasado esta última firma se declaró en quiebra tras desistir de un fallido intento de reorganización iniciado en el 30° Juzgado Civil de Santiago. Frutango S.A. también está en riesgo de liquidación concursal en el 2° Juzgado de Letras de San Bernardo.

El 4 de agosto, en Buin, Hacienda Chada S.A., asesorada por los profesionales del Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores, logró esquivar la quiebra a cambio de entregar sus tierras y someterse a un proceso de reorganización con el fin de mantener su giro y actividades. En el mundo de los agronegocios miran con atención el potencial de las 1.500 hectáreas comprometidas a vender, según el acuerdo con los acreedores. Los terrenos se transferirán junto con sus valiosos derechos de agua, construcciones y sistemas de riego tecnificado instalado. Eso, junto con las plantaciones en plena capacidad de producción, 24 torres de control de heladas, 334 carros y colosos, 40 tractores, 19 pulverizadoras, 32 nebulizadoras y mallas de cobertura.

En 2015, Barros le contó a El Mercurio que habían invertido US$ 2,5 millones en techar los cultivos de cerezos. En el mercado reconocen que la firma destinaba importantes recursos a innovación: fue, por ejemplo, de las primeras en cambiar las variedades de uvas para llegar con productos de mayor valor a sus mercados. Por el pago de los royalties de esas plantaciones hoy también enfrenta prohibiciones para la enajenación de los campos.

Anticipos de venta

Los registros contables presentados por la firma para su plan de reorganización evidencian el colapso del modelo integrado de negocios con que operaba el grupo. El 57,3% de la deuda total de la matriz agrícola; es decir, $49.545 millones sobre un pasivo total de $86.404 millones, corresponde exclusiva y únicamente a deudas arrastradas con empresas relacionadas al propio controlador. Tras las dificultades de Chada con los bancos, Río King terminó convertida en el pulmón financiero de la gigante agrícola.

Sin embargo, en la banca y el mercado, varios ejecutivos apuntan a que la gestión de esta crisis y el alto endeudamiento cruzado terminó sellando el destino de la que alguna vez fue la agroexportadora más icónica del país.

El certificado del auditor oficial del caso, Julio Ariel Flores, muestra que Hacienda Chada le debe a su firma hermana, Exportadora BB Trading SpA (Río King), $ 41.570 millones por “Anticipos de venta de fruta”, recursos que se usaban como capital de trabajo. En el texto del acuerdo ratificado por la justicia, los créditos de Río King y del resto de las firmas de la familia Barros quedaron completamente pospuestos: no recibirán el pago de un solo peso hasta el mes 96 del acuerdo, ratificado por los acreedores el 12 de agosto; es decir recién en 2034, y si es que los grandes bancos logran recuperar antes la totalidad de sus millonarias acreencias garantizadas, podrán cobrar esas deudas.

Según el acuerdo, antes de que los terrenos salgan a la venta o se los adjudiquen los principales bancos (Consorcio, BancoEstado, Banco BICE) los actuales controladores de Hacienda Chada deberán despejar millonarias demandas, prohibiciones de venta y embargos de Tesorería

El precio secreto

En el mercado dicen que la “joya” de las tierras es el Fundo Huelquén: 1.440 hectáreas de uvas de mesa, cerezas y cítricos en Buin. Con un avalúo comercial de $ 24.295 millones (US$ 25,2 millones) esta propiedad acumula tres embargos de la TGR. En un certificado oficial que el auditor independiente adjuntó en el Acuerdo de Acreedores, la empresa declaró que tenía cuotas de impuesto territorial vencidas por $37 millones.

Además, Huelquén soporta dos medidas precautorias a favor de la sociedad Inversiones Hold Limitada (de la familia Ibáñez Edmiston) por el no pago del arriendo de 99,1 hectáreas en Machalí (US$ 946.949) y dos prohibiciones de gravar y enajenar sobre algunas hectáreas a favor de Sun World Chile SpA, filial de Sun World International, la compañía de genética agrícola controlada desde 2021 por el fondo británico Bridgepoint Group y dueña de más de 300 patentes vegetales, que licencia las nuevas variedades de uvas que plantaron los Barros.

Los otros fundos en venta son Calera de Tango, de 63,4 hectáreas (avalúo comercial de $ 4.656 millones, US$ 4,8 millones), un suelo al lado de Santiago que el sector inmobiliario mira con especial interés y que está hipotecado a favor del Banco Bice, del grupo Matte. El tercer fundo es El Palqui, de Monte Patria, compuesto por cinco lotes y parcelas con un avalúo comercial de $ 2.905 millones (US$3 millones) e hipotecado al BancoEstado.

En el mercado se estima que el valor de todos los paños debiera superar los US$ 33 millones. Pero hay un piso, cuyo monto está escrito en un documento confidencial denominado “Anexo 3”, el cual quedó bajo la custodia y reserva exclusiva de la interventora, Daniela Camus.

Bajo ese esquema, la banca podrá liquidar o adjudicarse los principales paños de la firma agrícola.

A pesar de la envergadura de la crisis, el grupo busca seguir de todas maneras operando en el negocio frutícola. Quienes conocen de cerca a Carlos “Caco” Barros y su histórica trayectoria en la industria aseguran que la decisión de someterse a este proceso busca, precisamente reestructurar, sus operaciones y mantenerse vigente en el circuito exportador.