Si bien los gremios representantes de las empresas de electricidad, gas y agua, respetaron la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó declarar inconstitucional el artículo 31 sobre servicios básicos, la resolución no gustó en los sectores económicos vinculados.

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, respetó la decisión a la espera de los fundamentos de la sentencia del TC. Sin embargo, “más allá de este resultado, mantenemos nuestra preocupación por una norma que puede desviar recursos desde la reposición masiva del servicio y que establece plazos rígidos sin considerar las condiciones reales de seguridad durante una catástrofe”.

“Esperamos que estos aspectos puedan ser revisados en los espacios que corresponda para evitar que la norma termine perjudicando a los propios usuarios”, concluyó.

La norma introduce un nuevo precepto a la Ley N° 16.282 sobre sismos y catástrofes, cuya disposición obliga a las concesionarias de distribución eléctrica, de servicios sanitarios y de gas, a reconectar de manera gratuita a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que residan en zonas declaradas en estado de catástrofe.

El problema que alegaron estos últimos días desde el gobierno y las empresas, fue que dicha reconexión tiene un plazo de 48 horas para los servicios de electricidad y gas, mientras que para el agua potable y el alcantarillado 24 horas. En la práctica, reclamaron, la medida es inviable.

La semana pasada el TC declaró admisible el requerimiento de inconstitucional presentado por el gobierno de José Antonio Kast contra el artículo, el que no estaba considerado inicialmente y fue agregado durante la tramitación del proyecto. Este es el que fue rechazado este martes por el TC 9 votos contra 1.

La Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) manifestó su preocupación por las falencias técnicas del artículo. “La normativa es imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas”, apuntó presidente ejecutivo de AGN, Carlos Cortés Simon.

El timonel del gremio sostuvo que “respetamos la decisión del Tribunal. Precisamente porque asumimos esa responsabilidad con seriedad, insistimos en algo que no admite excepción: en gas, proteger a las personas empieza por no reconectar antes de saber que es seguro hacerlo”.

En tanto, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) planteó que “en una situación de emergencia, esto implica destinar recursos operacionales y cuadrillas a casos individuales, que podrían ser necesarios para recuperar infraestructura y reponer el servicio al mayor número posible de personas, incluidos hogares, hospitales y escuelas”.

Señaló que “una emergencia exige flexibilidad para asignar los recursos de manera que permitan recuperar el servicio en forma rápida y efectiva. Asimismo, la imposición de plazos rígidos puede obligar a desplegar personal en condiciones de alto riesgo, lo que resulta incompatible con el deber de resguardar la seguridad de quienes trabajan en terreno”.