Luego de que se postergara la votación del último artículo no resuelto del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, el gobierno ya comenzó a diseñar un plan para atenuar el eventual retraso que implica aquella definición pendiente del Senado.

Se trata de un artículo que fue derivado a una comisión mixta -integrada por cinco senadores y cinco diputados- que propuso un mecanismo de compensación para ciertas municipalidades que sufrirían una merma en sus ingresos producto de la rebaja de contribuciones.

A la espera de que la Cámara Alta convoque a una nueva sesión, a inicios de agosto, para zanjar este punto, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia encontró una ventana constitucional que le permitiría adelantar la entrada en vigencia de la iniciativa -incluyendo la rebaja tributaria a empresas-, aun cuando existan impugnaciones de la oposición en el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, para ello debe despejar primero el artículo pendiente de la comisión mixta y resolver un par de observaciones finales (vetos, en la jerga legislativa) que hará el Presidente de la República, José Antonio Kast, asuntos que se votarían en un rápido movimiento en la primera semana de agosto.

Ventana constitucional

El artículo 93° de la Constitución en su inciso sexto permite hacer promulgaciones parciales, al margen de que existan litigios en el TC. Ello también está amparado en el artículo 40° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Solo se debe esperar 10 días desde que se recibieron los requerimientos, como ello ocurrió el 21 de julio, ese plazo se cumpliría el próximo viernes 31. También hay que aguardar que el TC haga el control preventivo de un puñado de medidas, proceso que debiera demandar menos tiempo que un litigio.

Ejemplos, hay en el pasado. La Ley 20.191, sobre responsabilidad penal adolescente, fue promulgada parcialmente el 30 de mayo de 2007, a pesar de que tenía un proceso abierto en el TC, que falló el 13 de junio de ese año.

En el caso de la megarreforma, en vista de gran parte de sus artículos -algunos de los cuales han sido definidos como el “corazón” de la iniciativa-, ya terminaron su trámite, podrían ser promulgados incluso dentro de la primera quincena de agosto si el Congreso acelera sus últimos pasos legislativos.

Entre las normas que no fueron objeto de impugnaciones ante el TC figuran, por ejemplo, los artículos sobre la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y el Biobío; la rebaja del impuesto a las empresas de 27% a 23%; la reintegración tributaria; la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales; la rebaja de contribuciones; la nueva franquicia Sence; y un acotado crédito al empleo. También se puede acelerar otras normas recaudatorias y que generan menos gasto fiscal, que para el gobierno era clave tenerlas en vigencia antes de octubre.

De los 63 artículos de la megarreforma (38 permanentes y 25 transitorios), solo han sido impugnados por la oposición 8 de estas normas (artículos 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 17°, 29°, 38°), relacionados con concesiones de acuicultura, procedimientos de calificación medioambiental (incluyendo el derecho a indemnización para inversionistas) y la invariabilidad tributaria, que sería tal vez único punto del llamado “corazón” que quedaría pendiente.

Nuevo timing

El diseño del gobierno para apurar el tranco, en la medida de lo posible, considera no desgastarse en el punto pendiente sobre platas municipales, que, si es rechazado, por el Senado, al no contar con los 26 votos necesarios, se elimina del texto que en lo medular beneficia a las comunas que cuentan con altos aportes en contribuciones por bienes raíces.

“Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó... Es un artículo que, al final, se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma, y queremos avanzar lo más rápido posible”, dijo ministro de Hacienda el jueves.

Aquella decisión quedó zanjada en la reunión que encabezó el Presidente Kast en La Moneda con ministros y presidentes de partidos el jueves en la noche.

El diputado Agustín Romero (republicano), presidente de la Comisión de Hacienda, incluso, hizo una dura advertencia al alcalde Maipú, Tomás Vodanovic (FA), quien calificó de aberrante el artículo. “Si el proyecto (en aquel artículo) se cae, tendrán que asumir esa responsabilidad frente a los vecinos de sus comunas y frente a todo Chile”, dijo.

Por el contrario, si la norma sobre platas municipales se aprueba se incluye como un artículo nuevo. No obstante, cuál sea el resultado, la megarreforma igual avanzará con o sin esa disposición.

Si esa votación en el Senado se produce el martes 4 de agosto, ya hay un acuerdo con la secretaría de la Cámara de que las notificaciones que den cuenta del “despacho a ley” se hagan ese mismo martes con el fin de que, a más tardar el miércoles, sean ingresados los vetos del Presidente en contra de las normas que pretende eliminar.

Aquellas observaciones supresivas podrían votarse ese mismo miércoles, por la Cámara y el Senado. Con ello, ya quedaría completamente sellada la etapa legislativa del megaproyecto el miércoles 5 de agosto.

Solo dos vetos

La Moneda, además, ya tiene relativamente resuelto cuáles serán los vetos que presentará el Presidente de la República.

Si bien en el trámite legislativo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo cuatro reservas de constitucionalidad en contra de artículos e indicaciones, que fueron aprobados y que no fueron del pleno gusto del Ejecutivo, finalmente la decisión de Palacio se inclinaría por vetar u “observar” (según el concepto usa la Constitución) solo dos de estos puntos.

Uno de ellos, ya fue anunciado por el ministro Quiroz: el artículo que impide el cobro de intereses sobre intereses (el anatocismo). Esta norma fue propuesta por el diputado Héctor Ulloa (indep. PPD).

Adicionalmente, el gobierno vetaría la norma que establece el derecho al olvido financiero por deudas, en la medida que estén saldadas, que surgió de una indicación de la senadora Daniella Cicardini (PS). En esta materia, sin embargo, la determinación no está completamente cerrada.

Dado que se trata de vetos supresivos, el Ejecutivo tiene una ventaja casi incontrarrestable para eliminar ambos puntos. La Carta Fundamental señala que aun cuando estos vetos sean rechazados por no tener una mayoría de senadores y diputados presentes, si es que el Congreso decide hacer prevalecer su texto, debe reunir dos tercios de los votos de ambas cámaras.

Por lo tanto, al Ejecutivo le bastan solamente un tercio de los parlamentarios para imponerse (52 diputados o 17 senadores), cifra que incluso, puede ser menos dependiendo de la cantidad de legisladores que haya en las respectivas sesiones.

Aunque este tipo de vetos suelen violentar a los parlamentarios, La Moneda haría un pequeño gesto a la oposición no objetaría dos normas aprobadas, a pesar de que estaban dentro de las que Quiroz hizo reserva.

Se trata de los ajustes impulsados por los senadores del Frente Amplio, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, para garantizar el pago a 30 días paras las pymes. También pasaría a la ley una indicación de la diputada Sofía González (PC) para la restitución y prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío.