El gobierno informó este martes que ingresó un proyecto de ley al Congreso para postergar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, tal como se había anticipado.

Actualmente está establecido que dicho cuerpo legal que fue despachado por el Congreso en agosto de 2024, comienza a regir el próximo 1 de diciembre, con exigentes obligaciones a servicios públicos y empresas al momento de tratar información privada de las personas, reconociendo los derechos de los titulares de los datos. Pero en caso de aprobarse este proyecto de ley, que ingresó al Senado con suma urgencia, eso entonces empezará a regir un año después de aquello.

El objetivo de esta postergación, es “contar con las condiciones institucionales, regulatorias y operativas necesarias para su correcta implementación”, señaló el gobierno mediante un comunicado. “La iniciativa busca otorgar un año adicional de preparación para una reforma que tendrá efectos transversales sobre organismos públicos, empresas, fundaciones y otras entidades que realizan tratamiento de datos personales”, explicó el gobierno en el comunicado.

El proyecto también considera hacer ajustes en la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), aumentando de tres a cinco los integrantes de su consejo directivo y estableciendo un quórum de tres miembros. Además, el proyecto de ley propone adelantar la designación de su primer consejo, el que “deberá efectuarse, a más tardar, doce meses antes de la entrada en vigencia de la ley”, señala el proyecto. Es decir, en diciembre próximo ya deberían estar designado el consejo.

Respecto de esto último, a modo de precaución el gobierno incluyó un artículo transitorio, para que en caso de que se prolongue la tramitación de este proyecto de ley, y su aprobación ocurriera cuando falten menos de doce meses para la entrada en vigencia de la ley N° 21.719, “la primera designación de los consejeros del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes” desde la publicación de este proyecto de ley que acaba del ingresar al Congreso.

El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, destacó que la propuesta busca resguardar el objetivo de la nueva legislación y, al mismo tiempo, asegurar que pueda aplicarse de manera efectiva. “Esta es una reforma muy relevante para Chile y nuestra responsabilidad es que entre en vigencia con una institucionalidad preparada, reglas claras y condiciones que permitan su adecuado cumplimiento. No queremos menos protección de los datos personales, queremos que esta nueva legislación funcione correctamente desde el primer día”, señaló.

El gobierno explicó en el comunicado que “el período adicional permitirá también que organismos de la Administración del Estado, municipalidades, servicios públicos y actores del sector privado puedan adecuar sus sistemas, procesos y estructuras internas a las nuevas obligaciones. Con ello, se busca disminuir la incertidumbre y evitar costos innecesarios derivados de una implementación apresurada de una normativa de amplio alcance”.

Justamente los gremios de grandes empresas habían argumentado que existía falta de certeza jurídica de cara a la entrada en vigencia de la ley, ya que aún no se ha implementado la agencia estatal especializada en supervisar este tema y que, según estableció la ley, debió haber estado operativa a más tardar el 1 de junio de 2026.

La iniciativa establece un nuevo régimen de infracciones y significativas sanciones económicas a eventuales empresas infractoras, las que fluctuarían, inicialmente, entre $358 millones (5 mil UTM) y $1.400 millones (20 mil UTM), pero incluso esos valores podrían triplicarse o llegar al 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios de una firma, si la Agencia de Protección de Datos Personales que crea la ley, detecta conductas reincidentes y agravantes.

El gobierno también dijo que “la propuesta apunta así a compatibilizar el fortalecimiento de la protección de los datos personales con una implementación seria y responsable. El objetivo es que la nueva regulación no solo entre en vigencia, sino que cuente desde su inicio con una institucionalidad preparada, reglas conocidas y capacidades suficientes para ser aplicada y fiscalizada correctamente”.