El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, tiene hasta este lunes para presentar la acusación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien lleva más de dos años siendo investigado por los delitos de violación y abuso sexual.

Era el hito procesal que los intervinientes estaban aguardando: una vez que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolviera formalmente cerrar la investigación y no acoger la cautela de garantía que pedía la defensa de Monsalve, eran 10 días lo que tenía el Ministerio Público para presentar la acusación.

La acusación no será un texto nuevo. El escrito ya había sido presentado en diciembre de 2025 cuando se había agotado el plazo de investigación. Sin embargo, en enero de este año la defensa -representada por el defensor penal público Víctor Providel- alegó que aún quedaban diligencias pendientes que eran vitales para plantear una hipótesis alternativa y demostrar la inocencia de la exautoridad de gobierno. Acogiendo esa postura, en enero el tribunal resolvió reabrir la causa y dar otros 120 días para nuevos trabajos.

La pista más evidente de por dónde viene la mano del Ministerio Público la dio el propio Jacir hace unos días cuando señaló que la acusación iría en los mismos términos. Vale decir, los mismos años de pena solicitados para el imputado, los mismos delitos, las mismas pruebas y testigos.

Eso significa que la Fiscalía insistirá en pedir 14 años de cárcel para Monsalve y reiteraría los mismos 89 testigos, 106 pruebas documentales, 21 peritos, entre otros medios de prueba. Una de las diferencias, eso sí, es que ahora el fiscal regional es Jacir y no Xavier Armendáriz, quien concluyó su periodo.

Los pasos siguientes

La acusación, al igual que la vez pasada, consideraría dos hechos. El primero, aquel originado luego de que Monsalve y la denunciante acudieran a cenar al restaurante Ají Seco Místico. Allí, luego de comer comida peruana y beber pisco sour, la pareja terminó en el Hotel Panamericano, donde se habría producido la supuesta violación.

Para la Fiscalía, la mujer, una funcionaria de la Subsecretaría del Interior, se encontraba “gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol” y fue “conducida por el acusado al interior de la habitación” del hotel. Para estos hechos, tanto Monsalve como la víctima señalaron no recordar lo ocurrido.

El segundo hecho se produjo horas después en la misma habitación. Según consignó el Ministerio Público la primera vez que presentó la acusación, Monsalve se habría aprovechado del “estado de estupefacción y conmoción en que se encontraba la víctima producto de la fuerte impresión que le causó despertar en esas circunstancias” para realizar un acto de “significación y relevancia sexual”. Este último hecho ha sido controvertido por la defensa, señalando justamente lo opuesto, que habría sido ella quien inició dicha actividad.

Por el primer hecho, tal como lo hicieron los persecutores anteriormente, la Fiscalía pediría 10 años y un día de presidio, mientras que por el segundo serían cuatro años y un día. Junto a esto, los persecutores piden la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos y que sea Monsalve quien pague las costas del juicio.

Los testigos

Uno de los medios de prueba más abundantes que presentaría la Fiscalía durante el juicio son los testigos. La primera testigo será justamente la denunciante, quien deberá exponer “sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a los delitos investigados”.

En ese sentido, se le interrogaría acerca de “todo lo que vivió, vio, escuchó, realizó y tomó conocimiento respecto de los hechos”. Es justamente ese testimonio el que, asimismo, es fundamental para demostrar la supuesta inocencia de Monsalve, dicen desde ese entorno. Esto debido a que, comentan las mismas fuentes, ha caído en “contradicciones” y ha sido “modificado” en función del avance del proceso.

En ese mismo listado de 89 personas, al menos en el texto pasado, figuran exautoridades y exfuncionarios de gobierno que trabajaron con Monsalve y que se enteraron del caso previo a la denuncia formal. Entre ellos se encuentran el expresidente Gabriel Boric, la exministra del Interior, Carolina Tohá, la exministra Segpres Ana Lya Uriarte, y el exministro de Seguridad, Luis Cordero.

A ellos le siguen el exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente; su exjefa de comunicaciones, Ana María Araneda, el exjefe directo de la denunciante, Gustavo Herrera; la exjefa jurídica de Interior, Luppy Aguirre, los periodistas Ilse Sepúlveda y Diego Bustamante, los funcionarios Nicole Otazo, Camilo Araneda, Ricardo Lillo y Catalina Arrey.

También deberán declarar el padre, la madre y los dos hermanos de la víctima, y funcionarios policiales, como el general de Carabineros Enrique Monrás, la exjefa de Inteligencia de la PDI Cristina Vilches, el subprefecto de la PDI Hassel Barrientos, y otros detectives de la policía civil.

En definitiva, se trata de los mismos 89 testigos que ya había presentado la Fiscalía, según se lee en el escrito de diciembre de 2025.

Otros medios de prueba

En cuanto a la prueba documental, la Fiscalía -tal como ya lo hizo meses atrás- presentará el listado de pagos en efectivo del restaurante Ají Seco Místico con fecha 22 de septiembre de 2024. Fue con ese medio de pago que Monsalve pagó una cuenta de más de $ 110 mil, lo que incluyó ocho pisco sour.

En esos medios de prueba también se presentarían imágenes con lesiones de la víctima que la abogada querellante María Elena Santibáñez envió al fiscal Jacir el 28 de octubre de 2024.

Por otro lado, hay decenas de peritos que pasarán al tribunal, entre los que hay un bioquímico, dos químico farmacéuticos y un médico legista, todos del SML. Entre estos expertos hay varios de la PDI, en caso de que la Fiscalía confirme lo ya señalado en el escrito anterior.

La siguiente etapa del caso es fijar la audiencia de preparación de juicio oral (APJO), que es el momento donde los intervinientes presentan ante el Juzgado de Garantía las pruebas que serán desplegadas en el juicio. De acuerdo al artículo 260 del Código Procesal Penal, dicha audiencia debería ocurrir entre 25 a 35 días después de que todas las partes sean notificadas de la acusación.