Un intenso despliegue tuvo ayer el gobierno del Presidente José Antonio Kast para defender su reforma constitucional de seguridad, en momentos en que la medida divide al oficialismo y generó duras críticas transversales.

Los ejes de la iniciativa -que ingresó el lunes pasado el gobierno por el Senado- apuntan a establecer la seguridad pública como un mandato constitucional y un deber del Estado, crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo asociado a un régimen penitenciario especial y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Además, considera inhabilidades en derechos sociales a condenados por terrorismo y crimen organizado.

Varios de estos puntos, particularmente las atribuciones del estado de excepción, generaron cuestionamientos acerca de que el gobierno está avanzando hacia tintes autoritarios, lo que descartó el propio Presidente José Antonio Kast durante la semana pasada.

En este escenario, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), salió a respaldar la iniciativa en el programa Mesa Central de Canal 13. En tanto, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), defendió la reforma constitucional en Estado Nacional de TVN.

Fue este último el encargado de transparentar una de las aperturas del Ejecutivo en la tramitación del proyecto constitucional que es resistido en el Congreso, donde necesitan 29 votos para poder visarla. Hasta ahora, La Moneda no cuenta con los votos para aprobar la idea de legislar.

Así, García Ruminot planteó que están evaluando cambiar la urgencia, de suma, a un proceso legislativo “más largo, de 30 días, urgencia simple”.

La suma urgencia inicial vencerá los primeros días de septiembre y la idea de bajar los tiempos de la tramitación, dijo García Ruminot, es para poder estar “en plena disposición de tener un proceso legislativo que permita una discusión amplia y construir los acuerdos necesarios para que la reforma avance”.

En esa línea, sostuvo que “nosotros estamos abiertos a que el proceso legislativo sea lo más informado y también lo más participativo posible”. En Palacio indican que los detalles de la nueva urgencia se terminarán de afinar durante esta semana, aprovechando la semana distrital.

Alvarado, por su parte, descartó la posibilidad de retirar la reforma constitucional. Aseguró que es “absurdo”, porque defendió que la iniciativa se puede cambiar vía indicaciones.

Además, los ministros del comité político seguirán con ronda de reuniones para intentar ordenar al oficialismo, desde donde incluso han dicho que no es necesaria la reforma constitucional para avanzar en esa agenda de seguridad. De hecho, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, sostuvo en La Tercera Domingo que “creo que la agenda de seguridad se puede llevar adelante sin reforma constitucional”.

Así, para este lunes se agendó un encuentro, a las 13.00 horas, con los presidentes de partidos Arturo Squella (republicano), Andrea Balladares (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y un representante de Evópoli, ya que Luciano Cruz-Coke estará fuera del país.

La cita la liderarán los ministros García, Claudio Alvarado y Martín Arrau (Seguridad). En el Ejecutivo no descartan que pueda sumarse el Presidente José Antonio Kast.

“La reunión está convocada desde hace un par de días y su finalidad es revisión de agenda legislativa”, agregó García Ruminot a La Tercera.

Arrau, por su parte, también seguirá recibiendo a parlamentarios esta semana. En paralelo, además, supervisará operativos policiales.

Alvarado contra la idea del autoritarismo

Cruz-Coke ha sido justamente uno de los más duro con el proyecto constitucional de seguridad. El parlamentario, en entrevista con este medio, añadió que “la reforma raya en lo iliberal”.

La idea de una reforma “iliberal” o con tintes autoritarios ha sido uno de los principales argumentos de la oposición para cuestionar la medida del gobierno. Desde la izquierda incluso han salido figuras como el expresidente Gabriel Boric y algunos de sus colaboradores, como Carolina Tohá y Camila Vallejo, quienes han centrado sus dardos en la propuesta de un estado de excepción constitucional de 240 días sin consulta al Congreso.

Por lo mismo, esa discusión también fue parte del despliegue del Ejecutivo de este domingo. El biministro Claudio Alvarado, por ejemplo, planteó que “el Presidente, para hacer uso de esas facultades, tiene que regirse por lo que establezca esa ley orgánica constitucional. Por lo tanto, aquí la posibilidad de hacer lo que se estime conveniente no existe”.

“No nos quedemos con las facultades, sino cómo se aplican”, reforzó. Y añadió que “hablamos de organizaciones criminales que coartan barrios, copan territorios, limitan la libertad de seguridad de las personas, generan temor y se van identificando, se trabajan con inteligencia”.

García Ruminot, en tanto, afirmó que si bien insistirán en que haya un nuevo estado de excepción, precisó que la cantidad de días lo dejarán “a la discusión parlamentaria. Los proyectos nunca salen como entran. Dejar espacio a que eso se defina en la discusión parlamentaria nos parece muy razonable”.

Además, agregó que desde La Moneda se persistirá en la restricción de algunos derechos -habló de educación- en el marco de esta reforma constitucional, pero que “salud es un derecho permanente, no creo que vayamos a innovar ahí“.

Sus dichos son luego de la polémica que se armó entre Arrau y su par de Salud, May Chomali, quien advirtió que esa medida choca con la legislación vigente. En el proyecto final todavía está considerado inhabilidades para prestaciones de salud, pero es uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa.