El gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, realizó una declaración la mañana de este miércoles, a propósito del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que, por tres votos contra dos, desechó los requerimientos consejeros del Partido Republicano y la Unión Demócrata Independiente (UDI) que buscaban destituirlo.

Lo acompañaron colaboradores, consejeros de oposición y alcaldes como el independiente Matías Toledo, jefe comunal de Puente Alto.

La decisión del Tricel se suma a una serie de triunfos de Orrego en sede judicial ante investigaciones relacionadas a temas incorporados en los requerimientos que buscaban apartarlo del cargo.

Sus abogados, Ciro Colombara y Aldo Díaz, señalaron que en el caso de la autoridad regional “se instrumentalizó la justicia”.

Máximo Pavez, actual subsecretario del Interior, fue uno de los abogados que lideró la ofensiva en contra de la autoridad regional y exmilitante de la Democracia Cristiana (DC).

Qué dijo Orrego

Orrego habló con la prensa en el Palacio Gobierno de Santiago, en la calle Morandé e inició sus palabras agradeciendo a su entorno y las personas que lo apoyaron frente a las acusaciones.

En los agradecimientos mencionó a “alcaldes de distintos colores políticos”, además de representantes del Gobierno Regional (GORE) de oposición y “también de Renovación Nacional”.

“Con el fallo de ayer se cierra definitivamente un ciclo que partió hace más de un año y medio con acusaciones absolutamente falsas e intencionadas políticamente de parte de un grupo de consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI”, manifestó el gobernador.

En esa línea, el exalcalde recalcó que “en política no todo vale”.

“También con lo de ayer se suman ya 10 instituciones del Estado, autónomas e independientes, que de manera categórica han señalado lo que nosotros venimos diciendo desde el día 1, que es que siempre hemos cumplido nuestras obligaciones con estricto apego al Estado de Derecho, a la probidad y por supuesto a lo que establece la Constitución y las leyes”, afirmó.

Orrego aseguró, además, que no deseaba para sus adversarios vivan lo que él ha debido enfrentar durante año y medio de indagatorias y llamó a terminar con “esto de judicializar la política”.

“Les quiero decir fuerte y claro que si quieren gobernar la Región Metropolitana van a tener que ganar elecciones en la urna y no llegar por secretariado. Intentaron sacarme de la política y dañarme a mí como persona, pero lograron algo mucho más grave que fue dañar la reputación de una institución noble como el Gobierno Regional compuesta por funcionarios de carrera que hacen un tremendo trabajo. Y lo más grave, lograron dañar la confianza que es la base de la democracia”, advirtió.

Core Ignacio Dülger: “No es una absolución limpia”

Ante la decisión del Tricel contra el requerimiento que presentaron, el consejero regional republicano Ignacio Dülger emitió una declaración afirmando que este pronunciamiento en favor de Orrego “no es una absolución limpia”, ya que hubo un fallo dividido en el que dos de los integrantes del organismo estuvieron por acoger.

“Más allá del pronunciamiento del Tricel, las irregularidades cuestionadas por la Contraloría siguen existiendo, los informes siguen firmes y lo único discutido es el umbral jurídico para dar curso o lugar a la cesación en el cargo, pero sin negar la existencia de todos los cuestionamientos invocados”, aseguró.

Dülger hizo referencia al informe de la Contraloría General de la República que dio cuenta de un aparente uso irregular de dineros del GORE en la campaña por la reelección de Orrego, por la contratación por $31 millones de una asesoría de coaching directivo que, según reportó el organismo fiscalizador, aludía “explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral“.

El Servicio Electoral (Servel) decidió archivar la investigación que desarrollaba sobre esa situación estimando que los desembolsos examinados no constituyen gasto electoral, y la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, en marzo de este año, cerró la investigación penal que estaba desarrollando por estas asesorías y comunicó su decisión de no perseverar en la causa.

El consejero republicano además planteó que “lamentablemente, este fallo no toca el fondo del caso ProCultura”.

“Los responsables hoy siguen impunes ante la justicia, pero lo más grave es que incluso, más allá de cualquier estándar legal, siguen sin asumir su responsabilidad política quienes permitieron durante su gestión todos estos abusos, entre ellos, el propio gobernador Orrego, quien acaba de salvarse –esta vez– tan solo por un voto”, expuso.

El gobernador Orrego fue sobreseído definitivamente por ProCultura y en agosto, la Corte Suprema se pronunció en favor del Gobierno de Santiago en la disputa que, en el marco del caso, mantiene con la empresa Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) por el cobro de cinco pólizas de garantía asociadas al convenio suscrito con la fundación que lideraba Alberto Larraín.

Las pólizas, por un total superior a 31 mil UF, equivalentes a más de $1.000 millones, fueron exigidas por el GORE tras el término anticipado del proyecto de prevención del suicidio Quédate.

En la ocasión, la Tercera Sala del máximo tribunal del país confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que en diciembre del año pasado ratificó lo dictaminado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al sancionar a la aseguradora por incumplir las obligaciones asociadas a las pólizas.