El 30 de junio pasado, el fiscal Marco Muñoz informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que la Fiscalía Regional de Los Lagos había determinado agrupar la denominada trama bielorrusa a la causa por presuntas irregularidades en la tramitación de litigios de la inmobiliaria Fundamenta.

Lo anterior, como detalló el persecutor en un escrito de una página, “atendido a que se investiga a unos mismos imputados” y por “la similitud de conductas y delitos” que se pesquisan.

Pero con el correr de las semanas, la indagación que mantiene como imputados a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a su expareja Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos Herrera, Mario Vargas y Gabriel Silber, ha seguido sumando aristas.

Ya no sólo se busca establecer eventuales anomalías en los litigios que se tramitaron en la Tercera Sala del máximo tribunal relativos al Consorcio Belaz Movitec (CBM) y la inmobiliaria Fundamenta, sino que también se pesquisa el proceder de la sala constitucional -que integró por años Vivanco- en otras causas donde también intervinieron los abogados imputados.

Como da cuenta el expediente de la causa, el 22 de julio, el fiscal Andreas Kusch requirió una serie de antecedentes a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Entre ellos, cómo se integró la Tercera Sala los años 2022, 2023 y 2024, y bajo qué orden se realiza el reemplazo de los ministros titulares. Asimismo, pidió detalles sobre el tiempo promedio de firma de fallos, y también antecedentes específicos sobre la casación ambiental caratulada como “Donoso con Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos”.

Junto con ello, el 23 de julio, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, solicitó a la presidenta de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, informar “de todas las causas en las que intervino la exministra Vivanco en el período comprendido entre los años 2020 a 2024 y respecto de las cuales los abogados patrocinantes y/o que contaban con poder en la misma hayan sido Gonzalo Cisternas Sobarzo, Ximena Risco Fuentes, José Pedro Silva Prado y Marco Antonio Fuentes Rojas”.

En el caso del primer requerimiento de los persecutores, la respuesta se envió el pasado 20 de agosto, y respecto del segundo, la remisión de los antecedentes se autorizó el 11 del mismo mes.

Aunque dichos antecedentes siguen en análisis, en paralelo el Ministerio Público desplegó diferentes diligencias para dilucidar eventuales falencias. Como se desprende de las pesquisas, también se puso foco en la tramitación de reclamaciones realizadas por Kodama Construcciones y por Transportes Hurcam.

Los tentáculos del caso

El 21 de julio los persecutores dictaron la instrucción particular 471 al 0S7 de Carabineros, haciendo presente que no sólo se indagan delitos de cohecho y lavado de activos, sino que también tráfico de influencias y negociación incompatible.

Ahí se requirió, en línea con una petición del CDE, que los efectivos de la policía uniformada ubicaran, citaran y tomaran declaración en calidad de testigos, entre otros, a Silva Prado y Risco, diligencias que se concretaron el 30 de julio y el 4 de agosto, respectivamente.

En el caso del abogado Silva Prado, se le consultó específicamente por sus gestiones, desde 2013, en relación con Kodama, que enfrentaba situación de quiebre por no pago de la construcción de corredores del Transantiago. El abogado detalló que la última gestión fue alegar en la Suprema hace unos meses y que se encuentra a la espera del fallo, y acompañó un pendrive con antecedentes.

Agregó, igualmente, que “en lo que respecta a la participación del Estudio Jurídico Lagos, Vargas y Silber en esta causa puedo señalar que es absolutamente ninguna. No conozco a ninguna de esas personas y jamás he tenido relación de ninguna especie con ellas. Estas personas no han tenido participación alguna en esta causa”.

La declaración de Ximena Risco fue más extensa. Ante los investigadores aseguró que fue contactada por Eduardo Lagos Herrera para ejercer acciones en representación de Hurcam contra Codelco, sincerando que hubo oportunidades en que sí le llamó la atención el proceder de ministros en la corte.

“A principios de octubre del año 2023, me contactó Eduardo Lagos y me preguntó si podía revisar unos antecedentes que podían constituir un amparo económico. Le contesté que sí lo podía ver y que me enviara los antecedentes para evaluarlo (...) Luego de estudiar estos antecedentes me di cuenta que la empresa alegaba que Codelco había sobrestimado los tonelajes de ácido sulfúrico a trasladar”, sostuvo en primer punto la abogada.

Junto con ello, manifestó que “luego de asumir, trabajé en base al borrador que me habían enviado, al que le tuve que realizar varios ajustes, en paralelo recibía de Eduardo Lagos las instrucciones del cliente y además correcciones por correo desde la empresa. Este proceso fue bien intenso ya que constantemente recibía interacciones y comentarios de Hurcam y de Eduardo Lagos. En una oportunidad le advertí a Eduardo Lagos que el texto a lo que estábamos llegando no cumplía los fundamentos de un amparo económico, por su alto contenido narrativo ya que el cliente quería dar cuenta de toda su historia con Codelco y no se imitaba al problema en concreto”.

“Ese recurso de amparo económico fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago y también por la Corte Suprema, sin pronunciamiento sobre el fondo. Debido a esto, avancé en un segundo recurso de amparo económico y lo construí sobre los requisitos del recurso, identifiqué un hecho que nos daba plazo hasta el 16 o 18 de noviembre del 2023 para presentar este recurso. Luego de finalizarlo, presenté este nuevo recurso de amparo económico ente la Corte de Apelaciones de Santiago, se declaró inadmisible y apelé ante la Corte Suprema, queda en tabla en la Tercera Sala, para el día 5 de diciembre del año 2023″, continuó, junto con señalar que finalmente obtuvieron resultados positivos, pero que el cliente les pidió ir más allá.

“Siguiendo con lo que el cliente quería, realicé una apelación ante la Corte Suprema y a su vez también presenté su apelación, en el escrito de apelación de Codelco, se señaló que había consignado (depósito) en la Corte de Apelaciones de Santiago la suma de $477.000.000 y fracción que identificó como costo de salida previsto en el contrato entre Codelco y Hurcam. Para que los antecedentes subieran a la Corte Suprema, era necesario que la Corte de Apelaciones certificara esta consignación, lo cual tardó cerca de 15 días. Cuando estuvo listo, el recurso de apelación ingresó a la Corte Suprema, el 19 de febrero del 2024 y quedó en tabla para el 26 de febrero del 2024. En esa fecha yo me encontraba fuera de Santiago de vacaciones con mi familia, en un lugar con muy mala conectividad. Informé a Eduardo Lagos de mi imposibilidad para alegar de forma telemática por la mala señal y desplazarme a Santiago por motivos familiares y me señaló que no me preocupara porque se iba a suspender”, eso, como mencionó no ocurrió y derivó en cuestiones que calificó como irregulares.

Risco indicó, en ese sentido, que “el día 22 de febrero, subí un escrito solicitando la suspensión, el que no fue resuelto y recién el día domingo 25 de febrero a las 05:47 PM, recibí un correo de parte de la relatora de la Tercera Sala del día 26 de febrero, señora Escarate, con una mención muy ambigua respecto de la suspensión. Me mantuve en contacto con la relatora a través de mensajería WhatsApp y le pedí a un abogado de la oficina de Eduardo Lagos que subiera un nuevo escrito, haciendo presente los motivos graves que me impedían alegar, finalmente la sala no accedió a mi solicitud y me vi forzada a intentar un alegato con pésimas conexiones de señal, razón por la cual desde la sala me indicaron que apagara la cámara para mejorar la conexión e incluso me ofrecieron alegar vía telefónica, lo que me pareció totalmente inusual e inédito. De esto, la sala emitió un certificado, en el que se detallaron los inconvenientes”.

“Lagos siempre tuvo conocimiento de las dificultades para yo estar en los alegatos y que la causa se vería el día 26 de febrero y al concluir la audiencia, le sugerí que presentáramos una nulidad de la vista ya que consideré que se habían incurrido en vicios en esa vista ya que yo sentí que, para la sala mis alegatos no eran importantes, a lo que Lagos me señaló que no se realizara ya que el cliente quería esperar el fallo. Quiero señalar que, percibí que la sala estaba muy interesada en que el recurso se viera ese día, a pesar de esa premura, el fallo salió el 25 de abril, casi a dos meses de la audiencia luego que yo presentara un escrito solicitando la resolución”.

Tras ello, como complementó, comenzó su retirada del caso. “Cuando salió el fallo que era negativo para los intereses de Hurcam, para mí no fue sorpresa ya que como dije anteriormente, percibí que mis alegatos no fueron escuchados, frente a eso, a los pocos días, Eduardo Lagos me hace llegar una solicitud de nulidad para que la presentara en la causa, no se quien la redactó, pero destacaba varias inconsistencias del fallo. Yo sabía que esa petición no tenía ninguna viabilidad, pero la suscribí y le indiqué a Eduardo Lagos que era la última gestión de ese tipo que realizaría para Hurcam, este escrito lo presente ante la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, la cual fue rechazada, no se quien integró la sala en esa instancia”, dijo.

Consultada respecto de si sabía o no cuál era el acuerdo entre Hurcam y el estudio de Lagos, Risco aseguró desconocerlo totalmente. Frente a la consulta de los investigadores respecto de si Silber o Vargas tuvieron participación, la abogado lo descartó, sosteniendo que sólo en una oportunidad Silber le “dio una sugerencia en uno de los escritos, pero fue algo muy superficial”.