La guerra entre Polla Chilena de Beneficencia y los sitios de apuestas online está lejos de acabar. La empresa estatal interpuso una querella criminal por los presuntos delitos de explotación no autorizada de casinos o de loterías ilegales, lavado de activos y asociación delictiva.

Esta acción representa la primera ofensiva legal de Polla bajo la presidencia de su directorio, liderado por el abogado Felipe Dalgalarrondo y nombrado en el gobierno del Presidente José Antonio Kast. La presentación, patrocinada por el penalista Juan Domingo Acosta, se realizó el jueves pasado y fue declarada admisible al día siguiente por el 4º Juzgado de Garantía de Santiago.

Según Polla, durante los últimos años y hasta la fecha de presentación de esta querella, un conjunto organizado de personas naturales y jurídicas explotó y continúa explotando de manera permanente el mercado chileno de loterías o casinos mediante plataformas digitales que operan en Chile sin contar con autorización legal, es decir, son ilegales”, denunció.

Para la estatal esta “actividad ilícita les permite y ha permitido a quienes operan esas plataformas recibir, administrar y transferir cuantiosos recursos provenientes de las apuestas ilegales efectuadas desde el país”.

Entre las principales plataformas mencionadas en la querella están: Coolbet, Betsson, Betano, LatamWin, Jugabet, Estelar Bet y Juega en Línea.

“Las plataformas referidas no se han limitado a mantener sitios Web accesibles globalmente, sino que adaptaron su operación al mercado chileno, habilitando el registro de usuarios domiciliados en Chile, permitiendo efectuar depósitos y retiros mediante medios de pago disponibles en el país y desplegando campañas destinadas a posicionar sus marcas entre consumidores nacionales. La captación de apostadores se ha reforzado mediante publicidad, promociones y contratos de patrocinio celebrados con actores vinculados al deporte chileno”, explicó.

Según la querella, las sociedades operadoras de Coolbet, Latamwin, Juega en Línea y Betsson están articuladas a través de la “Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea” (APAL). El documento detalló que la vocería de esta organización, que difunde su actividad en el sitio web www.apuestaporregular.cl, está a cargo del abogado Carlos Baeza Guíñez. El profesional pertenece al estudio Carlos Baeza y Cía. Abogados y registra su oficina en la comuna de Vitacura, específicamente en calle Joaquín Montero N°3000, oficina 202.

Frente a la acción penal, Baeza señaló: “Esta querella es idéntica a la querella que Polla presentó en contra de los operadores de apuestas en línea en febrero de 2023 y respecto de la cual el Ministerio Público comunicó su Decisión de No Perseverar, y el archivo de estas querellas en abril de 2025. En esta investigación, hoy archivada, hay más de 2.000 fojas de antecedentes, más de 40 diligencias. Si bien esta decisión de No Perseverar procede también cuando no hay antecedentes suficientes para fundar una acusación o cuando no se han identificado a los partícipes; estas dos situaciones claramente no se configuran en este caso y por tanto, la razón para esa decisión es claramente que los hechos denunciados no son constitutivos de delito”.

Modus operandi

Polla dirigió la querella “en contra de todos quienes organizaron, administraron, financiaron, promovieron y facilitaron la explotación permanente de plataformas digitales de casinos ilegales o loterías no autorizadas, destinadas al mercado chileno”.

Para desarrollar dicha actividad, “los querellados utilizaron sociedades constituidas en diversas jurisdicciones, plataformas tecnológicas, mecanismos de procesamiento de pagos, contratos de patrocinio y publicidad, así como una infraestructura comercial y financiera destinada a captar usuarios ubicados en Chile, recibir el dinero de sus apuestas, pagar premios y canalizar los recursos obtenidos mediante el negocio ilícito”, indica el documento.

“El sistema administrado por Polla cumple una función pública determinada por la ley. Los ingresos brutos de los concursos están sujetos a una distribución obligatoria que contempla el pago de un impuesto de exclusivo beneficio fiscal, la asignación de recursos para premios y la entrega de un 12% de su monto al Instituto Nacional del Deporte para financiar el fomento y desarrollo del deporte y la recreación”, consignó la acción penal.

Diligencias

En su querella, Polla Chilena de Beneficencia solicitó como primeras diligencias que se despachara una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones, con el fin de reunir antecedentes y realizar las diligencias necesarias.

La estatal también exigió la incautación o entrega voluntaria de toda la documentación comercial, contable y contractual de las empresas involucradas, incluyendo actas de directorio, poderes y modelos de prevención de delitos. Asimismo, solicitó levantar el secreto bancario para rastrear el flujo de los dineros provenientes de las apuestas.

“Se requiera autorización voluntaria para alzar el secreto bancario o, en su caso, se requiera autorización judicial para obtener los antecedentes bancarios necesarios para reconstruir el flujo de los recursos provenientes de las apuestas deportivas, identificando las cuentas utilizadas, los beneficiarios finales de los fondos, los mecanismos de distribución de utilidades y las relaciones financieras existentes entre las distintas personas naturales y jurídicas investigadas”, consignó la querella.

La querellante solicitó oficiar a diversos organismos públicos, tales como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para que aportaran antecedentes económicos, regulatorios o sancionatorios sobre estas sociedades.