El número de Licencias Médicas Electrónicas (LME) de origen común que se emiten en el país ha venido disminuyendo de manera relevante en el último año y medio.

Esto se intensificó desde que el 20 de mayo del año pasado la Contraloría General de la República revelara que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile durante sus licencias médicas; pero ya de antes venía una serie de medidas que estaban tomando la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al igual que la Fiscalía y las mismas isapres, con acciones judiciales contra médicos acusados de emitir permisos fraudulentos, y una mayor fiscalización a los altos emisores, entre otros.

Eso implicó que ya durante 2025 se emitieran 7 millones de LME, lo que significó una baja de 12,9% versus el año anterior, o 1,1 millón de licencias menos en doce meses. A partir de ello, la Suseso estimó que el año pasado hubo un menor gasto asociado al Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) por $586.938 millones (unos US$635 millones), equivalente al 18,4% del gasto que se hizo por este motivo en 2024.

“Esta cifra es una estimación y no representa un ahorro contable efectivo, ya que no considera otros factores que inciden en el gasto, como el costo de las licencias autorizadas y los días sujetos a carencia”, puntualiza la Suseso sobre la estimación.

Y ahora hizo una nueva proyección al respecto, esta vez sobre el menor gasto que se ha hecho durante lo que va de 2026 en SIL, gracias a que ha continuado la caída en la emisión de licencias médicas, pues entre enero y julio se han emitido un total de 3,7 millones de estas, lo que implica una reducción de 16% contra igual periodo de 2025, o 722 mil licencias menos.

La Suseso sostiene que “esta disminución se asocia a un menor gasto de $491.329 millones (unos US$532 millones menos en comparación a igual periodo del año anterior). Al igual que para 2025, este monto debe interpretarse como una estimación vinculada exclusivamente a la baja en la emisión y no como un ahorro efectivo o contable”, sobre la base de la información disponible a la fecha en el panel de monitoreo de LME.

Así entonces, si se considera el menor gasto observado en 2025 respecto de lo registrado en 2024, además de lo que ha ocurrido hasta julio de este año, se tiene que en un año y medio el menor gasto estimado en licencias médicas supera los US$1.100 millones.

Nueva herramienta para fiscalizar

La Suseso también cuenta que recientemente incorporó a sus procesos de fiscalización una herramienta basada en ciencia de datos llamada VigIA, que permite identificar patrones de emisión atípicos de licencias médicas y detectar señales de riesgo para orientar y focalizar las investigaciones de oficio a profesionales emisores.

Detalla que desde 2023 estaba en los planes el desarrollo de esta herramienta, y luego de un trabajo de algunos años, el sistema ya forma parte de una estrategia de fiscalización basada en datos, que permite analizar no solo las características de una licencia médica o del profesional que la emite, sino también el contexto en que esta se genera, identificando relaciones, comportamientos y patrones entre distintos actores e información disponible en los sistemas.

“VigIA nos permitirá hacer un mejor uso de los recursos destinados a la fiscalización, poniendo el foco en aquellos comportamientos que presentan mayores señales de riesgo y, cuando del análisis de estos antecedentes surjan elementos que pudieran ser constitutivos de delitos, la Suseso los pondrá a disposición del Ministerio Público para que esa institución determine la pertinencia de iniciar las investigaciones penales que correspondan”, explica la superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto.

La herramienta ya se encuentra integrada a los procesos de fiscalización de la Suseso. Es más, señalan que durante 2026, de las 416 investigaciones iniciadas, 211 han sido a partir de VigIA. De ellas, 62 han concluido con sanciones, que en conjunto representan multas por aproximadamente $257 millones.

La Suseso indica que estas investigaciones también han derivado en la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas de profesionales emisores, por períodos que van entre dos y seis meses, de acuerdo con las infracciones acreditadas en cada caso.

“La información generada a partir de VigIA nos permitió entregar en julio al Ministerio Público antecedentes sobre 27 prestadores de salud, que involucra a 122 profesionales emisores, que presentaban comportamientos atípicos en la emisión de licencias médicas, para que dicha entidad evalúe si es pertinente iniciar investigaciones desde el punto de vista penal”, comenta Soto.

El desarrollo de VigIA se inició a fines de 2023, cuando firmaron un convenio con la secretaría de modernización del Ministerio de Hacienda. Luego, en 2024, se desarrolló la prefactibilidad del proyecto. A continuación, en 2025, el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile desarrolló el modelo. Y en 2026 la Suseso concretó su transferencia y puesta en marcha, incorporándolo a sus procesos de fiscalización.