La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este miércoles una auditoría a la Municipalidad de Curacautín, en la Región de La Araucanía, que detectó contrataciones irregulares con proveedores vinculados a familiares de funcionarios municipales, además de incompatibilidades en las actividades realizadas por trabajadores contratados a honorarios.

Esto, vulnera directamente el régimen de probidad administrativa, es decir, que va en contra del conjunto de normas y principios que exige a los funcionarios públicos una conducta intachable, priorizando al interés general por sobre el particular.

Los antecedentes expuestos quedaron plasmados en el Informe Final de Investigación Especial N° 201, de la Contraloría Regional de La Araucanía, que señala que al menos 14 proveedores con vínculos de parentesco o afinidad con funcionarios municipales suscribieron contratos con el municipio durante 2024 y 2025.

De acuerdo al comunicado, estas contrataciones se materializaron mediante 78 órdenes de compra por un total de $758.742.525, situación que contraviene la normativa que impide que organismos públicos contraten a parientes de hasta segundo grado.

La investigación además estableció que un prestador de servicios a honorarios de la municipalidad también realizó un contrato con esta a través de una empresa de su propiedad.

Ante ello, el municipio de Curacautín informó que puso en marcha un procedimiento disciplinario para determinar si se vulneró el régimen de probidad administrativa, mientras el organismo fiscalizador ordenó implementar mecanismos que prevengan la suscripción de contratos con proveedores inhabilitados, junto con disponer el envío de estos antecedentes al Ministerio Público.

Expedientes particulares gestionados por funcionarios

En otra de las observaciones, la CGR verificó que entre 2024 y 2025 al menos tres servidores a honorarios ingresaron expedientes de edificación ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) como arquitectos patrocinantes, mientras mantenían una relación contractual con el municipio.

Además, se constató que dos servidores a honorarios participaron en proyectos de especialidades asociados a permisos de edificación que debían ser revisados por la misma entidad.

De la misma forma, el reporte hizo notar que profesionales contratados a honorarios en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) gestionaron expedientes particulares ante la DOM, e identificó el caso de un funcionario de planta de la Municipalidad de Lautaro que efectuó trámites relacionados con permisos de edificación en Curacautín durante su jornada laboral.

Por este último hecho, la Contraloría ordenó al municipio de Lautaro el instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, en especial si existió una vulneración al mencionado principio de probidad administrativa.

La Contraloría ordenó a la Municipalidad de Curacautín implementar procedimientos de control para prevenir nuevas infracciones, fortalecer los mecanismos de supervisión, regular potenciales incompatibilidades y capacitar a su personal sobre los principios que guían a los funcionarios públicos y el cumplimiento de la jornada laboral.