Para el 22 de septiembre, a partir de las 9.00 horas, quedó fijada la audiencia en que el Ministerio Público, representado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, formalizará cargos en contra del exdiputado Gabriel Silber, en la denominada trama bielorrusa.

De acuerdo con la solicitud ingresada por la persecutora ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien conduce la indagatoria junto al fiscal Marco Muñoz, al exparlamentario se le formularán cargos por los eventuales delitos de soborno y lavado de activos.

“Solicito se sirva disponer la realización de una audiencia en fecha próxima (...) a objeto de formalizar la presente investigación en contra de don Gabriel Moisés Silber Romo, por la participación y responsabilidad que le cabe en calidad de autor de los delitos reiterados y consumados de soborno y el delito de lavado de activos, cometidos en un periodo entre julio de 2023 y junio de 2024, en la comuna de Santiago", se lee en el escrito de dos páginas ingresado por Wittwer.

En la instancia, también producto del requerimiento de la fiscal, se reformalizará a los otros imputados del caso: Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, Mario Vargas, Eduardo Lagos Herrera, Yamil Najle, Sergio Yáber y Harold Pizarro.

A raíz de la petición de Wittwer, como estableció la jueza Pilar Ahumada, la audiencia fijada para el próximo 13 de agosto sólo quedó habilitada para la revisión de las cautelares de Lagos y Migueles, y para una nueva declaración judicial de Lagos.

Ese día, no se discutirá sobre la ampliación del plazo de la investigación como estaba estipulado previamente. Ese punto también se analizará la jornada del 22 de septiembre.

Consultado sobre la audiencia de formalización programada, Silber comentó a La Tercera que mantendrá “de manera inalterable la colaboración que desde el día uno he llevado adelante con el Ministerio Público para el total esclarecimiento de los hechos”.

Lo mismo reforzó su defensora, Susana Borzutzky: “Nuestra postura es clara. Seguiremos colaborando con la investigación y aportando antecedentes relevantes para que se esclarezca íntegramente cada uno de los vértices de esta causa y se determinen las responsabilidades que correspondan”.

La decisión del Ministerio Público, sin embargo, tensionó a la defensa de Silber. Esto, porque desde un inicio el exdiputado había logrado firmar con la Fiscalía un convenio de colaboración eficaz. Esto consiste en un acuerdo con el ente persecutor para entregar información clave a cambio de beneficios judiciales, como rebajas de pena o solicitud de medidas cautelares de menor intensidad.

Tras la solicitud al tribunal, en los intervinientes del caso se instaló la duda sobre si la decisión del Ministerio Público implica que se haya caído dicho convenio. Conocedores de ese tipo de acuerdos sostienen que los fiscales los mantienen siempre y cuando el imputado -reconocido como cooperador eficaz- entrega información verdadera y en caso de que se detecten inconsistencias o irregularidades, la Fiscalía deja atrás lo acordado y avanza en la persecución del caso.

De hecho la posición de Silber se ha ido complicando en el último tiempo. Por ejemplo en la declaración del gerente de la Inmobiliaria Fundamenta Pablo Medina -arista donde se indagan gestiones en la Suprema por parte del mismo estudio de abogados para destrabar un pleito judicial- se apunta justamente contra Silber.

En esa declaración se señaló ante la Fiscalía que Silber fue el primer nexo entre la firma y el estudio de abogados que lideraba Lagos. “Se acordó con Silber, en julio de 2022, que se le pagaría contra resultado y que se necesitaba celeridad porque en abril el proyecto necesitaba reiniciarse”, testificó.