La Comisión de Vivienda del Senado conoció los antecedentes de una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en la entrega y ejecución de subsidios de arriendo vinculados al programa Integración Urbana de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

La sesión estuvo marcada por las dudas de los senadores respecto de los mecanismos de control del Ministerio y los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu), considerando que existen sistemas destinados a detectar fallecimientos, subsidios previos y eventuales dobles beneficios.

Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, fue quien expuso en representación del Ejecutivo y explicó que la Contraloría realizó una auditoría financiera al programa, cuyo preinforme fue entregado el 22 de junio de 2026 y el informe final el 28 de julio.

La fiscalización abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026, detectando tres tipos principales de irregularidades:

• 168 beneficiarios fallecidos continuaron recibiendo el subsidio de arriendo después de su muerte, debido a que no se puso término oportunamente a los pagos.
• Se detectaron 191 contratos considerados como arriendos aparentes, de los cuales 132 correspondían a familiares y 19 a cónyuges.
• Dos beneficiarios recibieron el subsidio de arriendo pese a que ya contaban con una vivienda obtenida mediante un subsidio habitacional.

La subsecretaria precisó que el informe final modificó un aspecto relevante respecto del preinforme: los 168 beneficiarios no necesariamente habían fallecido antes de recibir el subsidio, sino que murieron durante el período en que eran beneficiarios y los pagos continuaron posteriormente.

“El informe final aclara esta situación y dice que son personas que fallecieron durante el transcurso”, explicó. Según señaló, esto es relevante porque implica que el problema administrativo se habría producido después del fallecimiento de beneficiarios que originalmente sí estaban vivos cuando recibieron el beneficio.

Las razones de las diferencias con los subsidios habituales

La subsecretaria explicó que las situaciones detectadas corresponden a un programa específico de Integración Urbana de Campamentos, financiado conjuntamente por el Estado de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El programa buscaba contribuir a disminuir la población que vive en campamentos y contemplaba, entre sus componentes, subsidios de arriendo para reubicar temporalmente a familias mientras avanzaban procesos de regularización de asentamientos.

La autoridad recalcó que los casos detectados por Contraloría no deben confundirse con las situaciones habituales que ocurren en los comités de vivienda, donde una persona puede fallecer durante los largos períodos de espera y el beneficio puede continuar con otro integrante del grupo familiar.

“Este caso es diferente”, sostuvo la subsecretaria, explicando que los beneficiarios fallecidos detectados en la auditoría pertenecían a un esquema de reubicación de campamentos y que, en algunos casos, familiares que no formaban parte del grupo que debía ser reubicado terminaron cobrando los subsidios.

En cuanto a los arriendos considerados aparentes, explicó que se trataba de beneficiarios que salían del campamento, pero utilizaban el subsidio para pagar por vivir en una vivienda perteneciente a un familiar, situación que Contraloría consideró irregular.

Los controles del Serviu

El presidente de la comisión, el senador Fidel Espinoza (PS), cuestionó que este tipo de situaciones hubieran podido ocurrir considerando los mecanismos de control existentes en el sistema habitacional.

“Nos sorprende mucho porque el Serviu tiene mecanismos de todo tipo para poder detectar”, señaló al inicio de la sesión, planteando interrogantes sobre cómo se produjo la falla, cuándo ocurrieron los hechos, cuántos casos existen y qué medidas adoptará el Ministerio.

La subsecretaria Aguilar reconoció que existen mecanismos de cruce de información con el Registro Civil y controles sobre los antecedentes de los beneficiarios, por lo que actualmente el Ministerio está revisando por qué dichos filtros no operaron correctamente en este programa.

“Estamos revisando por qué en este caso, por qué en este programa en particular no se aplicaron todos los procedimientos que se aplican para todos los otros subsidios”, afirmó.

Entre las preguntas que busca responder el Ministerio está por qué no se generaron alertas ante los fallecimientos y por qué no funcionaron los mecanismos que permiten detectar que una persona ya contaba con una solución habitacional.

Sumario administrativo y recuperación de recursos

La autoridad del Ejecutivo informó que el Ministerio inició un sumario administrativo el 14 de julio, antes incluso de recibir el informe final de Contraloría, debido a los antecedentes contenidos en el preinforme.

Además, en agosto se instruyó a los Serviu a realizar el levantamiento de información, identificar los pagos irregulares y ejercer las acciones necesarias para recuperar los recursos.

La autoridad aclaró que el sumario sigue en ejecución y que, por ello, no podía anticipar responsabilidades individuales. “Independientemente del sumario, lo primero es recuperar los montos y cortar esta situación para que no se siga desarrollando”, sostuvo.