Es el escándalo financiero más relevante de los últimos años: la caída de un grupo que controló una Administradora General de Fondos (AGF) y que en su mejor momento dijo administrar activos por más de US$ 850 millones. El grupo Sartor comenzó a caer a fines de 2024, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ordenó la intervención de su AGF y poco después el Ministerio Público comenzó una investigación penal contra los socios y directores del gestor financiero.

La investigación penal ha sido extensa y ha estado liderada por el fiscal Juan Pablo Araya, fiscal adjunto de la Fiscalía Alta Complejidad y Crimen Organizado. Y fue el propio fiscal Araya quien este miércoles solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía la realización de una audiencia de formalización para acusar a una decena de personas ligadas al grupo Sartor, por una serie de delitos.

Según personas familiarizadas con la indagatoria, el fiscal Araya acusará a 11 personas, ex socios y ex directores de Sartor, además del empresario Sergio Yáñez.

El grupo de formalizados estará liderado por Pedro Pablo Larraín Mery, ex controlador y ex presidente de Sartor, quien recién declaró en días pasados, en más de una ocasión, ante el Ministerio Público. Larraín es defendido penalmente por el abogado Jaime Winter. Era el controlador de Sartor. Aunque declaró varias veces en la CMF, recién ahora lo hizo ante el fiscal Araya.

Entre los 11 formalizados estarían otros ex socios y ex directores de Sartor. En noviembre de 2025, la CMF cursó multas y sanciones contra ocho personas, todos quienes serán ahora acusados penalmente. A fines del año pasado, la CMF levantó acusaciones y multas contra Pedro Pablo Larraín Mery y los ex directores de la AGF Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez y Rodrigo Bustamante García. Las multas sumaron 367.500 UF, unos US$ 14 millones, pero las mayores sanciones correspondieron a Larraín (80 mil UF), Harz (75 mil UF) y Clark (65 mil UF).

Los accionistas indirectos de la matriz del grupo, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., eran Pedro Pablo Larraín (60,3%), Alfredo Harz (18,58%), Oscar Ebel (10%), Rodrigo Bustamante (6,95%) y Miguel León (4,17%).

A todos ellos se sumará también el hermano de Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín Mery, ex gerente general de Esmax, quien fue socio y director de Sartor.

Por último, los otros dos formalizados son Hugo Baranda Peralta, ingeniero, ex gerente general de Danke SF SpA y de Emprender Capital Servicios Financieros SpA, sociedades ligadas a operaciones irregulares de financiamiento por parte de Sartor, y el empresario Sergio Yáñez Astete, ex controlador de Emprender Capital Servicios Financieros SpA.

La fiscalía pretende levantar, en el caso Sartor, acusaciones por cuatro delitos: negociación incompatible, estafa, administración desleal y entrega de información falsa al mercado.

Además de Pedro Pablo Larraín Mery, otros ex socios y ex directores de Sartor declararon en las últimas semanas en la Fiscalía. Uno de ellos fue el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien rindió testimonio durante tres días, junto a sus abogados. También lo habría hecho, revelan fuentes allegadas a la investigación, otro ex socio de Sartor que ejerció también como director de inversiones: Alfredo Harz.

Personas que conocieron la petición de la Fiscalía indican que la audiencia de formalización fue solicitada por la Fiscalía para el próximo 30 de julio.

La investigación penal fue iniciada, según el expediente judicial, por una denuncia de uno de los mismos socios de Sartor, Óscar Ebel, quien firmó un formulario con los primeros antecedentes el 24 de diciembre de 2024. Solo cuatro días antes, el viernes 20 de diciembre, la CMF había decretado la revocación de autorización de existencia a la AGF Sartor, tras una investigación que determinó que el grupo financiaba operaciones y empresas ligadas a sus socios con fondos de terceros.

Los querellantes y la prisión preventiva

El abogado de Ebel es el penalista Alejandro Espinoza, quien dice que esperan con tranquilidad la formalización de la investigación. “Es de nuestro mayor interés el avance de esta causa que se inició con nuestra denuncia y respecto de la cual hemos prestado amplia cooperación. Estamos confiados en poder demostrar que nuestro representado actuó siempre de buena fe y en tanto tuvo conocimiento de las irregularidades, las denunció ante las autoridades competentes”, indicó Espinoza.

En la causa hay decenas de querellantes. Uno de ellos es Ameris, gestora que fue designada por la CMF como liquidadora de los Fondos de Inversión Sartor Táctico Perú y Sartor Facturas USD, cuyo abogado manifestó su satisfacción con la formalización. “La verdad es que ha sido un trabajo extenso, copioso y en donde se han trabajado todas las aristas, sobre todo lo que guarda relación con la administración de los fondos; en particular, las actuaciones que se realizaron con una negociación incompatible evidente y patente, y en donde lo más relevante es que se vulneraron todos los derechos de los aportantes”, afirmó el abogado Matías Balmaceda, quien anticipó que pedirán la mayor de las cautelares disponibles. “Dada la gravedad de los hechos y la cuantía de los perjuicios involucrados, la medida cautelar por excelencia en una situación como esta es la prisión preventiva”, afirmó.

Susana Borzutzky, representante de Gonzalo Echeverría, inversionista de ECapital que perdió US$3 millones, también cree que la formalización marca un avance trascedental y refleja el trabajo realizado por el ministerio Público. “Esperamos que el Juzgado de Garantía decrete las medidas cautelares de mayor intensidad que permitan resguardar el éxito de la investigación y la protección de las víctimas. Como querellantes, perseguiremos las máximas sanciones que contempla la ley y la reparación integral de quienes confiaron su patrimonio, no solo en la reputación de la empresa, sino también en la de sus representantes”, indicó Borzutzky.