Lo que pasa dentro de los partidos y cómo se organizan es de esas áreas que suelen parecer menos atractivas para su estudio, pero que tienen las consecuencias más grandes. Estamos ad-portas de la aprobación de un proyecto de ley que promete hacerse cargo de gran parte de los problemas que se han identificado sobre nuestro sistema político, pero no lo hace desde la reforma al sistema electoral, sino que modificando el funcionamiento interno de los partidos.

Uno de los puntos más difíciles de defender desde la ciencia política es la necesidad de contar con partidos fuertes y representativos. La exagerada personalización de la política chilena ha ido a la par (y a veces alimentado) la baja confianza que la ciudadanía tiene en nuestros partidos. Al final del día, se vuelve más o menos irrelevante si un candidato va por uno u otro partido, si es que ese conglomerado no tiene herramientas para coordinar la acción de sus representantes en el Congreso. La disciplina legislativa ha sido un elemento esencial de la gobernabilidad de las democracias más antiguas, pero es una lección que nos ha costado aprender. La razón es simple: tenemos un sistema electoral donde los votos se dan a personas, no a proyectos. Por lo mismo, se vuelve difícil justificar que los partidos tengan autoridad sobre autoridades que construyen su base de forma individual.

La reforma no se hace cargo del problema principal, ya que no toca el sistema electoral o cómo vota la ciudadanía. Pero sí toma la segunda mejor opción, que es cambiar la manera en la que se organizan el trabajo legislativo en el Congreso. Mientras se mantiene un nivel importante de autonomía de cada legislador, la reforma les otorga poderes inéditos a los comités, que hasta hoy pertenecían al dominio de los acuerdos internos de las Cámaras. Con ello, los partidos recuperan un poco el control de sus propios parlamentarios a través de la coordinación de pareos, sanciones por no cumplir acuerdos, entre otros. Puede sonar contraintuitivo en un país donde los partidos no tienen buena fama, pero el cambio va en la dirección correcta para poder volver a darle sentido al trabajo colectivo en política.

El otro punto más polémico es la modificación a los requisitos para constituir y mantener un partido. La reforma exige mayor número de regiones y, de implementarse sin el plazo propuesto de 18 meses, podría terminar con, al menos, ocho partidos fuera del sistema (incluidos algunos de los “grandes”, como la UDI o el PC). Otras restricciones son no poder presentar candidaturas en aquellas regiones en que no se está constituido, además de un límite al número de independientes que pueden ir dentro de una lista de partidos. Una lectura desconfiada podría pensar que esto se trata de un amarre de los partidos grandes para impedir la competencia. Una visión más optimista podría decir que esto es un aprendizaje de lo difícil que es gobernar en un mundo de independientes y partidos de nicho. La reforma debiera fomentar el trabajo colectivo, tanto en la formación como en la operación de partidos.

Esta reforma no va a dejar contentos a todos los actores políticos, pero al menos los va a obligar a mejorar su coordinación interna y su base popular. No se hace cargo de otros temas urgentes, como es la discusión sobre la ley de cuotas o la personalización de la política. Sin embargo, es difícil no estar de acuerdo con la necesidad de la nueva ley, por insuficientes que parezcan sus objetivos.

Por Javier Sajuria, profesor de Ciencia Política en Queen Mary University of London y director de Espacio Público.